Parlamento tiene 600 pases en comisión sin control de asistencia

Ese conjunto de funcionarios públicos está conformado por unos 450 en la Cámara de Representantes y otros 150 aproximadamente en el Senado, según surge de la información oficial brindada por el propio Poder Legislativo.

Del repaso del registro queda a la vista que hay legisladores que tienen en comisión a sus propias esposas, a sus hermanos, a sus hijos, a esposas de dirigentes del mismo sector, o incluso a dirigentes sindicales de primer nivel, aunque hay muchos otros que concurren asiduamente a cumplir con su labor.

Ninguno de ellos registra su asistencia porque, de hecho, no son funcionarios del Poder Legislativo, y apenas son controlados por los legisladores sin mayores rigurosidades.

El País informó el viernes último que el gobierno ordenó un pedido de información a todos los organismos del Estado para conocer cuáles son los funcionarios que están exonerados de marcar tarjeta en sus lugares de trabajo, por qué motivos, y cómo se controla la asistencia de todo el personal.

El detonante de esta contraofensiva del gobierno fue la divulgación del caso de Juan Carlos Pranzo, quien desde hacía 11 años no concurría a trabajar pero cobraba su sueldo.

Ayer, el ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, prefirió no hacer declaraciones sobre el caso Pranzo, tras su regreso desde Brasil. Así lo transmitieron fuentes allegadas al secretario de Estado que fueron consultadas por El País en procura de comentarios del ministro sobre el controvertido caso.

LA ULTIMA PURGA. En setiembre de 2001, durante la presidencia del herrerista Gustavo Penadés, estalló una polémica por los pases en comisión al Parlamento, al cabo de la cual se consiguió regularizar el sistema previsto por la ley.

De su resultado, se evidenció el mal uso que se le daba: entre el 1º de agosto y el 11 de setiembre de ese año, los diputados «devolvieron» a sus organismos de origen nada menos que a 188 personas.

Actualmente, según los registros oficiales, todos tienen cinco o menos en cada despacho, tal como lo establece la ley. Ese escándalo, además de desnudar el manejo excesivo de ese mecanismo en el Parlamento, dejó en claro que el Estado no dispone de instrumentos de control directo sobre esa situación.

La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) es el único organismo estatal que cumple la tarea de elaborar un «registro» de funcionarios públicos en régimen de comisión.

Y en abril de 2000 había enviado a todos los organismos, comunicados en los cuales les solicitó que actualizaran esa información. Actualmente, luego de haberse originado la controversia sobre los pases en comisión, esa repartición analiza su información «caso a caso» para luego divulgarla.

Sin embargo, la ONSC no tiene facultades para averiguar de forma directa la situación de los pases en comisión en cada organismo, y se limita a recibir los datos que le brindan y con ellos intenta elaborar el registro, explicaron a El País fuentes del organismo.