Pese a caída de los aranceles en el Mercosur, el alto costo de las tasas y otros costos permiten que

¿Tiene sentido el contrabando en una región conformada por países que no tienen barreras al comercio para que los bienes se vendan tanto en un país como en otro? Pese a que los impuestos aduaneros (aranceles) se desmantelaron casi por completo en el Mercosur a mediados de la década pasada, la importación sigue gravada por fuertes cargas que alientan la evasión y el contrabando desde fuera de la región, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.

En el tratado que dio origen al Mercosur se preveía la eliminación de todos los ‘gravámenes’ aduaneros u otros recargos, así como las ‘restricciones’ al comercio, entendiendo portales ‘cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza’. De la liberaliza! ción se exceptuaban las ‘tasas y recargos análogos cuando respondan al costo aproximado de los servicios prestados’ al importador.

Por esos acuerdos del Mercosur, Uruguay redujo los aranceles que cobra a los productos argentinos, brasileños o paraguayos que ingresan a su mercado, y a fin de 1994 se alcanzó la liberación plena (salvo el azúcar). A las mercaderías que provienen de fuera del Mercosur, desde 1995 se les cobra el mismo arancel que aplican los socios del bloque (actualmente entre 1,5% y 21,5%, según el producto), pero esa coordinación no rige para un grupo reducido de productos y cada país puede disponer los impuestos aduaneros que quiera para ellos.

Pero doce años después de su creación se mantienen en pie diversas cargas a la importación, las que según estimaciones de despachantes de aduana, significan una porción grande del valor de las mercaderías.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Horacio Castells, dijo que el ingreso ilegal de mercadería obedece sobre todo a la elevada presión tribut aria y que mediante esas prácticas se busca evadir impuestos internos y otros costos.

Incautaciones

El combate al contrabando fue uno de las ideas fuerza del presidente Jorge Batlle, quien dijo que a Uruguay ingresan productos ilegalmente por unos 2.000 millones de dólares anuales. Ese monto equivale al doble del valor de las mercaderías que entraron al país cumpliendo con todos los requisitos tributarios y administrativos durante la primera mitad de este año, aunque esas importaciones fueron hechas con un dólar más caro por la devaluación del peso del año pasado.

Para exponer ante la población los resultados de esa lucha, el Poder Ejecutivo divulga en su página en Internet las incautaciones que realiza la Policía y la Dirección de Aduanas (DNA), así como las detenciones y procesamientos de contrabandistas. Esos datos muestran que los montos por incautación de mercaderías son muy inferiores a los que el propio presidente estimó que mueve el contrabando anual! mente.

Desde principios de año y hasta el 27 de agosto (último dato) la DNA realizó incautaciones por un valor de $ 40.382.747; algo menos de un millón y medio de dólares.

En el mes de agosto, la mercadería que pretendía ser ingresada ilegalmente al país y que fue interceptada por Aduanas fue valuada en $ 530.454 (unos U$S 19 mil). La incautación de mayor cuantía en el mes se realizó en Rocha; fueron artículos varios por $ 195.000 (casi U$S 7 mil). Del monto de las incautaciones efectuadas en agosto, 21 % correspondió a textiles, 18% a comestibles, 5% a bebidas alcohólicas, 1 % a cigarrillos. El 25% eran productos varios, según los registros oficiales.

A su vez, en lo que va del año (hasta el 27 de agosto) la Policía hizo incautaciones por algo más de U$S 300 mil y fue en rubros similares a los decomisados por la DNA. También incautó artículos de limpieza y para uso del hogar, calzados, alimento para ganado y antiparasitarios, equipos de informática, discos compact! os, software y películas, entre otras mercaderías.

Esos datos no in cluyen el resultado de un procedimiento efectuado el 4 de agosto en Aceguá y que derivó en la denuncia judicial de una presunta infracción aduanera cometida por una empresa que importaba films de polietileno para fabricar bolsas y que luego vendía a cadenas de supermercados. El valoren aduana de esa mercadería era de U$S 1.720.890.

Este año hubo más de 500 personas detenidas y unos 50 procesados por importación ilegal.

Aduanas

La lucha contra el contrabando no fue fácil, y así lo demuestra el hecho de que el cargo de director nacional de Aduanas fue ocupado por cinco personas desde el inicio de esta administración, en marzo de 2000. El actual director, Héctor Nilo Pérez, asumió el 22 de mayo pasado en lugar de Víctor Lissidini, quien renunció en medio de cuestionamientos. En agosto, Lissidini fue procesado con prisión como coautor de un delito continuado de usurpación de funciones junto a varios colaboradores.

Anteriormente habían ocupado el puesto Jorge Sienra, Pablo Illarieti y Luis Salvo.

El nuevo director de Aduanas se excusó de realizar declaraciones a Búsqueda.

Esos cambios en la cúpula de Aduanas se dieron en forma paralela a un proceso de reestructura organizativa en esa repartición, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Un decreto de julio de 2002 puso en funcionamiento una ‘junta de aranceles’ para resolver consultas sobre la clasificación de productos de acuerdo al nomenclátor aduanero, creó una auditoría interna y organizó 17 administraciones o receptorías aduaneras, las que tienen bajo su control los movimientos en los depósitos donde se almacena mercadería que comercializan los free shops de Rivera y Chuy, y de los otros free shops habilitados. La DNA tiene 1.350 funcionarios.
Para el titular de la Cámara de Comercio, ‘no hay duda’ que la importación ilegal es efectuada sobre todo por ‘organizaciones que venden a través del sector informal en ferias, grandes abastecedores que se aprovecha! n de la venta callejera’. Dijo que detrás del contrabando hay ‘un prob lema social’, y que ese delito se combate ‘con represión’, pero opinó que ‘los uruguayos no quieren que se reprima’.

El fenómeno

Según fuentes empresariales y del gobierno consultadas por Búsqueda, las modalidades más frecuentes de ingreso ilegal de mercadería son el pasaje de los productos eludiendo los controles aduaneros y la alteración de documentación de los contenedores.

El movimiento de cargas en la terminal portuaria de Montevideo, en especial contenedores, aumentó a un ritmo superior al 10% anual desde 1993, luego que entró en vigencia la ley que desmonopolizó los servicios y le dio el carácter de ‘puerto libre’. En 2002, casi 95 mil contenedores fueron descargados en el puerto capitalino.
El ingreso ilegal de la mercadería al país le permite al contrabandista eludir el arancel (que sólo grava a los artículos que provienen de fuera del Mercosur) y los otros costos tributarios, administrativos y de comisión a tos agentes que intermedian en las ope! raciones de comercio exterior (despachantes, agencias marítimas, etc.).

Los viajeros que ingresan a Uruguay por vía terrestre desde Argentina o Brasil pueden introducir mercaderías por un valor total equivalente a U$S 150 sin pago de aranceles y otros tributos. Si el ingreso es por avión o barco desde esos países, de Paraguay, Chile y Bolivia, el tope de mercadería libre de impuestos es de U$S 300, y si el viajero proviene de lugares más distantes es de U$S 500. En esos montos no se incluyen los objetos personales del visitante que trae en su equipaje. Se puede ingresar libre de impuestos hasta el equivalente a U$S 300 adicionales de mercadería adquirida en los free shops (con un tope de dos litros de bebidas alcohólicas y dos cartones de cigarrillo por persona).

Las compras en el exterior mayores a esos montos están gravadas con IVA (parte del cual debe tributarse por adelantado), y Cofis (3,6525%) calculados luego de aplicado el arancel -si corresponde-, pero esos p! agos son descontados por el importador. Para la importación de cigarri llos, bebidas alcohólicas y otros artículos considerados suntuarios se tributa Imesi.

El importador también debe pagar una tasa ‘consular’ (2%), otra de ‘servicios aduaneros’ (0,2%) y una tasa ‘extraordinaria’ (de entre 12 y 600 dólares) que son cobradas por el Banco República. Esas tasas se calculan sobre el valor CIF de la mercadería (incluye costo, seguro y flete).

Si el producto ingresa por vía marítima, la agencia cobra una tasa por los gastos de manipuleo del contenedor, que es de 120 dólares si el mismo es de 20 pies de altura o 140 dólares si es de 40 pies. Se debe abonar también el sellado que autoriza a retirar el contenedor del puerto, que tiene un costo de aproximadamente 75 dólares.
La Administración Nacional de Puertos cobra una comisión de servicio que varía según el valor de la mercadería y el peso de la misma (es de entre 10 y 90 dólares). También aplica una tasa conocida como ‘ley de estiba’ que es de 0,25%.

En la importación por avión, las agen! cias cobran una tasa por el manipuleo de la mercadería en la terminal aérea, y el Aeropuerto de Carrasco grava el almacenaje de los productos con una tasa que aumenta de acuerdo a los días de depósito.

Además, las importaciones formales acarrean gastos de trámite y despacho -de aproximadamente entre 150 y 190 dólares, según el artículo- y se deben pagar honorarios a los despachantes. Fuentes del sector dijeron que éstos cobran en general el equivalente a entre 1% y 1,5% del valor de la mercadería, según el monto de la misma y el cliente, a lo que se agrega el costo del ‘impuesto a las comisiones’ (0,11%).

Las importaciones se encarecieron debido a la suba del tipo de cambio que se dio tras la ruptura del régimen de banda cambiaría, en junio de 2002. Además, el Poder Ejecutivo dispuso en abril de 2002 la aplicación de recargos aduaneros -denominados ‘derechos específicos’- a un grupo de artículos que estaban ingresando a Uruguay a precios muy bajos fundamentalmente des! de Argentina, favorecidos por la devaluación en ese país de principios de ese año. En junio de 2003 esos recargos aduaneros fueron extendidos a otros productos, para contrarrestar la competencia de artículos que son fabricados en provincias argentinas que aplican regímenes especiales de estímulo. Los rubros alcanzados por los ‘derechos específicos’ son pinturas, galletas y otros panificados, aceites, textiles, plásticos y confituras con azúcar, entre otros.