Plan de reparación a víctimas incluye careo con delincuentes.

Se trata de un cambio de concepción acerca de lo que son las penas de privación de libertad y que apunta a la justicia “restaurativa” y no tanto “retributiva” como existe hoy en Uruguay, explicó a El Observador la asesora de la cartera en asuntos carcelarios, Gabriela Fulco.

El plan permitiría al delincuente “tomar conciencia real” del daño que ocasionó a su víctima, “que generalmente va mucho más allá del simple hecho del material del robo”, y abarca daño emocional con repercusiones secundarias, tanto “en su entorno inmediato como en otros”, explicó la funcionaria.

Se trata de careos voluntarios en los que las víctimas podrían incluso sugerir penas alternativas a sus agresores, en caso de haber cometido delitos excarcelables.

El gobierno planea en ese marco incluir también artículos en la próxima Rendición de Cuentas con el objetivo de atender económicamente a las personas atacadas.

El presidente José Mujica reunió ayer a su Gabinete de Seguridad para analizar varias propuestas manejadas el viernes, cuando se abrió el debate en el seno del gobierno por el destino de casi US$ 140 millones -parte del déficit fiscal de 2011 que fue prefinanciado pero no ejecutado- de presupuesto nacional para 2013. Entre otras cosas, el Poder Ejecutivo propone dar flexibilidad a los comerciantes que hayan sido rapiñados y no puedan asumir sus obligaciones con el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y los entes públicos. Esa idea había sido propuesta por el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Mario Menéndez (ver recuadro).

Según informó ayer Subrayado, Mujica prepara “medidas de gran impacto en seguridad” que difundirá en breve.

De las 12.369 rapiñas que se denunciaron en 2011 en Montevideo, 2.282 fueron cometidas a comercios, según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad.

Otro aspecto de las respuestas oficiales a las personas afectadas por la delincuencia involucra a los presos. Se estudia destinar un porcentaje del salario que reciben los reclusos que trabajan (peculio) para un fondo común que pueda ser utilizado en necesidades de víctimas, por ejemplo, tratamientos psicológicos o médicos (silla de ruedas).

Para Fulco es relativo que los delincuentes “paguen” con privación de libertad sus hechos. Señaló que varios países en el mundo han avanzado en la reparación integral de las víctimas, también en el aspecto económico

Este jueves, representantes del MI mantendrán una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para negociar los recursos, informó a El Observador una fuente oficial.

Sugerido por experto

La posibilidad de careos entre víctimas y victimarios la había sugerido semanas atrás el director del Centro de Criminología de la Universidad de Pensilvania, Lawrence Sherman, quien llegó a Montevideo para asesorar al Ministerio del Interior, reunirse con los comandos de las jefaturas de Policía, comisarios y dar una conferencia en la Universidad de la República. El profesional mencionó que la experiencia se realiza en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. “La Policía ha organizado reuniones de dos o tres horas de conversación entre las víctimas, los delincuentes, sus familias y sus amigos, para hablar de lo ocurrido. Eso tiene un efecto positivo en su conducta en el futuro”, consideró Sherman.

La experiencia que piensa tomar el gobierno uruguayo contempla dos tipos de encuentros con delincuentes. El primero se daría mientras se lleva adelante el proceso judicial, en los casos de delitos con la posibilidad de ser castigados con penas alternativas a la prisión. El segundo -en casos de delitos graves homicidio, violación o rapiña- se daría luego de un tiempo de reclusión del delincuente, explicó Fulco.

El proceso requiere de un período de preparación para ambas partes, porque entre otras cosas se reúne no solamente el ofensor con la víctima, sino también a los familiares que tienen algo que decir. “Es una instancia dura, pero que por lo general da muy buenos resultados”, aseguró la asesora que es psicóloga. “Hay que bancarse escuchar a la víctima y sus allegados hablar de las consecuencias de ese delito”, reflexionó.

El gobierno asume que la idea requiere de toda una maduración cultural y espera sea un poco difícil su instrumentación.

Existe una experiencia similar realizada entre 1992 y 2003 para el caso de la violencia familiar. Según recordó Fulco, participaron 20 mil personas. “Se desarrollaron básicamente programas de mediación víctimas-victimarios en violencia familiar. Muchos de esos casos progresaron bien, sin reincidencia por las instancias de mediación”, informó la jerarca.

“Quiere decir que ya hay una experiencia, ¿por qué no puede funcionar para otros delitos?”, se preguntó Fulco.