Poder Ejecutivo intervendrá en las ocupaciones violentas

Con esa imagen, el mandatario ilustró ayer frente a sus ministros “la preocupación” instalada en el elenco gubernamental ante la evolución registrada en algunos conflictos obrero-patronales, dijeron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. Eso llevó a Vázquez a pedir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, que “apure” la redacción de un proyecto de ley “que establezca una prevención de conflictos y una suerte de regulación de las ocupaciones”, texto que sería firmado el lunes 6 de marzo próximo por todos los secretarios de Estado.

En el Edificio Libertad quieren otorgar al Ejecutivo la potestad legal de “intervenir en forma directa” en aquellas ocupaciones que adquieran “características de violencia o que sean ilegales”, dijeron los informantes. En el proyecto de ley trabajarán, además de Bonomi, el ministro de Industria, Jorge Lepra, y el subsecretario de Interior, Juan Faroppa.

Según las fuentes, Vázquez rechazó en la reunión de ayer en Suárez y Reyes la actitud del propietario de la curtiembre Naussa porque, según consideró, “es muy malo hacer justicia por mano propia”.

El gobierno aspira a que la futura ley estipule que los sindicatos den su “visto bueno” a una eventual ocupación mediante “un acto formal”. La iniciativa otorgará –de acuerdo a las fuentes– “pocos días” a la Justicia laboral para ordenar el desalojo de los ocupantes cuando la medida sea considerada “ilegítima”.

Luego de finalizado el acuerdo semanal con el presidente y frente a los representantes de los medios de comunicación, el ministro Bonomi reiteró los pasos que deberán seguir las partes involucradas cuando surja “un motivo de conflicto”.

“Si no se cumplen los pasos de prevención (y de negociación posteriores) existirá el derecho de una acción de amparo; pero no una acción de amparo que quede librada a la interpretación de jueces en general, sino una normativa que hay que seguir y que si no se sigue el juez queda más encuadrado en su acción”, agregó Bonomi.


Blanco sobre negro. Pero el sentimiento de alarma que cunde entre muchos empresarios y sus asociaciones representativas tras las últimas ocupaciones no parece disminuir ante la agilización dispuesta por el gobierno.

De hecho, el presidente de la Cámara de Industria (CIU), Washington Burghi, dijo ayer a El Observador que si a nivel gubernamental “se está delineando algo” para resolver el tema “tienen que estar todas las partes” en el diseño de la solución. “Lo que tenemos son problemas, hemos visto intolerancia y violencia” en algunos conflictos y, mientras tanto, “no vemos que el gobierno haya tomado medidas al respecto”, valoró el dirigente industrial.

Consultado sobre el anuncio de Bonomi acerca de la aceleración en el tratamiento del tema, Burghi aspira a “discutir sobre algo que esté escrito” ya que “por ahora no hay nada: cuando haya algo en blanco sobre negro” estará en condiciones de opinar sobre el porvenir inmediato de las relaciones laborales.

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo Abdala, por su parte, manifestó a El Observador que el movimiento sindical “rechazará de plano” cualquier iniciativa orientada a “reglamentar” las ocupaciones, aspecto “directamente vinculado al derecho de huelga”.

Puntualizó que, en cambio, será “bienvenida” una propuesta tendente a la “prevención de conflictos” o a la “negociación previa” en el marco de “la negociación colectiva” entre empresas y sindicatos, tal como sucede “hoy mismo” en varias ramas de actividad, como la “industria metalúrgica”.


Un aspecto más. En tanto, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Juan José Bentancor, indicó a El Observador que “tanto el gobierno como la bancada” oficialista continuarán considerando las ocupaciones “como parte del derecho de huelga”, en concordancia con “los laudos de la Organización Internacional del Trabajo y la Cátedra de Derecho Laboral: una modalidad atípica” de ese derecho constitucional, sostuvo.

En virtud de esa concepción y ante la certeza de que “no existe vacío legal”, Bentancor afirmó que la regulación de esa medida será “exactamente un aspecto más del proyecto sobre prevención de conflictos”. Se trabajará en torno a “la posibilidad de perfeccionar mecanismos de prevención que ya existen”, tales como “la comisión de conciliación” prevista en la ley de Consejos de Salarios “de 1943” o la “autoregulación” sindical alrededor de “los servicios esenciales”. Se trataría de “ajustar a las circunstancias” actuales los elementos “tradicionales” de la práctica gremial en Uruguay.

Ex presidente de la Federación Ancap, Bentancor entiende que la conducta de “algunos empresarios genera conflictividad”, dado que “la mayoría” de éstos “cumplió con las resoluciones de los Consejos de Salarios”. Refiriéndose al violento desalojo de los ocupantes de Naussa organizado por su propietario, expresó que “actuó por fuera del Derecho”. Los conflictos deben prevenirse antes que pasen a mayores porque el dueño de la firma “hoy entró con un palo: mañana puede entrar con un revólver”, reflexionó Bentancor.