Poder Ejecutivo recibe apoyos y críticas por proyecto portuario

La idea del Poder Ejecutivo de dar los primeros pasos a nivel político en la interna del Frente Amplio para conseguir que el puerto de Montevideo cuente con una nueva terminal, encuentra respaldo y resistencias entre los operadores privados.
El grupo Katoen Natie, que domina el 65% del movimiento de contenedores y trabaja en la Terminal Cuenca del Plata desde julio de 2001 – cuando se remató la concesión de la playa de contenedores– entiende que las obras proyectadas en el Plan Maestro del Puerto aseguran la operativa hasta 2020 sin necesidad de hacer una segunda terminal. Desde esa compañía de origen belga, se informó a El Observador que se harán contactos con el gobierno para explicar su posición y que las proyecciones oficiales se basan en números equivocados.

Una visión distinta tienen los grupos Montecon, e Ictsi/Repremar –este último fue el que propuso construir una isla en la bahía de Montevideo como terminal de contenedores–, que apoyan decididamente ampliar las instalaciones del puerto capitalino.

Eduardo Zabalza, director del proyecto de la nueva terminal de Ictsi, dijo a El Observador que la única preocupación refiere a “los tiempos” que demandarían los procesos de licitación y aclaró que se apoya el llamado público a interesados.

Según informó el gobierno a un grupo de legisladores oficialistas, la intención es que entre fin de año y el primer trimestre de 2008 se defina el mecanismo de concesión que se utilizará para que las nuevas instalaciones puedan operar desde 2012. Fuentes políticas adelantaron a El Observador que está abierta la posibilidad de llamar a licitación e incluso que el Estado se asocie con privados.

El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo ayer a la prensa que los emprendimientos en los puertos de La Paloma (Rocha) y Montevideo, “son una definición estratégica para Uruguay pensando de aquí a 15 años”. Respecto a la nueva terminal comentó que es muy favorable para garantizar el futuro del Puerto de Montevideo.


Visiones. A nivel de operadores no todos coinciden con el camino que deberá tomar el puerto ni con el marcado ahora por el gobierno.

Germán Pena, presidente de Talfir, empresa de servicios portuarios, dijo que el puerto necesitará de una mayor infraestructura para evitar “un colapso” que previó para el corto plazo.

En la misma línea se expresó Alejandro Goristidi, gerente general del grupo uruguayo Montecon, quien dijo a El Observador, que “el país necesita una nueva terminal” para atender los requerimientos crecientes de los clientes y se mostró de acuerdo con que haya una licitación para una nueva terminal. Montecon, que maneja el 45% de los contenedores, invirtió US$ 30 millones desde 2001 y pagó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) US$ 20 millones por uso de infraestructura pública.

Por su parte Zabalza, del grupo Ictsi, opinó que Uruguay tiene una oportunidad de crecer llamando a concurso para la segunda terminal, proceso del cual “participarán operadores de primera línea mundial”.

Si bien el proyecto de construir una isla en la bahía no fue respondido formalmente por el gobierno, de llamarse a una licitación sobre esa idea, la iniciativa privada presentada recibirá una ventaja de entre 5% y 20% para la licitación. Zabalza opinó que Montevideo y Buenos Aires “están cerca del congestionamiento” y afirmó que “proyecciones conservadoras para 2011 marcan que habrá problemas de infraestructura”.

Una visión distinta tiene el mayor operador del puerto, Terminal Cuenca del Plata. Su presidente Joris Thys, dijo a El Observador que cuando decidieron participar de la subasta realizada por el gobierno en 2001, tomaron en cuenta el Plan Maestro del Puerto que planteo “terminales especializadas y posicionar a Montevideo como un Hub para la región” . La empresa ya invirtió US$ 60 millones, comprometió otros US$ 80 millones antes de 2009 y prometió al presidente Tabaré Vázquez otros US$ 100 millones. Para Thys las autoridades parten de proyecciones erróneas de crecimiento del puerto y llegarán “a conclusiones graves” en un negocio “volátil” donde los armadores pueden ir a otros puertos.