Podría recrudecer conflicto en Rocha al no cumplirse acuerdo

Exactamente un mes después de la firma de un acuerdo de partes que puso fin a un largo conflicto entre la Intendencia de Rocha y el sindicato de trabajadores municipales del departamento (Adeom-Rocha), una delegación gremial denunció ante el Parlamento el incumplimiento del convenio y advirtió sobre la posibilidad de restablecer el enfrentamiento que tuvo lugar entre junio y agosto de este año.

Los funcionarios sindicales de Rocha, apoyados por integrantes de la dirección del Pit-Cnt, informaron ayer a los miembros de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes que la administración que encabeza el intendente Irineu Riet Correa mantiene una deuda con los funcionarios, que oscila en U$S 3,5 millones.

Una delegación del sindicato de municipales rochenses, encabezada por el secretario general de Adeom-Rocha, Ruben Lazo, valoró ante la comisión legislativa que se ha producido «un retroceso» en las relaciones de los municipales con las autoridades comunales.

El Pit-Cnt, que apoyó a los trabajadores con la presencia en el Parlamento de los integrantes del Secretariado Ejecutivo Juan Castillo y Jorge Castro, anunció que hará un seguimiento y evolución de los hechos, luego de lo cual se podrían adoptar medidas más severas.

El diputado frentista Juan José Bentancor, miembro de la comisión, dijo a El País que se acordó distribuir entre los legisladores una copia del convenio suscrito meses atrás entre los trabajadores y las autoridades comunales «para que se conozca de primera mano el compromiso asumido y no cumplido» y los partidos puedan formarse una opinión.

Asimismo, se resolvió invitar a Riet Correa para una próxima reunión de la comisión a efectos de que explique a los legisladores sobre las razones de esta denuncia.

Bentancor adelantó que una de las acusaciones más graves que se le formularon ayer en el Parlamento fue la incorporación de funcionarios con el pago de retroactividades a enero pasado.

En la misma ocasión, Lazo denunció a Riet Correa por no cumplir el acuerdo al «no respetar cláusulas como la reincorporación del total del personal, el traslado de funcionarios que participaron de la movilización, el reingreso de algunos trabajadores pero a quienes no se les asigna tarea concreta».

diferencia. Lazo dijo que «no coinciden» los números de la administración con los del sindicato en cuanto a la necesidad de que el 60% de la recaudación de la intendencia fuera destinado a los funcionarios para abatir paulatinamente la deuda con ellos.

El mecanismo de canje de tributos por compensación de obras, que permitiría el ingreso de fondos a la comuna tampoco se cumple, según los funcionarios.

Aunque afirmó que se trata de agotar las instancias de diálogo, el sindicalista advirtió que si «a corto plazo» no hay una reversión de la situación «lamentablemente habrá que llamar a asamblea y se decidirá».

Mientras, Castro ratificó ante la comisión que se trata de «una denuncia por incumplimiento» del acuerdo por parte de la administración de Riet Correa.

Dijo que «no se ha seguido el camino de cambio de gestión en la comuna, hay traslado de funcionarios, a otros se les permite marcar la tarjeta pero se les envía a sus domicilios sin asignárseles tareas, no se respetó el compromiso de no dar compensaciones de grado las que se están dando retroactivas a enero, están ingresando nuevos funcionarios en algunas Juntas Locales y en otros casos se ha mantenido como contratados o eventuales a los funcionarios que se incorporaron durante el conflicto para suplir a los municipales en huelga, por ejemplo en tareas de recolección de residuos».

Según Castro, la administración «no muestra intenciones de cambiar» y tampoco genera las condiciones para evitar que si las cosas no se modifican el conflicto vuelva.

«La intendencia ha tomado como rehén a los trabajadores», sostuvo Castro.

UN LARGO PROCESO

El intendente Riet Correa fue electo en mayo del año 2000 con 21.816 votos, es decir el 44,2% del electorado rochense, según la Corte Electoral, lo que entonces le aseguró una mayoría en la Junta Departamental. Pero en la actualidad apenas uno, el edil José Luis Molina Abreu, responde políticamente a él.

El 18 de junio, 28 funcionarios ocuparon el edificio central de la Intendencia reclamando pagos atrasados por U$S 3 millones.

El 7 de julio, el intendente decidió el cese de 495 funcionarios.

Al día siguiente, el gremio ocupó la Junta de La Paloma y la de Lascano.

El 10 de julio, se produjo una segunda ocupación de la sede central de la comuna.

El 22 de julio se votó en el Senado el juicio político al intendente, con resultado negativo.

El 14 de agosto se votó la ley para refinanciar las deudas con el BPS. Se facilitaron partidas de $ 6 millones y otras de $ 3 millones por mes.

El 22 de agosto terminó el conflicto con la firma de un acuerdo entre las partes.