Políticos tendrán mayor injerencia en militares

En primera instancia, el anteproyecto de ley prevé una mayor dependencia de los militares respecto al poder civil y a la actuación conjunta de las tres fuerzas; cambios que son considerados «revolucionarios».
Por ejemplo, se determina que la Justicia Militar ingrese a la órbi-
ta del Poder Judicial y se restringe su jurisdicción «a delitos militares y al caso de estado de guerra».
En ese orden se establece la creación del Consejo Nacional de Defensa (Codena), integrado por los ministerios del Interior, Defensa y Cancillería; y del que fueron excluidos en forma expresa los mandos militares.
También se suprimen la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, organismos que tuvieron un accionar
protagónico en el período de facto, por «obsoletos y carentes de competencia».
En este marco se instala un sistema de defensa nacional en el que actuarán los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Codena, el cual estará encargado de determinar las políticas que en la materia se ajusten mejor a cada situación que viva el país.
El presidente, actuando en Consejo de Ministros o junto al titular de Defensa ejercerá como mando superior de las Fuerzas Armadas, pero también podrá convocar al Codena, adoptar las medidas que considere necesarias ante eventuales crisis y ejercer la dirección político técnica de las operaciones militares.
La declaración de guerra, así como la declaración de medidas prontas de seguridad y la designación anual de las Fuerzas Armadas necesarias queda en manos del Parlamento.
Finalmente, se concluye con la separación de las tres armas en el terreno activo, determinando que éstas deben actuar en conjunto para mejorar la eficiencia de las mismas y tener una mayor oportunidad de modernización.
Un ensayo de esta nueva situación es la actividad que las fuerzas armadas están desarrollando en Haití.