Posición de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios sobre el proyecto de reforma tributaria

Montevideo, 24 de julio de 2003

 

Señor Presidente de la
Comisión de Hacienda
Cámara de Senadores
Don Rafael Michelini
Presente

 

De nuestra mayor consideración:

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay se dirige a la Comisión de su presidencia con el objeto de trasmitir la posición de la entidad respecto del proyecto de reforma tributaria remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General el pasado 30 de junio.

Al respecto, el proyecto de modificación del régimen de impuestos nacionales propiciado merece las siguientes observaciones.

1. Se trata de un proyecto que incrementa aún más la intolerable presión fiscal.

La presión tributaria que existe en el país es, desde largo tiempo atrás, agobiante, desproporcionada al intercambio indirecto de bienes y servicios que brinda el Estado y, en general, el insuficiente régimen de control de cumplimiento de las obligaciones impositivas hace que sean siempre los mismos sujetos pasivos quienes tengan que contribuir a la satisfacción de los gastos públicos.

El proyecto deroga sólo dos gravámenes: el Impuesto para el Fondo de Inspección Sanitaria y el Impuesto a las Ventas Forzadas. Otros tributos también se derogan por la mera circunstancia que sus hechos generadores se incluyen en otros ya existentes.

En general, las modificaciones impulsadas aumentan la carga tributaria. Ello acontece con el Impuesto a las Rentas Empresariales, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Específico Interno a determinados servicios, el Impuesto a la compraventa de bienes muebles en remate público, los aportes patronales jubilatorios.

El Fondo Monetario Internacional estima que la presión fiscal en Uruguay, que la considera en el orden del 30% respecto del Producto Bruto Interno y que, en realidad, si se toman en cuenta los impuestos implícitos en los precios de los bienes y servicios monopolizados por el Estado alcanza un 35%, es de las más altas de la América Latina. Téngase en cuenta que la carga tributaria de Noruega es del orden del 32%, tratándose del país de más alto desarrollo humano.

¿Cómo es posible, entonces, que en este país se sigan aumentando las prestaciones a favor del Estado?. ¿Qué supone este incremento?.

La respuesta parece sencilla: ello significa que el gasto público seguirá inalterado, que se mantendrá en su actual nivel y que, si la recaudación lo permite, tal vez hasta se acreciente.

El Poder Ejecutivo ha perdido una ocasión más para establecer un régimen impositivo adecuado que, en lugar de favorecer la evasión y la retracción, aliente el cumplimiento espontáneo y la inversión, de modo de sacar al país de la situación de parálisis económica que padece.

Atento a las consideraciones precedentes, esta institución estima que deben hacerse los esfuerzos necesarios para lograr un sistema tributario que, además de poseer las notas que se señalarán en el próximo capítulo, tenga una presión razonable y acorde a las posibilidades de los contribuyentes, quienes están atravesando una de las crisis más agudas, si no la más, de la historia de la República.

2. El proyecto no racionaliza ni simplifica el régimen tributario.

En la carta intención dirigida por el gobierno uruguayo al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2002 se anunciaba que se había decidido llevar a cabo una reforma tributaria que consolidaría el sistema tributario en cuatro impuestos: Valor Agregado, Específico Interno, Rentas y Aranceles de Aduana.

Esos propósitos no se han recogido en este segundo proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo formula a los seis meses siguientes a la primera iniciativa presentada al Poder Legislativo a fines de diciembre de 2003. Consiguientemente, el ordenamiento tributario nacional prosigue careciendo de la simplificación y racionalización necesarias y convenientes.

La reforma a fondo que se reclama exige que las alícuotas de los impuestos a los consumos se reduzcan, a la par que se generalice el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, impondrá la derogación del Impuesto a la Contribución a la Financiación de la Seguridad Social (COFIS), de elevadísima complejidad, y del Impuesto al Patrimonio, sustancialmente un gravamen a los activos, de efectos tan inconvenientes.

3. La reforma de la Administración Tributaria debe anteponerse a la reforma fiscal.

El proyecto prevé una tímida disposición en materia de Administración Tributaria.

Al respecto, se estima que debe dotarse a la Dirección General Impositiva de los recursos humanos y materiales, entre los cuales deben mencionarse los informáticos, necesarios para llevar a cabo una gestión eficiente que maximice la recaudación y desplegar una efectiva capacidad administrativa para realizar los deberes legales de ejecución que le incumben.

Al decir del eminente hacendista italiano Luigi Einaudi, «cualquier reforma fiscal es pura hipocresía, vana y hueca retórica, si es que no va precedida de una reforma de la Administración tributaria».

Por las consideraciones precedentes, esta institución aspira a que el país cuente con un verdadero sistema impositivo, racional, previsible, estable, simplificado en cuatro o cinco tributos de base amplia y alícuotas bajas, cuya presión sea adecuada a las posibilidades de los contribuyentes y a las necesidades de la economía, con una administración fortalecida y eficiente. Asimismo, la redistribución de la riqueza deberá llevarse a cabo, no por intermedio de los tributos, sino a través de un gasto público de calidad, que priorice la atención de los sectores sociales más carenciados y las obras de infraestructura.

Esta Cámara aguarda tener la posibilidad de expresar con mayor detenimiento su análisis del proyecto de reforma tributaria en una audiencia con esa Comisión.

Hacemos propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente y demás integrantes de ese Cuerpo muy atentamente.

Horacio Castells Montes
Presidente

Claudio Piacenza
Gerente Secretario