Prefacio Memoria Anual 2002

Ya desde enero, se había enrarecido la plaza financiera debido a las vinculaciones de algunos Bancos locales con Bancos argentinos. Ante la creciente inestabilidad financiera y fiscal, en febrero de 2002, Uruguay pierde la calificación de Grado de Inversión. La situación financiera se agravó con el correr de los meses y llevó a la intervención del Banco Central en el Banco de Galicia, intervención, asistencia y posterior suspensión de actividades en los Bancos Montevideo y Caja Obrera, así como a la asistencia y suspensión de actividades del Banco Comercial y Banco de Crédito y a la intervención y suspensión de actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caycú.

Por su parte, en menos de tres meses, el Parlamento aprobó dos leyes de ajuste fiscal, pretendiendo recaudar con ellas unos 600 millones de dólares anuales. A su vez, la Rendición de Cuentas aprobada en setiembre preveía reducciones de gastos del orden de los US$ 250 millones.

Pero la confianza siguió deteriorándose y el retiro de depósitos que comenzó siendo de no residentes, se trasladó también a los residentes. Ello determinó una fuerte pérdida de Reservas del Banco Central, debido a la asistencia que prestó a los Bancos en dificultades. A manera de resumen, en aproximadamente un año, la caída de depósitos fue de más de 6.800 millones de dólares y la pérdida de reservas internacionales del Banco Central, de más de 2.000 millones de dólares.

El 22 de julio, en medio de un clima enrarecido no sólo por aspectos económicos sino también políticos, renunció el Ministro de Economía, Cr. Alberto Bensión y al día siguiente, el Directorio en pleno del Banco Central del Uruguay. Las nuevas autoridades económicas decretaron un feriado bancario de cuatro días.

El 4 de agosto el Parlamento sancionó la Ley 17.523, de «Estabilidad del Sistema Bancario», que creó el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, con aporte de los organismos multilaterales de crédito. A su vez, se pasaron todas las cuentas del Banco Hipotecario al Banco de la República y se reprogramaron los vencimientos de depósitos a plazo en moneda extranjera en ambos. Sobre finales del año, el Parlamento aprobó la «Ley de Reestructura del Sistema Financiero».

En el plano cambiario, ante la pérdida de competitividad derivada de la devaluación argentina, el 20 de junio el Banco Central modificó el sistema de paridad deslizante con bandas de flotación, dejando flotar la moneda. En pocos días el precio del dólar se duplicó arrastrando consigo a un alza en los precios mayoristas y en menor medida, minoristas, con variaciones mensuales de dos dígitos en el primer caso y del entorno de 5% en el segundo.

En el sector real, la caída del Producto fue de 10,8%, sin duda, el mayor descenso en las últimas décadas. En el acumulado de esta recesión el PBI se ha contraído en más de 17%. Hay que retrotraerse a la crisis de los años 14 a 16 para encontrar guarismos de igual magnitud.

En particular, el sector de Comercio y Servicios ha tenido una caída de actividad de más del 13% entre los años 1999 y 2002 y el Comercio en particular, una reducción superior al 30%.

El sector Comercio y Servicios

Este sector contribuye con el 46% de la ocupación y el 44% del PBI. A su vez, es quien aporta el 76% de los impuestos que recauda DGI y BPS – excluyendo impuestos indirectos e impuesto al patrimonio.

Sin embargo, ha sido fuertemente discriminado en diversas ocasiones, tanto en lo que refiere a aportes patronales al BPS, donde se lo ha excluido de exoneraciones y rebajas, como en lo relativo a aumento de la presión fiscal directamente sobre el sector o sobre sus clientes, los consumidores nacionales.

En efecto, se debe precisar que los grandes contribuyentes del país son hoy día los consumidores y el comercio. El comercio sufre pues, doblemente: por la imposición que debe pagar y por la caída del ingreso disponible de los consumidores. El comercio y los servicios, a diferencia de otros sectores y con la sola excepción de los servicios turísticos, no puede evadir la situación recesiva del país vendiendo en el exterior, sino que corre la suerte de sus clientes nacionales.

En particular, interesa destacar la caída del consumo privado durante el 2002. Esta fue de17%, mientras que la del Gobierno fue de 9%.

Es necesario recordar además, que la caída en el consumo del Gobierno se dio acompañada por un creciente atraso en los pagos a sus proveedores y ello motivó diversas gestiones de la Cámara y en particular, de su Comisión de Proveedores del Estado.

Por su parte, la caída en el consumo privado está directamente relacionada con el descenso en el ingreso promedio de los hogares así como en el incremento en el desempleo. La tasa de desempleo se ubicó en 17% en el promedio del año, pero en particular, si se analiza el desempleo en el sector privado, es decir, excluyendo los empleados del sector público – que no tienen desempleo- se llega a una tasa de más del 20%, lo que da una idea de la profundidad del ajuste que está haciendo el sector privado ante una recesión con las características de la actual.

A su vez, el salario real se redujo en 10,7% durante el año y el ingreso medio de los hogares -que considera los efectos de la reducción de ingresos y del desempleo – se redujo en 12% en Montevideo y en 13% en el interior urbano del país.

La política económica

Una crisis de la magnitud de la vivida por el país durante los últimos años y en particular, durante el 2002 sin duda pone a prueba cualquier política económica en curso.

Si la estrategia es clara, los agentes económicos lo perciben y están más dispuestos a soportar los embates de la prueba porque tienen un horizonte más promisorio.

Por el contrario, una estrategia errática o desconocida lleva a que imperen los corporativismos y las presiones de los distintos grupos de interés. Más aún, si el fruto de esta presión es la satisfacción de las demandas, se retroalimenta la situación y se provoca una estampida de pujas redistributivas que nada de riqueza aportan al país y por el contrario, simplemente reparten la poca renta que va quedando. Estas pujas redistributivas terminan en falsas oposiciones: se habla de la oposición entre bancos y ahorristas, cuando la verdadera oposición sería entre ahorristas y depositantes. Se habla de oposición entre industriales y comerciantes cuando la verdadera oposición sería entre industrias protegidas y consumidores.

De allí que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios siempre se ha manifestado en contra de soluciones sectoriales, tanto en el campo financiero, como tributario, como comercial.

Las autoridades deberían recordar que el Uruguay es uno solo, y que para salir adelante, no se puede otorgar beneficios en forma discrecional a unos sectores, porque necesariamente se está perjudicando a otros.

La Cámara se encuentra profundamente preocupada ante esta suerte de neodirigismo que se ha instalado en las autoridades. Ninguna crisis por mayor que ésta sea, debería hacer perder de vista las estrategias tan caras al país: no se puede olvidar que la vocación de una nación de las dimensiones de Uruguay debe ser la apertura al mundo; que los mecanismos de mercado son los más idóneos para asignar los recursos de la economía; que la libertad económica sigue siendo el primer óptimo.

Toda esta gama de protecciones no arancelarias que comenzó tímidamente y que se ha ido extendiendo en importancia constituye una señal inadecuada para el sector privado. Del mismo modo, la creciente intervención en los fondos de pensión, sin motivos relacionados con las buenas prácticas de inversión también constituye una preocupación de la Cámara.

Igualmente, las promociones de legislación limitante de la libertad de comercio -en aras de pretender defender la competencia- o del derecho de propiedad – refinanciaciones de deudas- también constituyen – a juicio de la Cámara- serios escollos para el verdadero desarrollo del Uruguay.

Las tres dimensiones de la vida del país deben funcionar con una armónica libertad y respeto del Estado de Derecho. Así, en Política, esta armonía se manifiesta en una democracia fuerte, en el plano de la Justicia, en un cabal respeto del derecho de propiedad y en Economía en una sana libertad de comercio.

Mientras que el primer aspecto prácticamente no conoce controversias en el Uruguay, los dos últimos sí y permanentemente asistimos a amenazas a los derechos de propiedad y a la libertad de comercio.

El país merece tener certezas en temas clave como éstos.

Perspectivas

Las perspectivas para el año 2003 estarán pautadas en forma sustancial por lo que ocurra en los primeros meses del año.

Si no se toman medidas de fondo y las autoridades se contentan con cumplir con las metas fiscales a través de la «licuación» de los salarios de los funcionarios públicos y de las pasividades, y con las financieras a través de una postergación de vencimientos de deuda a través de una reprogramación, creemos que no se habrá tomado las medidas necesarias para que las perspectivas mejoren sustancialmente. Por el contrario, seguiremos arrastrando esta crisis que ya lleva más de cuatro años y que está teniendo consecuencias muy preocupantes en cuanto al cierre de empresas y con ellas, la pérdida de puestos de trabajo.

La prioridad del gobierno debería ser la recuperación económica y la contención social.

La recuperación económica sólo puede provenir de la recuperación del sector privado. Y el sector privado para recuperarse necesita menor presión fiscal y acceso al crédito.

Para tener una menor presión fiscal, es imperioso reducir el gasto público y las señales de acciones del gobierno en esta materia no deberían pasar de los primeros meses del año. En efecto, la ley de rendición de cuentas habilita al Poder Ejecutivo a elevar proyectos de Ley tendientes a la reforma profunda del estado: reducir Ministerios y Unidades Ejecutoras, a su vez, se puede esperar un proyecto del mismo tenor para promover un régimen similar al del sector privado para funcionarios excedentes.

Igualmente, es dable esperar alguna propuesta en relación al escalafón del sector público tendiente a corregir las actuales inequidades.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios en reiteradas oportunidades ha propuesto la eliminación de por lo menos ocho Ministerios. Llevando a sus funcionarios a un régimen de seguro de paro del 80% de su salario el primer año y 70% del mismo el segundo, se podría lograr un ahorro de más de 200 millones de dólares en cada uno de esos dos años y de más de 450 millones a partir del tercero. Es decir, que la sustentabilidad de las cuentas fiscales uruguayas no puede verse como algo dado y considerar que los gastos son sólo ajustables por precio y no por cantidades. La Cámara entiende que la crisis amerita soluciones audaces que permitan sustentar las bases para un futuro crecimiento sustentable.

A su vez, para tener un mejor acceso al crédito es necesario superar la crisis financiera y generar la confianza necesaria para que los ahorristas vuelvan a creer en el sistema. Para ello es necesario explicitar una estrategia muy clara en materia del funcionamiento del sistema en esta nueva modalidad: con un Banco estatal (BROU) que hay que fortalecer y reestructurar, un nuevo Banco Comercial por ahora también estatal, un Banco Hipotecario que debería cerrar o transformarse en un Banco de segundo piso, algunas cooperativas, y una Banca extranjera que está mirando los acontecimientos para decidir si se queda o no en el país. Pero además, hay que establecer muy claramente que en este país los derechos de propiedad se respetan y en este sentido, preocupan las iniciativas de refinanciaciones globales tanto a nivel general, como a nivel del BROU.

Por último, es necesario incrementar las políticas de ayuda social para que la crisis no impacte tan negativamente en las capas de población más vulnerable. Pero no se debe olvidar que la meta es la reactivación económica: no hay mejor política de empleo que la de reducir los impuestos al empleo para que el sector privado pueda ocupar los puestos de trabajo que requiere sin mayores distorsiones.

Conclusiones

La profundidad de esta crisis ha puesto de manifiesto aspectos que estaban muy mal en nuestra economía, pero que de alguna manera estaban disimulados o no resultaban tan obvios. Hoy ya no se puede aceptar salir de esta crisis simplemente apostando a «licuar» los salarios de los funcionarios públicos y las pasividades, o a renegociar la deuda para postergar unos años su vencimiento en espera de que la situación regional mejore, y con ella, nuestro país.

Las reformas que esta Cámara reclama no son tanto numerosas cuanto profundas, urgentes y ciertamente dolorosas. Pero el costo de no tomarlas en términos de bienestar futuro perdido puede llegar a ser tan importante como para inhibir toda posibilidad de crecimiento sano en muchos años.