Preocupa a los agentes privados insuficiencia del sistema arbitral en el bloque comercial

A pesar de reclamar el protagonismo comercial de los agentes privados, la norma establece que los Estados deben ser los intermediarios forzosos de cualquier litigio dentro del bloque comercial.

El hecho de que los mecanismos arbitrales sólo involucren a los Estados y excluyan explícitamente a los particulares, le quita sensación a cualquier reflexión que pretenda generar calor entre protagonistas privados de la discusión.

La semana pasada Montevideo fue la sede de un intenso seminario de dos días, en los cuáles el arbitraje y la solución de controversias estuvieron sobre la mesa de discusión, en procura de respuestas concretas a las demandas más urgentes del proceso de integración regional.

Muy fresca estuvo en la retentiva ! de los participantes casos que a Uruguay tocaron de cerca, como el muy mentado de las exportaciones de bicicletas uruguayas a la Argentina, y otros poco comentados, aunque no por ello menos relevantes desde el punto de vista económico.

La conferencia agendó durante ambas jornadas, las diversas experiencias comparadas que existen sobre la materia, presentando los mecanismos de negociación disponibles tanto en organismos multilaterales, como en acuerdos de libre comercio y de integración.

Pero el notorio buen nivel de las exposiciones o el carácter académico de las sesiones, no pudo evitar que se deslizara una falencia tras la cual se esconde una de las contradicciones más agudas del proceso de integración regional.

Impulsado por los Estados nacionales a comienzos de la década del noventa, el proceso de integración fue concebido como un marco inmenso para que los particulares desarrollaran negocios exitosos e hicieran efectiva la integración económica de los cuatro socios fundadores del bloque.

En diversos momentos del proceso constitutivo del Mercosur, el sector privado fue invitado a liderar el intercambio comercial y a partir de Ouro Preto se generaron ámbitos institucionales de participación del sector empresarial.

Sin embargo, al momento de consolidar el intercambio comercial, los flujos mercantiles enfrentaron impedimentos de muy diversa naturaleza, para impedir el acceso a los mercados de los países vecinos.

La reiteración de ese tipo de prácticas fue instalando en los socios menores del bloque, la necesidad de generar un sistema de arbitraje que funcionara de manera permanente, administrando los conflictos de modo práctico y eficaz. En la reunión de Ouro Preto (1994) el Mercosur obtuvo un sistema embrionario de arbitraje, que en los hechos resultó insuficiente.

De hecho, Uruguay llegó a plantearse llevar contiendas comerciales del bloque a los tribunales arbitrales de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Así las cosas, el bloque alcanzó novedad con el Protocolo de Olivos, un instrumento que permitiría lograr cierto avance en ese viejo requerimiento de contar con una estructura arbitral.

En su exposición de cierre de la conferencia de la semana anterior, el canciller Didier Operti defendió la funcionalidad del instrumento jurídico que brinda el Protocolo de Olivos, no obstante lo cual indicó la necesidad de alcanzar un instituto más estable.

‘Entre una convocatoria permanente y un tribunal permanente, preferimos lo segundo’, dijo el funcionario en defensa de una vieja bandera esgrimida por Uruguay en el seno del proceso de integración regional.

INTERMEDIACIÓN ESTATAL
Pero a las insuficiencias de este mecanismo accidental para solucionar controversias, el Mercosur añade un bloqueo legal para la acción de los particulares en las causas arbitrales.

Contradiciendo la larga prédica de los funcionarios de que los particulares deben involucrarse en el proceso de integ! ración, la participación privada es imposible para los agentes económicos privados.

La norma establece que los privados que deseen llevar adelante un litigio comercial en el marco del proceso de integración, contra una empresa de un país del Mercosur, deberán hacerlo a través de los Estados miembros del bloque.

‘Le voy a poner un ejemplo para que entienda el problema. Si llevo al Mercosur un litio por el negocio A, tengo que pasar por en Estado uruguayo. Pero si el negocio B es mejor, de pronto un burócrata que nada pierde ni nada gana, entrega el negocio A de pies y manos para salvar el negocio B’, señaló un abogado especializado en cuestiones arbitrales, que pidió el anonimato.

‘Con el actual régimen, dependemos por completo de la discrecionalidad de los gobiernos’, agregó.

Para el jurisconsulto, es evidente que los Estados nunca quieren litigar y optan por negociar, en detrimento de los que son negociados.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Inte! ramericana de Arbitraje Comercial y asesor de la Cámara Nacional de Comercio en temas arbitrales, James Whitelaw, coincidió en la necesidad de buscar una salida para la incidencia de los particulares en los reclamos arribarles.

‘Los mecanismos actuales resultan insuficientes’, dijo.

Otro tanto admitió el embajador Julio Lacarte Muró, uno de los artífices del encuentro de la pasada semana.

‘Ese es uno de los problemas más graves que presentan los institutos arbitrales que tenemos’, reconoció.

Lacarte señaló que hay acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan o Nafta, por su sigla en inglés), que admiten la participación de los particulares en ciertos renglones arbitrales.

‘No es para todo, pero permite el accionar de los privados’, dijo.