Preocupación española por sus inversiones en Uruguay

El embajador de España en Uruguay, Fernando Valderrama, dijo ayer sentirse “preocupado” por la “falta de voluntad política” existente en algunas esferas de gobierno con el compromiso general de atraer la inversión extranjera, luego de comprobar actitudes del Poder Ejecutivo que perjudicaron los intereses de empresas ibéricas instaladas en el país.
Según sostuvo, el “principal problema para la inversión hoy está en la voluntad política y ciertas actitudes”, más allá de las condiciones estructurales y funcionales que ofrece Uruguay.

El representante diplomático ofició de anfitrión en un desayuno de consulta organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, que tuvo como único orador al subsecretario de Economía, Mario Bergara, que disertó sobre el “Ambiente de Negocios y Promoción de Inversiones” en Uruguay.

Frente al número dos de Economía, Valderrama señaló que como embajador se ve “obligado” a ser cauto con los inversores españoles y de otras nacionalidades que le consultan sobre el clima de negocios en Uruguay, a la vista de “ciertas actitudes” que surgen de representantes del gobierno.

La lectura del jefe de la delegación española partió del reciente anuncio de intención de compra de la arrocera Saman por parte de la empresa brasileña Camil, que lo llevó a “reflexionar” sobre las expresiones de miembros del gobierno, y de lo que para su gobierno implica la inversión extranjera. Esta reacción se debió a algunas declaraciones, en especial del ministro de Ganadería, José Mujica, que se mostró “preocupado” por el avance de inversores brasileños en áreas claves de la economía como la industria frigorífica y arrocera.

Otras fuentes de esa representación diplomática dijeron a El Observador que las declaraciones de Mujica sobre este asunto “con casi chavistas”, en referencia a la retórica utilizada por el mandatario caribeño.

De esta forma, el diplomático derivó en la situación que atraviesan dos empresas de capitales españoles que operan en el país, y que encendieron en esa dependencia señales de “alerta” que motivaron en uno de los casos “protestas” frente al gobierno.

Valderrama trajo a colación el caso de la empresa pesquera Bellnova –subsidiaria de la multinacional Pescanova, principal pesquera española y quinta en el mundo– que atraviesa desde hace once meses un conflicto sindical que le no le permite salir al mar, y que podría desembocar en el retiro de los permisos de pesca.

Sobre este punto, se quejó de que el Estado no haya hecho cumplir un laudo laboral sobre el asunto, y que el Ministerio de Trabajo convocara una nueva negociación entre la empresa y los trabajadores.

Consultado sobre este tema, el director de Recursos Acuáticos, Daniel Montiel, dijo a El Observador que el permiso de pesca a Bellnova “no fue retirado” y que el organismo está dispuesto a “justificar la inactividad” de la empresa –que solo puede estar seis meses sin operar antes de perder la licencia–, ante el inicio de negociaciones tripartitas con el MTSS y bipartitas entre la compañía y el sindicato.

Montiel recordó que en el sector atunero –donde opera Bellnova– son varias las empresas que ya acordaron con los trabajadores, y que el laudo del Poder Ejecutivo no obliga a los pescadores a acatarlo si lo creen inconveniente.

El otro caso planteado fue el de la compañía de telefonía celular Movistar, que según dijo Valderrama, “a diferencia de la empresa pública que ocupa frecuencias sin comprarlas”, la empresa española tuvo que pagar US$ 20 millones por el uso de sus canales.