Presidencia estudiará asistencia de funcionarios públicos

EN PERSPECTIVA
Viernes 26.09.03, 07.35.

EMILIANO COTELO:
El Poder Ejecutivo pidió a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) un informe sobre los registros de asistencia de los funcionarios de la Administración Central, como primer paso para establecer quiénes son los empleados que no cumplen con su horario o, directamente quiénes no están trabajando.

ALFREDO DANTE:
La idea es que la AIN informe cuáles son los sistemas de registro de asistencia, cuántos funcionarios trabajan en cada unidad ejecutora, y quiénes son las personas que constituyen una excepción y no están obligadas a cumplir con esa formalidad.

EC – ¿Por qué viene esta resolución?

AD – Por la noticia sobre este funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que estuvo cobrando el sueldo 11 años sin ir a trabajar.

EC – Estamos en comunicación con el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Leonardo Costa. ¿Por qué recién ahora?

LEONARDO COSTA:
Tiene varias respuestas. Naturalmente, el tema que surge con este funcionario sensibiliza mucho a la opinión pública, y me parece “de cajón”, primero que nada, decir que entiendo que es una situación absolutamente anormal, y no es la regla en el Estado. Pero además me parece que la forma de demostrar esto es hacerlo.

EC – Usted dice que no es la regla en el Estado, y seguramente no lo es. Pero uno de los problemas que ha tenido la discusión de estos días en cuanto al caso de Juan Carlos Pranzo es: ¿vamos a cargar las tintas en una persona? Porque todos estamos seguros de que hay varios casos parecidos, ¿no?

LC – Justamente; como hay esa percepción…

EC – No será la regla, pero hay varios.

LC – Justamente: como hay esa percepción pública de que hay varios casos, lo que me parece de cajón es tratar de demostrar que eso no es así, y para poder demostrarlo no basta con decirlo: hay que demostrarlo con los hechos. Por lo cual la única forma de hacerlo (y como es la excepción) es poder hacer un seguimiento de la realidad al menos en la Administración Central, que es donde tenemos más facilidad para acceder por los sistemas.

A la vez, creo que es de cajón tratar que esos pocos casos, o ese que hoy se detectó y esperemos que no haya más… tratar de fortalecer a los funcionarios que trabajan. Porque todos estos casos que provocan conmoción pública, como es este, generan una especie de caza de brujas sobre el resto de los funcionarios. Y a mí me preocupa porque, como veo cómo trabajan muchos funcionarios (por lo menos los que trabajan en las oficinas de Presidencia y de muchos ministerios) me parece que la única manera de dignificar a esa gente que trabaja es tratar de mostrar con números y casos reales el seguimiento de esto.

EC – Está bien, pero esto se pudo haber hecho al principio de este gobierno, por decir algo; se pudo hacer en el gobierno anterior, etcétera.

LC – Totalmente de acuerdo. Le voy a decir que, en 40 unidades ejecutoras, tenemos el sistema de control de horarios de trabajo, que lo que hace básicamente es detectar cuáles son esas excepciones. El Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (Cepre) lo ha desarrollado, aunque no está en todas las unidades ejecutoras por una razón de tecnología; sólo se aplica en aquellos lugares donde se marca tarjeta por algún sistema electrónico, y eso va directamente a un equipo que registra incluso cuántas horas trabaja. Le hemos pedido al Cepre que nos haga un informe también sobre esas 40 unidades, porque vamos a ver cuántas horas se trabaja, el marcado efectivo… Alguien podrá decir “Ah, pero ¿son horas bien trabajadas, mal trabajadas…?” Naturalmente no me voy a meter en la eficiencia de ese trabajo, pero sí en las situaciones. Además, eso nos había determinado ya con anterioridad los casos de excepción que pudiera haber. La idea que tenemos es continuar para adelante por lo menos con eso que está informatizado y sistematizado. Naturalmente, dependerá mucho de poder seguir adelante con el resto del Estado. Con el resto, al menos a la Administración Central sabemos que podemos llegar.

EC – ¿Y con los demás organismos, por ejemplo los del artículo 220 de la Constitución?

LC – Hemos solicitado a la AIN que pida informes a todas las oficinas, dejando de lado naturalmente a los gobiernos departamentales. Vamos a ver qué resultados tenemos ahí.

EC – Mientras conversamos con usted están llegando mensajes de los oyentes a propósito de situaciones que se dan en algunas empresas públicas.

LC – A las empresas públicas también se les va a pedir.

EC – ¿Y los responsables de estas situaciones? Porque esa es otra de las puntas de la discusión a propósito del caso de Pranzo. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había jerarcas que conocían que esto estaba ocurriendo y que se estaba extendiendo por el tiempo en que se extendió: estamos hablando de más de 10 años. ¿Qué pasa con esos responsables?

LC – Lo que estamos haciendo con este pedido de informes, tratando de mirar por encima de este caso y siendo la AIN la oficina encargada, es que cuando exista una excepción al marcado de tarjeta (que puede ser por alguna razón como que el individuo esté trabajando en el interior, o la razón que sea) podamos pedir un informe a ese responsable para que nos diga, bajo su responsabilidad, cuál es la razón por la que esa persona tiene un régimen excepcional.

EC – Pero ¿y si se verifica que esa persona no trabaja; que no registra asistencia sencillamente porque no está trabajando; está cobrando el sueldo sin su contrapartida, que es la tarea, qué pasa con quienes han ideo convalidando esa situación durante años?

LC – En caso de que se detecte eso, al igual que en este caso, lo primero que se va a hacer es terminar con esa situación y, si corresponde, establecer la responsabilidad administrativa tanto de la persona que está en esa situación como del jerarca que lo autoriza.

EC – ¿Qué quiere decir “responsabilidad administrativa”, qué tipo de sanciones puede implicar?

LC – La responsabilidad de quien no esté trabajando puede ir desde abandono del cargo y con ello la destitución del funcionario…

EC – Pero yo hablo de los jerarcas.

LC – Le estoy diciendo las dos. Y en el caso del jerarca también puede surgir alguna falta administrativa grave que determine incluso desde apercibimiento a sanción, incluso destitución. Estoy hablando, naturalmente, de cargos con responsabilidad administrativa. En los cargos con responsabilidad política, todos sabemos las responsabilidades de las personas que estén en esa situación.

EC – ¿O sea?

LC – El Parlamento tiene la posibilidad de controlar ese tipo de situaciones.

EC – ¿Quién se responsabiliza por el dinero que perdimos todos los uruguayos pagando un sueldo a alguien que no trabajaba? Hay una pérdida económica, y una cosa es si fuera un solo caso, pero otra si fueron 10, 15, 30… ¿Nadie repone ese dinero, nadie asume la responsabilidad en ese plano estrictamente económico?

LC – Para poder analizar si pueden corresponder acciones por parte del Estado queremos conocer toda la realidad. Por eso me parece que lo primero es saber bien la información y cuáles son las situaciones que eventualmente puedan estar en esos casos.

EC – Se lo pregunto porque tantas veces se ha verificado que un jerarca tomó una decisión equivocada o directamente ignoró un tema, lo manejó con liviandad, con descuido… Y en primer lugar las sanciones tienden a no existir, o a ser muy livianas en comparación con el daño; nunca aparece el resarcimiento al Estado, a la sociedad, por el dinero que se pierde. Aquí estamos hablando de bastante dinero.

LC – Naturalmente. Hay muchísimos casos de juicios contra funcionarios del Estado por responsabilidad de sus actos, y que las propias oficinas van tomando. Naturlamente, esos no son los casos que surgen con notoriedad, muchas veces por falta de interés de la información en sí misma, y muchas veces también por la reserva de las actuaciones. Pero le puedo asegurar que hay muchísimos en que se ha iniciado acciones de repetición contra los funcionarios.

EC – ¿Asegura eso?

LC – Sí, sí.

EC – ¿Y con qué resultados?

LC – A veces se gana y a veces se pierde en la Justicia. Eso dependerá naturalmente de los casos, y conozco situaciones en que se ha ganado y situaciones en que se ha perdido.

EC – En este caso que ha estado en el tapete esta semana, ¿se va a ir por ese camino?

LC – No le puedo responder porque no conozco todas las decisiones internas en ese caso. Pero eventualmente puede ser, sí.

EC – ¿“Eventualmente puede ser”?

LC – No es mi oficina, no soy el responsable de esa oficina, no me animo a hablar de algo que no…

EC – No, pero sí puede hablar de un criterio político en esta materia que se esté impulsando desde la Presidencia de la República.

LC – Puede ser que lleguemos, pero no se ha tomado una decisión al respecto.

***

EC – Es impresionante la catarata de mensajes que venimos recibiendo. Una oyente dice, por ejemplo, que estos casos no se dan sólo a nivel del Poder Ejecutivo, de la Administración Central, sino también de las Intendencias y afirma que conoce un caso en la IMM. Otra oyente dice que ella trabaja en una oficina pública y muchos de sus compañeros se marcan la tarjeta para no ir a trabajar…

AD – El funcionario cuya situación dio lugar a esta noticia, y quien anunció el miércoles que iniciará un juicio civil contra el Estado por «daño moral», reclamó al Ministerio de Trabajo el pago de «licencias generadas y no gozadas», según datos a los que accedió El País.

Recuerda la nota que, según la versión del propio Pranzo, él quería desempeñar las funciones de su cargo —director de Administración— pero en 1992, el entonces ministro Ricardo Reilly resolvió mantenerlo «a la orden» hasta que se le encontrara destino, cosa que nunca sucedió. Consultado sobre las normas vigentes, el experto en Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville, afirmó a El País que mientras no se haya hecho el procedimiento en el marco de la legislación sobre funcionarios excedentarios, «esa situación no puede darse». Precisamente, dos años antes de que Pranzo fuera declarado «a la orden», en agosto de 1990, el Parlamento aprobó la ley 16.127, que estableció en su capítulo III una serie de normas sobre redistribución de funcionarios públicos. Esa ley determinó que los funcionarios excedentarios —sobrantes— debían ser transferidos a una suerte de bolsa de trabajo en la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que trataría de redistribuirlos en otros organismos estatales.

Por su parte, El Observador recoge expresiones de Pranzo en que se agravia de la información, y manifiesta que fue puesto a disponibilidad en 1977 durante el gobierno de facto, y “a raíz de gestiones realizadas” pasó en 1978 al Ministerio de Salud Pública, donde se desempeñó durante 14 años.

Agrega que se presentó en febrero de 1991 a la Oficina Nacional del Servicio Civil, y ésta consideró “probado que el cese en mi cargo era un acto arbitrario”. No obstante, el Ministerio de Trabajo no puso en práctica la resolución de esa Oficina, y recién el 12 de junio de 1992 el entonces ministro Reilly resolvió que Pranzo quedara “a la orden”.

Añade que pleiteó por daño moral contra el Estado por no haber sido reincorporado, y ganó el juicio por entenderse que “aunque la administración nominalmente reintegre el cargo al funcionario y abone los sueldos, el reintegro debe ser efectivo integralmente, debiendo incluirse al mismo la posibilidad de ejercicio de su tarea”. Por ese juicio, ganado en primera y segunda instancia, obtuvo U$S 8.000.

Pero tampoco después de ese juicio pudo asumir en el cargo, agrega Pranzo. El 23 de octubre de 1996 la entonces ministra de Trabajo Ana Lía Piñayrúa designó a otro funcionario para ese cargo.

Consultada ayer por El País, Piñeyrúa dijo, desde su oficina en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Buenos Aires, que no recordaba a Pranzo, y que le parecía «sumamente extraño haber avalado una prórroga, si sabía que el funcionario no trabajaba».

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón