Presupuesto: manejan porcentajes similares a los de pasado gobierno.

Astori explicó que en las reuniones con cada ministerio se deberán fijar las prioridades en base a los porcentajes establecidos por Economía. Ayer, el ministro manejó algunos de los porcentajes previstos para los ministerios, los cuales en su mayoría coinciden con los que fijó la administración de Jorge Batlle. Para Educación el presupuesto será del 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Empero, ese porcentaje será el piso, con la intención de llegar al término del período de gobierno al 4,5.

Un criterio similar se aplicará en Salud Pública y en Vivienda, pero con la diferencia que para la cartera del ministro Mariano Arana se prevé que unos U$S 20 millones del Fondo de Vivienda que quedaban sin ejecutar, serán dispuestos en forma anual.

El titular de Economía señaló que aguarda que los organismos identificados en el artículo 220 de la Constitución no envíen proyectos individuales, sino una única iniciativa que contemple todos los presupuestos.

Los comentarios fueron realizados en la víspera durante la reunión de acuerdos que celebró el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez, según indicaron participantes de la reunión.

Astori reiteró las limitaciones que tiene el país y que por ello cada ministro deberá fijar las prioridades reales de cada cartera.

Economía aspira a priorizar las áreas sociales a través de la redistribución de gastos e impulsar las inversiones privadas con incentivos contenidos en la iniciativa y que serán ampliados con la reforma tributaria.

Los principios generales del presupuesto serán expuestos mañana en Pando, en la sesión pública del Consejos de Ministros, que se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el club Urupan.

Una visión semejante planteó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Viera, en la sesión de la Mesa Política del Frente Amplio, al informar sobre el presupuesto quinquenal. Con un análisis más ideológico que el pragmatismo de Astori, Viera dijo que la intención del gobierno es que en la iniciativa quinquenal se compruebe el cambio de administración.

PODER JUDICIAL. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Poder Ejecutivo acordaron que en el próximo presupuesto estarán los rubros para terminar con la restauración del edificio de la Onda, frente al Palacio Piria, que requiere una inversión cercana a los 2 millones de dólares, informó a El País el presidente de la corporación, Daniel Gutiérrez.

En la tarde de ayer el ministro de Economía, Danilo Astori y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se presentaron en persona en la Suprema Corte para negociar lo que será el futuro presupuesto del Poder Judicial.

Por primera vez en la historia todos los gremios judiciales (magistrados, defensores de oficio, actuarios y funcionarios) presentarán un único proyecto presupuestal. Gutiérrez explicó que le transmitió a los representantes del Ejecutivo que comparten la idea de elevar al Parlamento un único proyecto presupuestal.

En el encuentro de ayer, el presidente de la Corte transmitió cuáles serán las prioridades en materia de inversiones y gastos para todo el Poder Judicial. Además de la conclusión de las obras del edificio de la Onda, Gutiérrez explicó que en materia de inversiones la prioridad es la reposición del equipamiento informático de los locales de Montevideo, ya que algunos están al «borde del colapso» porque están en mal estado, o descompuestos y no se pueden reparar.

Tanto Astori como Fernández compartieron las prioridades y se comprometieron a atender esos reclamos.

Gutiérrez afirmó que en materia de aumentos salariales no se discutió porque las cifras todavía no están definidas. En unos diez días los gremios estiman que esté finalizado el proyecto presupuestal.

No obstante, una comisión viene trabajando en el tema y semanas atrás se informó que los cargos técnicos del Poder Judicial pedirían un aumento gradual en los salarios.

Representantes de las asociaciones judiciales entienden que deben recibir «una retribución acorde con el resto de la administración», teniendo en cuenta que jueces y defensores tienen incompatibilidad, y sólo están habilitados para dar clases en la educación terciaria.