Prevén reclutar voluntarios para el Plan de Emergencia

El gobierno del Encuentro Progresista (EP) reclutará voluntarios entre la población civil para trabajar en la aplicación del Plan de Emergencia, que prevé asistir a los indigentes y a las personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Para poder enrolar a esos colaboradores en la esfera estatal, el gobierno electo remitirá una iniciativa legislativa al próximo Parlamento denominada “ley del voluntariado”, según informó a El Observador la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky. Según la legisladora, la norma buscará reglamentar los trabajos honorarios y evitar que “entren en contradicción” con las funciones asalariadas del Estado.
La futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, informó ayer a la agrupación parlamentaria del EP la instrumentación del programa de asistencia. El presidente electo, Tabaré Vázquez, definió el Plan de Emergencia como “el buque insignia” del futuro gobierno y convocó a los legisladores a involucrarse en el programa no sólo como dirigentes políticos sino como ciudadanos.

Arismendi remarcó la necesidad de que la sociedad civil se integre al programa y recomendó la aprobación de una ley de voluntariado. La diputada Topolansky explicó los alcances de esta norma. “La idea es lograr de una forma ordenada la ancha sustentación social al Plan de Emergencia”, declaró la legisladora tupamara.

Topolansky puso modelos de las colaboraciones que los ciudadanos pueden ofrecer a este programa. “Por ejemplo, existen profesionales jubilados que pueden brindar capacitación laboral (a los beneficiarios del plan). También los albañiles pueden dar una mano en el mejoramiento de las viviendas”, declaró la legisladora del MPP.

Arismendi, por su parte, anunció ayer que en lugar de entregar canastas con alimentos se otorgarán órdenes de compra a los beneficiarios del plan. La legisladora dijo que está en ciernes un acuerdo con Cambadu para habilitar los vales.

La senadora comunista argumentó que con este mecanismo se evitan que las personas hagan “largas colas” y permite que se pueda elegir los alimentos y prepararlos en su propia casa. Además de comestibles, con las órdenes se podrán comprar productos de higiene.

Algunos diputados electos de izquierda expresaron su preocupación por “eventuales prácticas clientelísticas” de parte de las intendencias del interior a la hora de prestar colaboración en el plan. Arismendi manifestó que planteará este asunto ante el Congreso Nacional de Intendentes. La senadora comunista dijo que, para evitar desvíos, será fundamental la función de contralor que ejerza la sociedad civil. “Yo voy a velar para que no se pierda un gramo de arroz”, exclamó Arismendi. Legisladores del interior, además, criticaron que el equipo de trabajo de Desarrollo Social tiene una excesiva presencia “de montevideanos”.


Se puede, según el EP. Arismendi entregó un documento denominado Plan de Atención Nacionales de Emergencia Social. El informe, al que tuvo acceso a El Observador, dice que el futuro gobierno “entiende absolutamente necesario y posible superar algunas de las situaciones de mayor gravedad social a corto plazo, involucrando para ello a la población en su conjunto, abriendo canales de participación y sumando el esfuerzo comprometido, colectivo y solidario de todos los ciudadanos”.

El escrito agrega que “es central destacar que se apuesta al fortalecimiento de los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil”.

El programa se dividirá en los siguientes planes: Alimentario, Emergencia Sanitaria, Ingreso Ciudadano (documentar a los indocumentados), Educación en contextos críticos, Empleo Transitorio, Asentamientos y Alojamiento a las personas en situación de calle.

Estos planes, señala el documento, del equipo de Desarrollo Social “estarán articulados de manera coherente con los programas originados desde el sistema de la cooperación multilateral actualmente en ejecución y ser reformulados como el Plan de Infancia y Familia, CAIF y PIAI”.