Privados rechazan los precios regulados pero aceptan dialogar

Las cámaras de los empresarios de la industria y el comercio rechazan de plano la idea de que el gobierno fije administrativamente los precios de una canasta básica de alimentos, aunque tienen una actitud abierta al diálogo y a la posibilidad de negociar.
Uno de los principales argumentos en contra de esta intención expresada por el presidente Tabaré Vázquez es que el país se encuentra en un entorno de inflación baja, lo que no amerita que haya controles de precios. Otro elemento clave para los empresarios es que en el actual entorno de libertad económico no tendría sentido fijar los precios de los productos.

El primer punto fue esgrimido por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), que rechazó la idea por entender innecesaria una regulación en un panorama económico alejado de la inflación.

El presidente de la CNCS, José Luis Puig, dijo a El Observador que no considera que haya pasado nada en la economía del país que amerite una medida de este calibre. Sostuvo que la regulación sería bien vista en un marco de rebrote inflacionario del cual –entiende– se está lejos.

“Ya hay bastantes mercados regulados como la leche, el transporte y el gas, y no hay necesidad de seguir ampliandolo porque la situación no lo justifica”, afirmó Puig. No obstante, sostuvo que “si el gobierno quiere avanzar, vamos a sentarnos a conversar”.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Burghi, declaró ayer de mañana a radio El Espectador su oposición a cualquier tipo de regulación, afirmando que “el mercado debe estar en la libre oferta y demanda”.

Por la tarde, Burghi dijo a El Observador estar “como siempre” dispuesto al diálogo y la negociación, aunque afirmó desconocer lo que pretende negociar el gobierno. “La idea la expresó el presidente al pasar y creo que se trató más de una interpretación de deseo, que de un planteo formal”.

Burghi indicó, además, que en un mercado abierto “no tiene sentido regular los precios de los alimentos ni de nada”.

Lo que generó estos comentarios fue el anuncio que realizó el martes el presidente Vázquez en el sentido de que el gobierno está buscando extender a otros productos el acuerdo que se logró con la industria frigorífica por el cual se redujo en 23% el precio del asado 13 costillas sin pulpón. El mandatario indicó que para ello se apostará al diálogo con los sectores productivos, aunque admitió que se actuará con firmeza de no lograr los resultados esperados.


Minoristas de acuerdo. El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines de Uruguay (Cambadu) aseguró que apoyará la regulación de los precios, pero reclamó se tenga en cuenta a los minoristas. El vicepresidente de la entidad, Daniel Fernández, dijo ayer a Observa que si bien “es viable y necesaria” la idea del Ejecutivo, entiende imprescindible que los formadores de precios –industriales y mayoristas– respeten a los minoristas. “Como se trata de una medida transitoria, creemos que van a colaborar”, expresó.

En julio de 2002, en plena crisis económica, Cambadu había creado la “Bolsa Amiga”, una canasta de alimentos básicos que se vendía a $ 75.


Entrevista con Lepra. El presidente de Industrias Harineras Molino San Salvador, Gonzalo Ruiz, preocupado ante la iniciativa del gobierno de aplicar la misma medida a todos los productos de la canasta básica, solicitó una entrevista con el ministro Jorge Lepra para comenzar un diálogo en busca de soluciones a futuro.

Una de estas alternativas tiene relación con la necesidad de la industria molinera de importar su principal materia prima, el trigo, y estar atada a las oscilaciones de los precios internacionales de este producto, fijados en dólares. Ruiz entiende que es necesario negociar con el gobierno argentino la compra de las 100.000 toneladas anuales que adquiere Uruguay sin la aplicación de los US$ 20 de retención de impuesto por aquel gobierno. “Esto nos permitiría importar trigo competitivo a un precio que evite las pronunciadas subas”, aseguró Ruiz.