Promueven sanciones para exportadores al Mercosur

LA NORMATIVA prevé que la cartera de Economía puede sancionar a aquellos que cometan infracciones de las norma legales y reglamentarias aplicables en materia de régimen de origen. El articulado explica que las entidades emisoras de certificados de origen serán solidariamente responsables con el productor final o exportador en lo que se refiere a la autenticidad de los datos contenidos en el Certificado de Origen y en la declaración jurada prevista para la emisión de dicho certificado. Asimismo, asegura que la responsabilidad solidaria de la entidad emisora del Certificado de Origen no podrá ser imputada cuando esta última demuestre haber emitido el documento en base a informaciones falsas provistas por el solicitante, ya que ello está fuera de las prácticas usuales de control a su cargo. El Certificado de Origen del Mercosur es uno de los documentos que deben emitirse en cada exportación que se realiza para el bloque regional.

Actualmente, las emisoras de los Certificados de Origen son la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios y la Mercantil de Frutos del País. El proyecto de ley agrega que las

sanciones que podrá aplicar el Ministerio de Economía son las de observación, apercibimiento y por último multa, que va desde 20 a 10.000 Unidades Reajustables (UR). El valor de la UR en setiembre es de $ 468,75.

Si se comprobara la falsedad en la declaración jurada prevista para la emisión del certificado, el productor final o exportador podrá ser suspendido por un plazo de hasta 18 meses para realizar operaciones preferenciales amparadas en el régimen de origen de que se trate.

En tanto, las entidades habilitadas para emitir certificados podrán ser suspendidas por un plazo de hasta 12 meses para la emisión de nuevas certificaciones de los productos involucrados en la infracción o de cualquier otro artículo.

El proyecto de ley señala que en caso de reincidir, el exportador podrá ser definitivamente inhabilitado para operar en el Régimen de Origen y la emisora del certificado definitivamente desacreditada para su emisión.

Por último, el documento explicó que las sanciones se graduarán y aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, el grado de culpabilidad y el carácter de reincidente del infractor. Para este contralor, el Ministerio de Economía llevará un registro de infractores. El responsable de comercio exterior de la Cámara de Industrias, Elbio Fuscaldo, dijo a Ultimas Noticias que «surge claro que lo que se está haciendo con este proyecto de ley es establecer un régimen sancionatorio a normas que ya existen».

Fuscaldo señaló que «para emitir una opinión final deberemos analizar si en la redacción del articulado no se puede inferir más de una opción que pueda desnaturalizar la intención expresa del proyecto de ley». Pero sostuvo que «a priori no veo ninguna inconsistencia». Porúltimo, expresó que «en la práctica, además, la CIU siempre verificó o controló como mínimo la consistencia. El hecho de que la declaración jurada nos deslinde responsabilidad no obvia que se hagan los controles».