Protestas contra Evo Morales tensan la situación en Bolivia

No la ha tenido fácil Morales desde que asumió en enero de este año. El primer presidente indígena de la historia boliviana, ha debido enfrentar una creciente oposición de los sectores empresariales y productivos. Un proyecto de ley presentado ayer, que permite la fiscalización de los gobernadores, amenaza con arrojar nafta al fuego.

Esa propuesta abre la posibilidad a que los prefectos (gobernadores de los departamentos) sean censurados por el Poder Legislativo, en el cual el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) es mayoría. De darse esa situación, estos gobernantes estarían obligados a presentar su renuncia al presidente, quien tendría la posibilidad de aceptarla o rechazarla.

Seis de los nueve prefectos ya han manifestado su rechazo a la medida. Se trata de los gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. En total cerca del 80% de la superficie del país y de su población, además de significar el 84% del PIB de Bolivia. Estos prefectos también jugaron fuerte: ya han afirmado haber «roto» con el gobierno.

Como primera medida, ninguno de ellos asistirá a las reuniones que convoque el presidente hasta que no revea su actitud. El jueves se reunirán en Cochabamba para definir nuevas acciones.

«Todas las autoridades tenemos que rendirle cuentas al pueblo boliviano. Esta iniciativa no tiene ninguna mala intención sobre nuestros prefectos. El gran deseo que tengo es que ninguno de ellos sea acusado de corrupción», dijo Morales.

Según los prefectos, que llaman a radicalizar la resistencia contra el presidente, el objetivo último es «poner las cabezas de estas autoridades electas en manos de la mayoría» que detenta el MAS en el Congreso.

A su vez, el gobierno reaccionó minimizando las expresiones de los prefectos. «Si ellos continúan en su medida de aislarse de toda relación con el Ejecutivo, veremos quién pierde», señaló el portavoz del Palacio del Quemado, Alex Contreras, dejando entrever la posibilidad que los gobernantes «tengan miedo» que el Congreso fiscalice sus gastos.

mÁs marchas. Las protestas no terminan ahí. Las poderosas patronales agropecuarias de Santa Cruz, el departamento más rico del país, organizarán hoy una marcha de 40 kilómetros entre Warnes y Santa Cruz en protesta por una ley de expropiación de tierras.

Los productores rechazan que se le dé luz verde a una ley que consagra una evaluación cada dos años de los fundos, y que los improductivos pasen a manos del Estado. La oposición propone que esta misma revisión ocurra cada cinco años.

Los marchantes, que aseguran que su protesta es pacífica, denuncian que el gobierno ha reclutado «grupos de choque» para enfrentarse a ellos.

Por esta misma ley, pero presionando para que se apruebe, tres columnas de manifestantes indígenas piensan hacer «un cerco» a La Paz.

La decisión del gobierno de aprobar una nueva Constitución por mayoría simple (tiene 137 de los 255 miembros de la Constituyente) en vez de los dos tercios requeridos también ha generado reacciones. Desde hace siete días, siete constituyentes opositores están realizando una huelga de hambre para que se revea la medida. Podemos, principal partido opositor, no descarta acudir a la Justicia ante cada decisión de la Asamblea por simple mayoría.

Contreras, en cambio, aseguró que el gobierno no pa- sa por una crisis como la que en el pasado le costó el cargo a dos presidentes (con gran participación de Evo Morales). Según él, son «los partidos neoliberales, algunos malos empresarios y por atrás las empresas trasnacionales» los que buscan el fracaso de la Asamblea.