Proyecto de nueva constitución profundiza la crisis en Bolivia

«La Constitución será aprobada en un referéndum por el pueblo, es lo más democrático», señaló Morales en un mensaje televisado el domingo.

Aunque Morales confía en que el nuevo texto constitucional recibirá el respaldo de la ciudadanía, la eventual nueva Carta Magna sigue dividiendo a los bolivianos, más aún luego de la aprobación general del documento en la Asamblea Constituyente y tras las protestas del fin de semana que dejaron cuarto muertos y aproximadamente 130 heridos.

Su gestión ha estado salpicada por la sangre de los fallecidos en protestas sociales: 27 muertos en apenas 22 meses de mandato. Esa cifra incumple la promesa del entonces candidato Evo Morales de que no habrían más muertos en estas circunstancias, si era elegido.

Los disturbios originaron un cruce de acusaciones entre manifestantes y las fuerzas del orden. Dos de las víctimas -un abogado de 29 años y un estudiante de 19, fallecido ayer tras estar en coma- murieron baleados, presuntamente a manos de la policía. En tanto, un efectivo falleció linchado por los manifestantes, según reveló el comandante de la Policía Nacional, Miguel Vasquez.

Pese a que el presidente no ordenó el uso de la fuerza para reprimir, las autoridades señalaron que los agentes se vieron obligados a actuar en vista de la gravedad de los incidentes.

El caos en la ciudad -de unos 300.000 habitantes- de las últimas horas, desbordada por los enfrentamientos derivó en el repliegue de la policía a Potosí y la intempestiva salida del gobernador de Chuquisaca (provincia de la cual Sucre es la capital), David Sánchez. Aunque la ciudad no quedó definitivamente acéfala, ya que el poder recayó provisoriamente en los comité cívicos sucreños, la situación es aún inestable.

RECLAMO. Los reclamos de los habitantes de Sucre (uno de los bastiones de la oposición) para recuperar el rol de capital plena del país, actualmente en manos de La Paz, culminaron en gravísimos incidentes entre los manifestantes y la policía, en las cercanías del liceo militar donde sesionaba la Constituyente luego de un hiato de tres meses, motivado por las presiones de organizaciones y movimientos estudiantiles y campesinos.

Para ello, el oficialismo (el partido MAS) convocó a sus 136 representantes -sobre un total de 255- para la votación de la nueva Carta Magna ante la ausencia de la oposición que consideró ilegal el cambio de sede de la Constituyente (de un teatro a un local militar), además de reprobar la exclusión del tema de la capitalidad.

El mandatario boliviano -que encabezó ayer una movilización campesina en apoyo al proyecto- considera vital el cambio para impulsar políticas de nacionalización del agua, la energía y las telecomunicaciones, como ya lo hizo con los hidrocarburos.

Para su sanción definitiva, el texto será analizado punto por punto en la Asamblea y tras una tercera discusión pasaría a referéndum. A la espera de esa instancia, Morales lidia no sólo con el rechazo de la oposición que la considera un «papel higiénico usado», sino también con el de sectores populares. Algunos analistas estiman que la nueva Constitución «no representa al país, sino al MAS».

Los expertos estiman que el proyecto del presidente se sustenta en buena medida en su popularidad (más del 60%). Sin embargo, para que sea laudado, Evo deberá conquistar a quienes ven en la futura Constitución otro factor de polarización.

Los escépticos creen que la Carta Magna impondrá el régimen de autonomía indígena que garantizará el centralismo de La Paz, bastión del oficialismo. Con la autonomía indígena, Morales se asegura que las zonas le rindan cuentas a él y obstaculicen la llegada de inversiones extranjeras, punto básico en su dogma nacional.