Rápida condena a un golpe orquestado. Honduras.

como la que despertó el golpe de estado que derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Todas las voces se levantaron contra los militares, Congreso, Corte de Justicia, empresarios y tribunal electoral, que luego de un largo «tira y afloje» sobre una consulta popular que abriera las puertas a la reelección presidencial, esgrimiendo una inconsistente bandera de ilegalidad, derrocaron a Zelaya y lo trasladaron en un vuelo secreto a Costa Rica.

Todo estaba «orquestado», como se comenta en Washington. Se sabía cual sería el nuevo mandatario (el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, correligionario y amigo hasta entonces, de Zelaya), había retornado el destituido jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, hubo rápido «sí», sin grandes comentarios de los altos cargos judiciales y del Congreso, donde se leyó una carta, con membrete y supuesta firma de Zelaya, preparada por calígrafos, que se rumorea no eran muy expertos.

Un burdo cuartelazo después de dos décadas de gobiernos democráticos. Manuel Zelaya, fuerte ganadero -siempre vestido de botas y sombrero de ala ancha-, había sido electo por partidos de centro derecha, con un discurso contra la pobreza, como bandera principal. Poco después inició el camino del populismo junto a los líderes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Las tensiones eran de esperar. Pero las elecciones generales estaban fijadas para noviembre. Y nace entonces la idea de Zelaya de un referéndum, convocado para el domingo pasado, para permitir la reelección presidencial, resistido por militares, antiguos compañeros de partido político, la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. Había amenazas de uno y otro lado («lo llevaré adelante aunque suenen las balas», había anunciado Zelaya), hasta que ocurrió el «cuartelazo» de la madrugada del domingo.

Nadie de la oposición golpista pensó intentar un juicio político. Con prepotencia sacaron a Zelaya de la cama y esgrimieron como causa, con pobres argumentos, que impulsaba «un acto inconstitucional».

La OEA abrió el fuego en la condena. Las miradas se dirigieron hacia Estados Unidos, desde hace varias décadas aferrado a una política ajena a la de los organismos multilaterales y de apoyo descubierto u oculto a los «golpes de Estado» en la región. Esta vez el cambio fue evidente. Barack Obama, desde la Casa Blanca, exhibió «su preocupación» y destacó que «la destitución del presidente Zelaya no era legal, sigue siendo el presidente de Honduras y si se acepta la situación quedará sentado un terrible precedente».

Pero «a río revuelto ganancia de pescadores», dice el dicho. El presidente Hugo Chávez vio la oportunidad de levantar su alicaído protagonismo personal. Y comienza a liderar reuniones de los países populistas -Ecuador, Bolivia y Nicaragua- como abanderado de la legalidad y amenaza con «movilizar el ejército y derrocar a los usurpadores».

Obama y Uribe el lunes en Washington alertaron sobre el «principio de no intervención», recordando que la Carta Democrática de la OEA obliga a «resolver cualquier disputa o tensión pacíficamente, por medio de un diálogo libre y sin interferencia extranjera».

Mañana jueves anunció Manuel Zelaya que retornará a Honduras ( «pase lo que pase»), acompañado por el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y los presidentes que lo quieran acompañar (se han ofrecido Hugo Chávez , Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa), mientras en Honduras, sus autodesignadas autoridades alertan que llevarán al mandatario tras las rejas.

Un panorama por cierto preocupante. El golpismo que surge otra vez en Latinoamérica, los populismos que intentan manejar sin rumbo a la región, y el peso de Estados Unidos, con una nueva política de diálogo, alejada del duro antecedente de George W. Bush.