Reclamo oficial sin fundamento

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, pidió a las cámaras empresariales que retiren sus objeciones planteadas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El argumento del ministro es que el 92% de acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios demuestran una armonía en el área laboral que quita sentido a las quejas empresariales. Pero el reclamo ministerial carece de sustento.
Por un lado, los Consejos de Salarios constituyen solo una parte de las relaciones entre sindicatos, empresarios y gobierno. En este campo, incluso, el alto nivel de acuerdos no representa necesariamente actitudes conciliatorias de las partes. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, aseguró que si bien en algunos casos los acuerdos se alcanzaron libremente, en otros los empresarios fueron coaccionados por el gobierno a aceptar fórmulas con las que no estaban de acuerdo, bajo amenaza de un fallo arbitral desfavorable del Poder Ejecutivo.

Pero más allá de si hubo buen o mal nivel de acuerdos, es preocupante que el ministro soslaye que los reclamos del sector empresarial, acogidos por la OIT, tienen un fundamento filosófico y de principios, que atañen a la libertad de trabajo y al derecho de propiedad. La OIT, por de pronto, hizo recomendaciones sobre las ocupaciones y la incidencia del Poder Ejecutivo en la libertad de negociación entre empresas y sindicatos. El error jurídico de considerar las ocupaciones como extensión del derecho de huelga fue corregido cuando el gobierno retiró del texto de la ley los artículos que habilitaban esas medidas. Pero fue una corrección meramente cosmética, porque sigue en vigencia un decreto que, bajo el manto de regular las ocupaciones, de hecho las permite.

La OIT señaló que dicha medida de lucha solo es admisible si los ocupantes respetan el derecho de propiedad para que los empresarios ingresen a las instalaciones y la libertad de trabajo, para que los trabajadores que no estén de acuerdo puedan cumplir sus tareas. El organismo rector de las relaciones laborales en el mundo también objetó la excesiva injerencia gubernamental en las negociaciones bipartitas. Pese a que el ministro Brenta se comprometió públicamente hace 10 meses a cumplir las observaciones de la OIT, desde entonces la inacción oficial en este punto ha sido total.

El gobierno, que ha mostrado una saludable firmeza ante algunos desbordados conflictos sindicales recientes, había resuelto convocar a empresarios y sindicatos a discutir cambios que equilibren la ley de negociación colectiva. El PIT-CNT la defiende a rajatabla porque esa ley le otorga excepcionales ventajas en cualquier negociación, y bajo esa ley se realizaron los recientes Consejos de Salarios. Lo que el gobierno debe entender es que las recomendaciones de la OIT deben cumplirse, y no son moneda de cambio en ninguna negociación ni están atadas a éxitos o fracasos de los Consejos de Salarios. Los derechos y libertades afectados y limitados por esas normas deben ser respetados, en primer lugar por el gobierno que las dictó. Ni más ni menos ha dicho la OIT.