Reforma del agua: proyecto blanco divide a la izquierda

El proyecto de ley interpretativo sobre los efectos jurídicos de la enmienda constitucional sobre el agua que el Partido Nacional presentó ayer de tarde en el Senado, generó reacciones dispares en tiendas de la izquierda. Aunque considera “inconstitucional” este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo no se propone vetarlo si fuere aprobado por el Parlamento, afirmaron ayer fuentes del gobierno a El Observador.
En sustancia, el proyecto del Partido Nacional establece que la enmienda constitucional no tiene efecto retroactivo y que, por ende, sus consecuencias “no afectan la situación jurídica de los prestadores de servicios públicos” que deriven de “relaciones jurídicas creadas con anterioridad al 31 de octubre del 2004”.

El texto afirma que “los actos y contratos que vinculan a dichos prestadores con personas jurídicas públicas estatales continuarán vigentes en todos sus términos y condiciones”. Y culmina diciendo que “la entrada en vigencia de la mecionada reforma constitucional no generará derecho alguno a indemnización a favor de los prestadores mencionados”.

Con su movida política, los nacionalistas también procuran forzar una definición concreta del Encuentro Progresista (EP), en un tema en el que internamente se han ventilado opiniones claramente discordantes.

Hablando “a título personal”, el vicepresidente electo, Rodolfo Nin Novoa, dijo ayer a El Observador que está dispuesto a analizar el proyecto nacionalista.

Nin recordó que el presidente electo, Tabaré Vázquez, aún antes de las elecciones nacionales, pero también después de estas, manifestó que la enmienda no tenía efecto retroactivo.

En un mismo sentido, el futuro ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer a El Observador que si bien no le gustan “las leyes interpretativas” y prefiere “las leyes reglamentarias”, se trata “de un asunto que debería tener una solución legislativa”.

Cuando el proyecto aún no había sido presentado, el senador socialista José Korzeniak se mostró discrepante con quienes, dentro de la izquierda, pretenden que la enmienda no tiene carácter retroactivo.

“Si la ley interpretativa, como me temo, lo que quiere es decir que Aguas de la Costa y Uragua pueden quedarse todo el tiempo que quieran y que la reforma no afecta situaciones anteriores, entonces esa ley interpretativa es contraria al texto constitucional que se acaba de aprobar por una mayoría abrumadora”, declaró el legislador socialista a CX 14 El Espectador.

En Canal 4, a mediodía de ayer, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica (ver recuadro), no expresó un rechazo concreto al proyecto nacionalista, pero señaló que “es muy difícil” oponerse a la visión de Korseniak dado su carácter de “experto constitucionalista”.

Por la tarde, sin embargo, en medio de estos vaivenes en la izquierda, Mujica dijo a El Observador que está dispuesto a apoyar la solución “que le cueste menos plata al país”. La propuesta blanca será analizada por la Mesa Política del Frente Amplio el lunes, a raíz de un planteo de un delegado de las bases de Maldonado. En ese departamento –donde operan las dos empresas privadas más importantes que usufructúan concesiones–, los diputados electos del EP, Darío Pérez y Oscar de los Santos, hicieron campaña manifestando que las concesiones caían por efecto de la reforma y continúan favorables a esa prédica.


Los gremios. En tanto, la mesa representativa nacional de la gremial de funcionarios de Ose (Ffose), se reunirá el lunes. El presidente de la gremial, Carlos Sosa, dijo ayer que la ley que promueven los blancos pretende “modificar la voluntad popular”. el gremio quiere reunirse con Vázquez. De concretarse este encuentro con los sindicalistas que impulsaron la reforma constitucional, el presidente electo deberá discrepar con ellos. Antes de las elecciones Vázquez había advertido que, según su opinión, la reforma no era retroactiva.


El gobierno. Mientras que la oposición discrepa con el Poder Ejecutivo, y discrepa a la vez entre ellos mismos, el gobierno sigue adelante con su idea de aplicar la reforma y dar marcha atrás en las concesiones.

El presidente Jorge Batlle dijo ayer que su papel es hacer cumplir la Constitución y que le dará un plazo a la Ose para que procese la transición.

En tanto, el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, expresó su “malestar” con declaraciones del senador blanco, Francisco Gallinal, quien culpó al gobierno por “el zafarrancho” creado con la interpretación que dio a la reforma. “El zafarrancho lo armaron quienes impulsaron la enmienda, entre ellos el presidente del Directorio del Partido Nacional”, dijo Costa.