Represión del régimen militar a protesta de monjes en Birmania

Se acabó la paciencia de los militares y comenzó la represión en Birmania. La tan temida violencia –y esperada, por otra parte– se desató ayer con al menos cuatro personas muertas, entre ellas tres monjes budistas, durante las protestas a favor de la democracia reprimidas por la junta militar.
Tras nueve días de protestas, que fueron creciendo en importancia en todo el país, la Policía y los soldados birmanos, desplegados durante la víspera por el régimen, utilizaron ayer porras, gases lacrimógenos y hasta sus armas para disolver a los manifestantes.

Como fue habitual en la última semana, una multitud acompañó las protestas callejeras: unas 100.000 personas desafiaron ayer a las autoridades a pesar de las advertencias de la junta militar de que no consentiría concentraciones de más de cinco personas y con el anuncio del lunes del toque de queda en la antigua capital Rangún y en la segunda ciudad, Mandalay.

El asunto hace rato que alcanzó importancia mundial; ayer la Unión Europea y Estados Unidos condenaron conjuntamente la reacción militar birmana, y pidieron a países vecinos como China –principal aliado de Birmania– que presionen al régimen.

Las marchas han sido las más grandes de opositores en casi dos décadas en Birmania, o Myanmar, como rebautizó a la ex colonia británica la junta militar. Las protestas de estos días se centran en la suba del combustible y del precio del transporte, pero hay una historia de trasfondo de autoritarismo que llevó a los monjes a manifestarse. La protesta es más bien política: se busca la democratización del país y la unidad nacional.

Ayer dos de los monjes fueron apaleados hasta morir mientras que otro falleció por un disparo mientras intentaba quitarle el arma a un soldado en Rangún. Al menos un centenar de personas resultaron heridas, y unas 200 fueron detenidas, la mitad de ellas bonzos budistas.


Previsible. La violencia y la represión era algo más que previsible, si se tiene en cuenta el contexto político y social de Birmania. Los militares gobiernan este país, uno de los más pobres y aislados del mundo, desde hace 45 años. En 1988 la junta militar reprimió de forma muy sangrienta otras protestas similares. Unas 3.000 personas murieron entonces.

Según la ONU, el régimen tiene un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, que incluyen ejecuciones sumarias, torturas y reclutamiento de niños para el Ejército. La junta militar ha ignorado repetidamente la demanda de Estados Unidos y la UE de liberar a más de 1.000 prisioneros políticos.

En Birmania no se celebran elecciones parlamentarias desde 1990, cuando el partido oficial perdió de manera abrumadora ante la Liga Nacional por la Democracia (LND), pero los militares las anularon.


Seguirán. A pesar de la represión, los manifestantes aseguraron que no cederán ante las intimidaciones del régimen y continuarán con sus protestas.

“No tememos ninguna amenaza de los militares, no son rival para nosotros. Continuaremos con nuestra lucha”, indicó el portavoz de la asociación de monjes, U Adipati.

Las muertes de los monjes se produjeron en la célebre pagoda de Shwedagon, punto de reunión de los religiosos desde que empezaron a desfilar el 18 de setiembre.

Los monjes intentaron ayer dirigirse a la residencia de la gran dirigente opositora, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 62 años de edad, en arresto domiciliario desde 2003. El partido de Suu Kyi, el LND –única fuerza opositora en el país–, declaró que el régimen militar había cometido “un error irreparable” y un “grave crimen” al atacar a manifestantes pacíficos.

Habrá que esperar el desenlace de este problema, con las sanciones económicas provenientes de las potencias mundiales. Y con el nuevo panorama que los militares birmanos tienen ahora, con los monjes –que antes no se manifestaban y a quienes solían consultar– totalmente en su contra. (El Observador, AFP, AP, Bloomberg y EFE)