Rescindirán contrato con Uragua sin indemnización

“Estamos decididos a rescindir el contrato porque creemos que ellos no cumplieron a cabalidad con sus servicios. No hay indemnización posible. En eso estamos firmes”, dijeron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo.

Luego del plebiscito realizado junto a las elecciones nacionales del 31 de octubre que reservó para el Estado los servicios de agua potable y saneamiento, la empresa Uragua –que presta esos servicios en parte del departamento de Maldonado– comenzó a reclamar que se cumpliera con el traspaso y se le pagara indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

Pero el gobierno entiende que fue la empresa de capitales vascos quien no prestó sus servicios con la calidad exigida y por tanto no le corresponde cobrar ni un peso.


Correcto accionar. Ayer la empresa Uragua emitió un comunicado (ver página 7) en el que insiste con sus reclamos. Pero las fuentes del gobierno señalaron que el contenido del escrito representa “más de lo mismo” y no cambiará ni un ápice la postura del oficialismo.

El comunicado de la empresa española lleva por título “A seis meses del pronunciamiento plebiscitario del 31 de octubre del 2004” y recuerda que, según la opinión de “destacados constitucionalistas”, la aprobación de la enmienda extinguió el contrato entre Uragua y el estado uruguayo.

“Manifestamos nuestra preocupación ante el no cumplimiento de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de noviembre de 2004, en la que se instruye al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a que supervise y coordine con OSE y con la URSEA, en el más breve plazo posible, las acciones pertinentes que concluyan en el traspaso de la administración de los servicios que hoy presta Uragua a ‘la persona jurídica estatal correspondiente´”, dice el comunicado.

Uragua sostiene que el Estado tampoco le ha dado cumplimiento al decreto del Consejo de Ministros del 13 de diciembre de 2004 “en el que se ordenaba la instrumentación de las acciones correspondientes a la ‘pronta y efectiva transferencia´ de los servicios”.

“En todo momento hemos mantenido un nivel de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento de acuerdo a estándares internacionales”, considera la empresa,

En ese sentido, Uragua dice que sólo “le corresponde actuar acatando las leyes vigentes y, en salvaguarda de sus derechos, iniciar las acciones que corresponden para resguardar su buen nombre y correcto andar”.

El portavoz de la empresa, Ernesto Kreimerman, dijo que el gobierno no los ha llamado para iniciar ninguna instancia de negociación “para tratar de hacer cumplir lo que dice la Constitución”.