Retiran 38.796 formularios para participar del Plan de Emergencia

De esas casi 39.000 personas, 18.990 ya devolvieron el formulario en los locales del BPS desde que el viernes de mañana se abrieron las inscripciones. El objetivo de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social es incluir a unas 200.000 personas en el Panes durante los próximos dos años y el registro se mantendrá abierto durante dicho período.

Hoy finalizará la primera “tanda” de entrevistas en hogares y hasta el domingo de noche habían sido censados 5.200 hogares. Durante las cuatro primeras jornadas se visitaron cinco o seis localidades por departamento, y las recorridas continuarán en una fecha a determinar para llegar a las ciudades y pueblos aún no visitados, dijeron a El País fuentes de la cartera.

INICIATIVAS. En tanto, el Poder Ejecutivo firmó ayer el proyecto de ley de creación del ingreso ciudadano, y el de regulación del voluntariado social para el Panes.

En el primero de ellos se declara la situación de “emergencia social” y se crea el Panes. El proyecto indica que se establecerán acciones en materia de ingresos, seguridad alimentaria, salud, educación, capacitación, y generación de condiciones y oportunidades de empleabilidad.

Las prestaciones se otorgarán a los hogares cuyos ingresos no superen los 1.300 pesos mensuales promediales por persona y, además, presenten “carencias críticas” en sus condiciones de vida. A tales efectos, se considerará la composición familiar, las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se relevará el equipamiento disponible.

La iniciativa establece que el ingreso al plan se solicitará ante el Banco de Previsión Social (BPS) directamente por un miembro del hogar mayor de edad, aunque admite la posibilidad de que puedan hacerlo las “jefas de hogar menos de 18 años que estén embarazadas o tengan a su cargo hijos menores de edad”.

El proyecto pone hincapié en el cumplimiento de contrapartidas por parte de los beneficiarios: inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo formal, controles médicos periódicos de niños, adolescentes y mujeres embarazadas, así como la participación en actividades y tareas comunitarias solidarias.

“El incumplimiento de tales contrapartidas sin causa justificada determinará la suspensión de las prestaciones otorgadas”, se afirma.

El otro proyecto firmado ayer establece como deberes de los voluntarios sociales “guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad”, rechazar “cualquier contraprestación por parte del beneficiario o de otras personas relacionadas”, e informar con antelación la posible inasistencia a las actividades, entre otros elementos.

Se crea, además, un registro nacional del voluntariado.