Se destrabó discusión por reforma de Banco Central.

Legisladores de Asamblea Uruguay y del Espacio 609 confirmaron ayer a El País que se llegó a un acuerdo luego que Economía y el Banco Central aceptaron dejar por el camino algunas de las disposiciones del proyecto de ley.

El entendimiento se comenzó a definir hace un mes y medio y las últimas etapas de la negociación se dieron en las últimas semanas.

El último tema en el que se llegó a un acuerdo es la forma de designación del directorio de la autoridad monetaria. En el proyecto de ley se estableció aumentar de tres a cinco los miembros del directorio.

Además, se determina que el mandato de cada miembro «tendrá una duración de ocho años» a partir de su nombramiento «pudiendo ser designado por un segundo período consecutivo».

El Poder Ejecutivo tendría la potestad durante su primer año de gobierno o cuando el presidente del BCU cese en su cargo de designar al titular del directorio. En el proyecto, se destacó que la desvinculación del nombramiento de los directores del «ciclo electoral» contribuirá al «mejoramiento de la autonomía» del banco.

Buena parte de los legisladores se mostraron en contra de la iniciativa y finalmente se decidió sí ampliar el número de directores pero con el sistema actual de elección. En un momento de las negociaciones -y ante la negativa de Economía- se llegó a pensar en dejar el sistema tal como está ahora.

DISPUTAS. Otro de los puntos en discordia era la forma en que debían dirimir sus diferencias el Banco Central y el Ministerio de Economía dentro del Comité de Coordinación Macroeconómico.

El proyecto determinó que si no existiera acuerdo «se estará» a lo que resuelva Economía dando al Central la posibilidad de informar al Senado su posición si cree que «la decisión finalmente adoptada afecta sustancialmente» las finalidades que tiene como autoridad monetaria. Se propuso que lo actuado por el comité, sus fundamentos y «eventuales diferencias», se comunicaran en un informe público.

Esta disposición generó resistencia entre los legisladores que finalmente lograron que fuera modificado. El senador del Espacio 609, Alberto Couriel, fue especialmente crítico con esta idea porque podría hacer vulnerable la posición del equipo económico.

SEMÁNTICA. También hubo diferencias por la forma en que se redactaron las «finalidades» del BCU. La diferencia, aunque parece semántica, apunta a un tema más de fondo y es al riesgo de una excesiva autonomía del Central.

En el proyecto se puso como fines «primordiales» la estabilidad de precios junto a la regulación y supervisión del sistema de pagos y financiero. «Sin descuidar» esas finalidades el banco «deberá apoyar» la política oficial para lograr «altos niveles de empleo y de crecimiento».

Los legisladores propusieron y lograron que en la redacción sea más explícito ese apoyo.

El otro punto en cuestión fue la autonomía que tendría el titular de la futura Superintendencia de Servicios Financieros. En el proyecto de ley se determinó que para cesarlo se debía tener la unanimidad de los cinco miembros del directorio.

Para el grueso de legisladores, eso impediría de hecho la posibilidad de cesarlo por lo que plantearon que se pudiera dar por mayoría simple.