Se viene una revisión de metas con el FMI muy distinta a otras

El gobierno ya anunció que cancelará la deuda en 2007 y que no renovará el programa. Por eso entre los funcionarios ya se piensa en el manejo «pos Fondo». Seguirá la disciplina fiscal pero sin las exigencias y restricciones de un programa con el organismo y se dará más prioridad a las necesarias inversiones públicas en infraestructura y, especialmente, en energía.

Los costos vinculados a la energía, justamente, son los que han pegado más fuerte este año sobre los números fiscales. En el equipo económico se entiende que hay temas estructurales en esta área y que por tanto se deben realizar mayores inversiones.

Los datos a setiembre muestran que el superávit primario está en el orden de 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando la meta para todo el año es de 3,7%. Las cifras a lo largo del año mostraron sobrecumplimiento en algunos meses y el gobierno está seguro que alcanzará el objetivo para 2006. En los datos mensuales no están incluidos los datos de las intendencias, que si se incluyeran darían un superávit mayor.

Lo cierto es que el factor energético está costando y mucho al gobierno. Comparando con los meses finales de 2005 el menor resultado de las empresas públicas -básicamente Ancap y UTE- por menores resultados y transferencias representa un 0,7% del PIB (Ver artículo en Economía y Mercado).

El gobierno tenía previsto que en 2006 el costo de los problemas por la falta de lluvias ascendería a U$S 140 millones. Los últimos datos revelan que a esa suma hay que agregarle U$S 230 millones, lo que casi triplica el monto original. El gobierno absorbió la mayor parte de ese sobrecosto y sólo trasladó a tarifas U$S 30 millones, a través de la suba promedio de 5,5% resuelta en invierno. Rentas Generales absorbió ya U$S 170 millones, lo que podría suponer que no estaría lejos un nuevo ajuste si se mantuvieran los actuales costos de generación. El traslado de los mayores costos a la tarifas es uno de los temas en los que el FMI siempre ha insistido con el gobierno.

Para 2007 el acuerdo con el FMI prevé que el superávit fiscal sea de 4% del PIB. En este caso se incluirían inversiones en infraestructura por 0,25% del PIB.

El gobierno ha asegurado que los aumentos de gastos y de inversiones incluidos en la Rendición de Cuentas están «en línea» con el resultado fiscal previsto en el programa. Si el gobierno cancela durante 2007 y el FMI luego sólo realiza la supervisión de la economía, el manejo de cómo llegar a ese resultado estará librado exclusivamente a la estrategia del gobierno. Además aunque la economía seguirá creciendo a buen ritmo -en torno al 5%- es previsible que las tasas de crecimiento de la recaudación impositiva y previsional comiencen a ser más bajas, lo que daría menos margen al manejo de las cuentas públicas.

Todas las fuentes consultadas en el equipo económico aseguran que se mantendrá la disciplina fiscal para seguir abatiendo la relación deuda-PIB pero que habrá mayor margen de acción. Asimismo el gobierno insistirá con la aprobación de las reformas estructurales aunque sin el corsé de los cronogramas acordados con el FMI. La misión que analizará la quinta y sexta revisión del programa podría trabajar en ajustar el cronograma debido a la demora en cumplir algunas reformas.