Semana clave para discusión por fueros; no se vislumbran acuerdos

En tanto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emite señales de tranquilidad y conformidad con su propio desempeño durante la discusión en la comisión cuatripartita, formada por empresarios, trabajadores, representantes del Ministerio y del Parlamento, creada para resolver el tema.

Las partes se reunirán hoy en un nuevo intento por lograr lo que no se alcanzó en casi dos meses. El 31 de octubre vencerá el plazo de 60 días que el Ministerio otorgó a cámaras empresariales y sindicatos para acordar ajustes al proyecto. Las cámaras manifestaron su clara oposición a algunos artículos clave del mismo, que a su vez tenían el visto bueno de los trabajadores.


Diferencias y alternativas. Los empresarios presentaron en la comisión el texto “Aportes para un documento consensuado”, iniciativa respaldada por las 17 cámaras en la que el sector rechazó que la prohibición de despidos por motivos gremiales favorezca a todos los afiliados a cualquier sindicato.

Propusieron brindar garantías sólo a dirigentes y promotores de gremios, pero recibieron como respuesta una negativa del PIT-CNT, que ve en ese modelo el germen de una “aristocracia sindical” incongruente con la “concepción clasista” del sindicalismo uruguayo, según dijo a El Observador el dirigente de la salud privada, Jorge Bermúdez.

Las cámaras empresariales no aceptan que se consagre la restitución de todos los activistas despedidos; oponiéndose a la inversión de la carga de la prueba, ofrecieron a los gremios el aporte conjunto de la causal probatoria en torno a cada caso en particular.

El proyecto del gobierno también fue desaprobado por los empresarios en cuanto a la creación de un registro de empresas infractoras de la nueva normativa, aunque el Ministerio presentó una corrección para que ese registro, en cuya nómina estarían las firmas impedidas de licitar con el Estado, afecte únicamente a aquéllas que reincidan en la vulneración de los derechos sindicales vigentes.


Libertad e inversiones. El dirigente de la Cámara de Comercio, Horacio Castells reiteró la semana pasada el temor empresarial de que el proyecto gubernamental aleje del país futuras inversiones “en comercio y en servicios”, áreas que “generan el 50% de los empleos”. En ese contexto se inscribe la propuesta patronal de resarcir económicamente a los despedidos por razones sindicales en lugar de proceder a su restitución. El PIT-CNT aclaró que no acepta esa variante.

El conglomerado empresarial aspira a establecer un piso de 20 trabajadores por cada dirigente con fuero, opción que según el PIT-CNT amenaza la existencia de organizaciones gremiales en las pequeñas y microempresas, que concentran bastante más de la mitad de la mano de obra activa.

El documento de las cámaras fue un generador de dinamismo en el clima de trabas que predominó durante los dos meses de funcionamiento de la cuatripartita, transcurridos entre errores parciales (del MTSS), reproches cruzados y un debate ideológico que incluyó referencias constitucionales en torno a las potestades de las empresas para determinar su vinculación con el personal.

La iniciativa adjuntó una cláusula para la prevención de conflictos y precisó el rechazo del sector a que el fuero sea extendido a empleados transitorios, en prueba y pasantes.

El director de Trabajo, Julio Baraibar, valoró positivamente la plataforma patronal y el ministro Bonomi puso su firma y remitió a Presidencia el proyecto de decreto sobre prevención.

El movimiento sindical percibe que “hay empresarios” para quienes “el mejor sindicato es aquél que no existe, como en la Revolución Industrial”, según expresó Bermúdez a El Observador. Tras el fracaso de la cuatripartita el martes pasado, el gremialista bancario Juan José Ramos advirtió que las conversaciones estaban “casi” agotadas.

En tanto, calificados voceros empresariales denunciaron cierta “pasividad” del MTSS y el titular de la cartera les respondió que hace un mes “hubo acuerdo” entre las partes. Bonomi dijo sentirse sorprendido ante la tardanza de los empresarios en plantear la “cuotificación” de los fueros, al tiempo que el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Puig, reconoció que “quizás” había llegado el momento de que “el Parlamento resuelva” en torno a un tema que cámaras y sindicatos consideran estratégico.