Serio escollo: el IRPF a uniformados

La ministra de Defensa, Azucena Berrutti inició una negociación directa con su par de Economía, Danilo Astori, para hallar una solución en la aplicación del IRPF en las Fuerzas Armadas. El planteo de Berrutti a Astori surgió luego que los tres comandantes en jefe le manifestaron su inquietud por las dificultades que representa gravar los sueldos de los soldados por alimentación y alojamiento en los cuarteles.

El tema derivó en una sanción al director general de Recursos financieros de la cartera, un contador civil, que fue suspendido por 30 días por decisión de Berrutti, luego que el funcionario, basado en las disposiciones de la DGI, le remitió documentación para que firmara en la que se incluían las partidas de alimentación que reciben los militares, según informó ayer El Observador.

La tesis de la cúpula militar es que la comida a los efectivos es financiada con «los rubros presupuestales» de cada Fuerza y no figura en los recibos de sueldos como partidas por alimentación. La inquietud de los comandantes se basa en que se debería calcular el costo de cada plato de comida que reciben en los cuarteles, para sumárselo al sueldo de los efectivos. Lo mismo sucede con el alojamiento. Si bien a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas se les asignan viviendas por períodos determinados, otros pernoctan en los cuarteles por estar de guardia, mientras que muchos que no tienen casa propia, viven en las unidades militares.

Berrutti se comprometió ante los comandantes a darle respuesta a sus planteos, una vez que Economía se expida.

Debe cumplir. El director Nacional de Rentas, Nelson Hernández, declinó opinar sobre la sanción administrativa en Defensa, pero no dudó en señalar que la cartera «tiene que cumplir con la reforma tributaria» Aclaró que en las explicaciones que se le dieron al funcionario de Defensa, como en otros casos, se señaló que «la alimentación está comprendida en el IRPF, aunque no la vestimenta».

El director de Rentas dijo a El País que se hace en este caso «una asimilación con la actividad privada», donde se gravan los pagos en especie, pero no cuando se entrega a un empleado un uniforme de trabajo.

En el caso de la vivienda, Hernández estimó que la solución sería «determinar un ficto». En este caso el Ministerio «se hace cargo de un gasto de la persona que es propio».

Impuesto al 222. Que el IRPF alcance a los ingresos de muchos policías que realizan el servicio 222 ha generado protestas y amenazas de conflicto en filas de la fuerza.

Es habitual que particulares, empresas o dependencias públicas contraten servicios de vigilancia a la Policía y del pago por esta actividad, que se realiza a los funcionarios a manera de «hora extra», es para el nuevo sistema tributario un ingreso más pasible de gravamen.

La directiva de la Mesa Coordinadora de Sindicatos Policiales (Conasip), uno de los sindicatos policiales, se reunirá mañana con la ministra del Interior, Daisy Tourné, para analizar la situación. El integrante de esa agremiación, Carlos Ferrer, dijo a El País que el encuentro será decisivo en los pasos que se seguirán a futuro. El sindicato policial de Maldonado anunció un paro de los servicios 222 para el sábado.

Ferrer aseguró que de no aparecer una solución al problema se espera que la movilización tenga alcance nacional.

«Se nos agrega el pago del 222 al sueldo para descontarnos, pero no se lo agrega para la jubilación», señaló Ferrer.

Por su parte, el Sindicato Único de Policías del Uruguay, espera la resolución del tema mientras prepara un juicio contra el Estado por este pago «casi en negro» y por la retención del 20% que queda en manos del Ministerio del Interior.

El subsecretario del Interior, Ricardo Bernal, dijo ayer que «la mejora en el sistema del servicio 222 se está analizando desde el año pasado». Explicó que «se busca la forma para que cuando el policía se retire tenga el incremento correspondiente en su sueldo».

Para el director de Rentas «está claro» que estos ingresos tributan IRPF. «No hay duda que entra en el IRPF y desde hace tiempo que esto está claro con el Ministerio del Interior. La propia Policía lo entiende así.», señaló Hernández. «Se señala que esa remuneración no genera beneficios sociales, pero esto está fuera de la competencia de la DGI».