Sutel apunta contra América Móvil y pretende que se anule la subasta

El gremio ha desatado una fuerte ofensiva contra el reglamento que se apresta a aprobar el directorio del ente, para que la primera de las nombradas se interconecte a la red de Ancel en el momento en que desembarque en nuestro país.

Sutel insistirá ante el gobierno electo para que anule la subasta realizada en mayo pasado, la cual adjudicó a la mexicana América Móvil una nueva banda de telefonía celular. El sindicato sostiene que la llegada de la misma a Uruguay es “ilegal” y contraviene la voluntad popular expresada en el referéndum que anuló la llamada “Ley de Empresas Públicas” en diciembre de 1992, así como la Carta Orgánica de Antel, que establece el monopolio de los servicios telefónicos en todo el territorio nacional.

“Hablan de la competencia como si fuera la gran panacea, como si fuera el remedio para todos los males, y uno ve que en el mercado de los alimentos hay competencia y los niños se mueren de hambre, en la vivienda hay competencia y cada vez hay más gente durmiendo en la calle”, dijo el dirigente Augusto Larrosa a Últimas Noticias.

Larrosa diferenció la situación de Movicom de la de América Móvil, en relación a la interconexión a la red de Ancel existente. Tanto las autoridades de la Ursec como del directorio de Antel habían expresado que la interconexión es necesaria para que los usuarios de una empresa se puedan conectar con usuarios de la otra. “Movicom tiene interconexión porque es arrendataria. En 1991 comenzó a funcionar, para nosotros también en forma ilegal, mediante contrato de arrendamiento.

Apartir de la victoria en el referéndum de la ley de Empresas Públicas, Antel debe reconocer su participación en la telefonía celular y forma Ancel. Alos tres o cuatro años, ya tenía muchos más usuarios que su competidor”, dijo.

Para Larrosa, Antel perderá muchos millones de dólares con la competencia de América Móvil y la española Telefónica, que ha comprado Movicom.

En cuanto a lo que ha sido la posición del Frente Amplio en este tema, el dirigente recordó que, previo a la subasta, la Mesa Política emitió una declaración, la que fue aprobada por unanimidad, en la cual se sostenía que se iba a revisar la misma en caso de ser gobierno. El asunto motivó un recurso judicial presentado por el senador Reinaldo Gargano.

Consultado sobre declaraciones del futuro Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien dijo que al momento de asumir iba a respetar los contratos firmados por el Estado, Larrosa dijo “no saber” a qué contratos se refiere el líder de Asamblea Uruguay, por cuanto la subasta no es un contrato y en la misma se entrega parte de la soberanía nacional.