Tercerizaciones: los empresarios reclaman una ley interpretativa

La ley 18.099, por la cual “se establecen normas” para la “protección” de los “derechos de los trabajadores” frente a “los procesos de descentralización empresarial”, es valorada desde las cámaras como “inadecuada” porque “agrega elementos de incertidumbre jurídica” al relacionamiento contractual y comercial entre empresas, manifestó a El Observador el asesor letrado de la Cámara de Comercio (CNCS), Juan Mailhos.

El principal motivo de rechazo refiere a la presunta transferencia de responsabilidades del Estado hacia las firmas contratantes, respecto a las obligaciones legales que eventualmente incumplan las empresas contratadas por otras para proveer servicios. “Esta ley terceriza los controles del Estado a las empresas”, lamentó Mailhos, algo que contrasta con la necesidad de “contribuir a la certidumbre jurídica” mediante la generación de “mecanismos concretos” de delimitación de responsabilidades.

La norma suscrita el 24 de enero por el gabinete ministerial estableció la responsabilidad solidaria de las firmas contratantes de servicios o mano de obra ante futuros incumplimientos legales de las empresas contratadas a tales efectos (ver recuadro).

Para Mailhos, la solución al problema puede pasar por “una ley interpretativa” de la primera, porque “técnicamente un decreto reglamentario no permite ir mucho más allᔠdel propio texto sancionado.


Problema para el Estado. Las objeciones abundan. El dirigente de la Cámara de Industrias (CIU), Andrés Fostik, se preguntó por “el caso de un (servicio) 222” contratado por una compañía.

Es que la ley estipuló que “todo trabajador contratado” a través de mecanismos legales heterodoxos deberá ser “informado previamente por escrito” acerca de sus “condiciones de empleo, su salario y (…) la empresa o institución para la cual prestará servicios”.

Fostik concluyó que los empresarios “no” podrán “dejar entrar” a sus locales a los policías si estos no exhiben “el papelito” con dichos requisitos, “aunque haya riesgo de robo”. “Y el seguro no cubrirᔠeventuales ausencias de

funcionarios, señaló con preocupación. El industrial también aludió al artículo 5º de la norma, que protege a los empleados “provistos” a una compañía “por empresas suministradoras de empleo temporal”.

Esos trabajadores “no podrán recibir beneficios inferiores” a los fijados por “laudos” oficiales, “convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen” y que correspondan “al giro de actividad” de la firma a la que fueron asignados, indica la propia ley. “¿Y si luego de una semana (al trabajador) lo envían al Banco República o a una empresa que tiene (premios por) productividad” en su convenio colectivo o en el de su rama?, prosiguió el empresario, al reflexionar sobre límites y precisiones que considera ausentes del texto.

Puntualizó que la “preocupación” de los empleadores “no está en absoluto en combatir a un gobierno” sino en “marcar los errores” en que pueda incurrir.

Fostik vislumbra los “problemas” que afrontará “el Estado” cuando deba aplicar la ley. “El Estado es el más incapaz e ineficaz a la hora de controlar” y el cumplimiento de sus funciones depende en buena medida de las “muchísimas subcontrataciones y tercerizaciones” que abundan en sus estructuras, recordó.


Interés común. El dirigente de la CIU coincidió con Mailhos en la necesidad de “una ley reglamentaria” que incorpore precisiones al nuevo régimen.

Las cúpulas de la CNCS y la CIU se reunirán hoy para analizar una posición conjunta. Mañana de tarde, la CIU hará una reunión con todos sus asociados, cámaras adheridas y otros industriales para divulgar aspectos de la ley.