Trabajo llama a reunión por OIT al filo de plazos

La cita planteada por el MTSS es para mañana viernes. El plazo para la respuesta uruguaya que impuso la OIT vence con el comienzo de las reuniones anuales previstas para mediados de noviembre. Una de las observaciones indica que el Poder Ejecutivo debe garantizar el derecho al trabajo de los empleados que resuelvan no sumarse a las huelgas.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ya había determinado en marzo de 2010 que el ejercicio del derecho de huelga y las ocupaciones de los lugares de trabajo deben respetar la libertad de los no huelguistas, así como el derecho de los empresarios a entrar a las instalaciones de sus empresas. Las observaciones de OIT surgieron tras una denuncia de las cámaras empresariales. El organismo internacional le solicitó al gobierno que aceptara una misión para analizar modificaciones a la ley de negociación colectiva.

La misión llegó al país a fines de agosto pasado encabezada por la directora del Departamento de Normas de OIT, Cleopatra Doumbia Henry. La funcionaria internacional se reunió con todas las partes involucradas en la negociación colectiva. Esta misión había sido solicitada por las cámaras de Comercio y de Industria en septiembre de 2010 al director general de la OIT, el chileno Juan Somavia. Allí, los empresarios denunciaban la «omisión» del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para cambiar varios puntos de la ley de negociación colectiva.

El planteo de las cámaras fue respaldado por la Organización Internacional de Empleadores. La ley en cuestión fue votada bajo el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y contó con el apoyo crítico de la central sindical. Las cámaras también se quejaron por la falta de garantía ante eventuales violaciones del derecho de reserva en el intercambio de información en la negociación colectiva; y la integración del Consejo Superior Tripartito donde el sector empresarial está en minoría (la OIT recomienda igual número de miembros de cada una de las partes y un presidente independiente).

Trabajadores, empresarios y gobierno deben acordar modificaciones en la ley de negociación colectiva.