Transcripción del Desayuno de Trabajo

 

 

Ec. José Luis Puig – Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Buenos días a todos. Agradecemos su participación, en nuestro segundo desayuno de trabajo del ciclo “Incertidumbre económica en tiempos electorales”.

El primero fue allá por abril con la presencia del ministro Alfie. Hoy tenemos el honor de recibir a representantes de los equipos económicos del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio – Encuentro Progresista – Nueva Mayoría. Nos hubiera gustado tener a representantes de todos los partidos pero, por una cuestión de tiempo, la invitación fue hecha a los partidos que tenemos hoy en la mesa representados.

Como ustedes saben se deseó formular una serie de temas sobre los cuales los disertantes van a exponer. Esta Cámara entiende que muchos de los temas son muy importantes para la economía, tanto que trascienden la mera contienda electoral para transformarse en temas de Estado.

En este sentido tenemos siete temas medulares que la Cámara de Comercio defiende desde hace 137 años. La mayoría de ellos van a ser objeto de debate esta mañana. Ellos son a modo de resumen:

  • la libertad de comercio,
  • la seguridad jurídica y el respeto por las reglas de juego,
  • la ética y responsabilidad social,
  • la confianza en los mecanismos del mercado y la intervención estatal óptima,
  • un sistema tributario neutral y con redistribución del gasto,
  • el combate a la informalidad y
  • un mercado laboral flexible en la negociación salarial bipartita por empresas.

Estos son los principios que la Cámara ha defendido a lo largo de todos estos años de historia y que ahora algunos de ellos van a ser la base de lo que hoy vamos a preguntarle a nuestros invitados para ver cómo piensan encararlos en caso de acceder al próximo gobierno.

La dinámica que vamos a emplear va a ser la siguiente: vamos a hacer unas preguntas que Uds. las tienen en sus carpetas. Son seis preguntas, las cuales van a ir contestando por orden alfabético. Vamos a empezar con el Ec. Cancela, después el Cr. Davrieux, después el Ec. Ribeiro. Después que terminemos vamos a ver si nos queda tiempo para abrir al público un par de preguntas que seleccionaremos a través de nuestro equipo de economistas. La idea es terminar aproximadamente a las 10:30, para que cada uno pueda seguir con las tareas de cada mañana.

Así que sin más vamos a empezar con la primera pregunta:

  1. Reducción de la presión fiscal y neutralidad tributaria. Permisividad con el sector ilegal y equiparación del sector Comercio y Servicios a las ventajas tributarias de los sectores agropecuarios e industriales. ¿Impuestos finalistas o fiscalistas? ¿Recaudación directa o indirecta?

Ec. W. Cancela –  En primer lugar quiero agradecer en nombre del E.P.- F.A.-N.M. la invitación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios a este desayuno y como siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes estas actividades.

Para ir directo al punto entonces sobre la presión fiscal y la neutralidad tributaria; la presión fiscal desde mi punto de vista creo que puede ser abordada de dos perspectivas diferentes: desde el punto de vista global la presión fiscal depende en última instancia de dos elementos básicos; por un lado la estructura de actividades de la población y su productividad, es decir la cantidad de gente que trabaja y con qué productividad lo hace en relación con la cantidad de gente que vive en el país y por otro lado depende también de la forma como esa sociedad estructura los mecanismos de distribución de la producción que realizan quienes trabajan entre el conjunto de la población. Un país con poca gente que trabaja y mucha gente que vive en él, va a tener necesidad de transferir desde quienes trabajan a quienes no trabajan ingresos por diferentes vías: lo que no se transfiera por la vía del Estado, por la vía fiscal, se va transferir necesariamente por otros mecanismos. O sea que hay un telón de fondo que es la relación entre población activa y su productividad y población total que de alguna manera hay que resolver cómo se transfiere lo que unos producen al conjunto de la población. Uno podrá tener un Estado más o menos eficiente en la forma como se administran los recursos, pero en definitiva ahí hay una condición estructural de base. Eso es lo que uno podría llamar “costo país”, digamos mucho más allá de lo que puede ser costo del Estado que es una forma de expresar  el costo país.

La segunda perspectiva vista desde lo particular, desde la empresa y esto depende de la eficacia, básicamente de la administración tributaria y de la estructura de los impuestos, de la estructura tributaria del país. Y aquí, bueno, si tenemos globalmente una presión tributaria, lo que uno puede estimar en el orden del 30, 33%, del Producto Bruto Interno, y uno mira su empresa y dice, “no, yo estoy pagando mucho más que eso, desde el punto de vista del valor agregado que genero y lo que estoy pagando en materia de impuestos, contribuciones a la seguridad social, etc.” Y eso ocurre porque, o la presión tributaria está distribuida en una forma diferente entre los distintos sectores o empresas o porque los que pagan, aportan por aquellos que no pagan, por quienes evaden. Eso lo vi claramente en Paraguay por ejemplo donde la presión fiscal es del 12% y sin embargo las empresas industriales formales se quejan de que la presión fiscal es muy alta porque pagan de repente un 10 % de las empresas que deberían pagar impuestos. O sea que la administración fiscal es un factor que tiene mucho que ver con la presión tributaria sentida por la empresa además de los que puede ser la estructura tributaria. Esta estructura tributaria tiene que ser neutral, yo diría que desde un punto de vista social no puede ser neutral la estructura tributaria. La estructura tributaria debe aportar a una distribución equitativa de la carga fiscal al mismo tiempo que, el gasto público que es parte de la política fiscal también tiene que tener un sesgo orientado hacia las finalidades de equidad y distribución que tenga el Estado y por lo tanto no podemos hablar de neutralidad en ese sentido; lo que sí me parece que la política tributaria debe apuntar es a mantener una neutralidad intersectorial, es decir, la visión sectorial clásica que se tiene de la economía debería ser superada por una visión de entramado o al menos de cadena de valor. El uso de la política fiscal como incentivo entonces debe apuntar a objetivos de promoción territorial o de promoción de la cadena de valor como un todo más que a la promoción de un sector particular. Aquí hay que diferenciar entre lo que es promoción de una actividad o de un entramado con lo que es el fomento. Hay actividades que son necesarias por diferentes razones de objetivos nacionales y que no pueden funcionar sin fomento, sin que se le pongan muletas; sin embargo la mayor parte de las actividades son actividades que pueden funcionar pero necesitan a veces promoción y si hay promoción, esta promoción tiene que ser  temporal y tiene que ser decreciente de forma tal que las empresas adquieran capacidad de actuar en un mundo competitivo.

Con relación a si los impuestos deben ser finalistas o fiscalistas, la principal función de los impuestos es recaudar. El finalismo del sistema tributario deriva de que los impuestos tienen efectos económicos diferentes según el tipo de impuesto del que se trate y por lo tanto pueden utilizarse como instrumentos para disuadir determinadas conductas pero son poco eficientes para promover conductas positivas. Es mucho más eficiente para eso el gasto público, el manejo del gasto público. En relación con si la recaudación debe ser directa o indirecta, bueno, la recaudación indirecta resulta mucho más eficiente que la directa para el conjunto de la sociedad, se logra mayor eficiencia en la recaudación y esto implica que algunas empresas, algunas unidades económicas se conviertan en agentes de recaudación del Estado, incurriendo por lo tanto en un costo administrativo por esta función que cumplen; al mismo tiempo también reciben un beneficio financiero por la administración de esos recursos. La cuestión está en cómo organizar un sistema en el cual la eficiencia del sistema sea máxima, sea óptima y el equilibrio entre el costo adicional que incurre el agente de recaudación y el beneficio que pueda obtener por el trabajo que realiza se empatan.

Por acá dejo, creo que cumpliendo con los cinco minutos.

Cr. A. Davrieux – Gracias, igualmente deseo agradecer a la Cámara de Comercio y Servicios la posibilidad de exponer la posición, que podría decir casi, del Partido Colorado, porque hemos presentado ayer las Bases Programáticas al candidato sobre los temas planteados. Y el tema inicial es relativo a las consideraciones fiscales. Esto, de nuestro punto de vista, tiene que ver con las visión que tenemos del país y las perspectivas de país. Nosotros vemos que los problemas del país naturalmente se resuelven en la medida que crezcamos, y crecemos en un país chico hacia el exterior y con inversiones. Entonces, el sistema tributario debe ser tal que sea favorable para la competencia externa, fuera del país y dentro del país. Siempre se ha dicho y acordamos que  no se pueden exportar impuestos, entonces es conveniente que los impuestos sean aquellos que se pueden devolver en las exportaciones, o sea que el bien salga no grabado por los costos internos del Estado, la manera en que recauda los fondos para pagar sus gastos. Entonces para nosotros, son convenientes impuestos indirectos que la técnica internacional reconoce que se pueden devolver; los impuestos directos no se pueden devolver y en consecuencia hacen perder competitividad en la exportaciones y hace perder también competitividad a la producción del país con las importaciones, que no pagan esos impuestos, directos porque la renta no es generada la mayor parte en el país. Por eso entonces estamos en la línea de mantener las desgravaciones que se han hecho en aportes patronales, en impuesto sobre la tierra, aporte sobre equipos, analizar también la potencialidad de reducir también aportes patronales a los sectores que hoy continúan con toda la carga como son el comercio y los servicios. Y en ese sentido también nos oponemos a la creación de impuesto a la renta a la persona física, porque también nuevamente la mayor parte del producto del país la paga; sea con destino nacional o con las exportaciones. Y los productos importados no pagan nada más que por el valor agregado nacional en las importaciones, que es muy pequeño. 

Concuerdo totalmente con la posición del Economista Cancela que los impuestos son para recaudar, nosotros pensamos que la parte de redistribución se debe cumplir básicamente a través del gasto; que Uruguay tiene un fuerte componente del gasto primario; no siendo los intereses, que se destina al gasto social, entre 65 y 70 %, y  por esa vía se cumple la función social de Estado y no de los impuestos.

Nosotros no vemos el impuesto como un mecanismo para incentivar, la gente no trabaja más porque le pongamos más impuestos o porque le pongamos menos impuestos, lo que tenemos que darle es un mercado que pueda funcionar competitivamente fuera del país y dentro del país.

Y, en cuanto a la presión tributaria; la presión tributaria está vinculada no con el nivel de impuestos, el nivel de impuestos resulta del nivel del gasto que haga el país.

Entonces la manera de reducir la presión tributaria, es reducir la presión de los gastos públicos; que alguna cosa se ha hecho; lamentablemente, por el crecimiento del endeudamiento por la crisis financiera se ha mantenido próximo al 30 % del Producto, pero el gasto primario que era cerca al 30, ahora está en el orden del 24 %. Posiblemente haya que subir un poco, en la medida que se mejore la situación externa, pero es conveniente mantenerlo en nivel bajo.

La idea del Partido Colorado es que efectivamente los impuestos eliminados que fueron sustituidos por otros no reaparezcan y los que aparecieron lentamente vayan decreciendo como hace poco se resolvió con los adicionales del impuesto a las retribuciones personales y la contribución financiera de la seguridad social sobre los servicios públicos. Nada más.

Ec. W. Ribeiro – Buenos días, en primer lugar quiero agradecer la invitación. El tema fundamental, creo, en este año electoral es dar certezas y dar pautas claras de lo que va a ser un futuro gobierno; nosotros reconocemos la situación que se plantea en la pregunta, el sector industrial y agropecuario tienen beneficios fiscales en relación al sector comercial y servicios, eso es una realidad, y deriva de 10 ó 15 años de caída en nivel de actividad del sector agropecuario e industrial, por tanto los sucesivos gobiernos han ido instrumentando medidas paliativas. A partir del 20 de junio del 2002 la situación es otra: la industria y el agro están comenzando a recuperarse a través del sector exportador principalmente, y tenemos un mercado interno fuertemente deprimido pero acá hay un tema que es  fundamental aclarar y es que no podemos igualar hacia abajo.

Los beneficios fiscales que tienen el sector industrial y agropecuario, en el caso de un gobierno del Partido Nacional, van a ser mantenidos y hay una fuerte restricción que viene dada por el endeudamiento externo, por servicio de la deuda; como bien decía Davrieux, el Estado no puede aumentar el gasto público, el Estado tampoco puede aumentar la presión tributaria y por lo tanto lo que tiene que hacer es apostar al crecimiento, apostar a eliminar los niveles de evasión fiscal. La evasión fiscal hoy en Uruguay equivale a un 30 % de lo recaudado por la Dirección General Impositiva. Parte de esa evasión se explica por el informalismo, el informalismo hace a la ilegalidad y se debe instrumentar medidas que tiendan a formalizar la economía y a profesionalizar la gestión de las empresas. En nuestro caso, nosotros vemos un sistema tributario simple, sencillo, hoy hay más de 25 impuestos de los cuales 5 ó 6 recaudan el 90 %, hablamos de mantener el impuesto al consumo, IVA, hablamos de mantener el impuesto a los bienes suntuarios, el IMESI, hablamos de mantener un impuesto al capital, que es el actual Impuesto al Patrimonio, Impuesto a la Renta que hoy ya existe en Uruguay, el IRA y el IRIC y en el marco, en el contexto del MERCOSUR y de los convenios internacionales mantener los impuestos al comercio exterior que en Uruguay existen.

Somos partidarios de una decidida política de austeridad fiscal y de manejo responsable de las finanzas públicas y no hacer crecer el gasto público, es un prioridad para nosotros. Por eso, en tanto la economía crezca; y manteniendo una meta fiscal de superávit primario al menos compatible con el servicio de la deuda externa en un plan de convergencias se podrá ir paulatinamente reduciendo la presión fiscal sobre la economía y seguramente priorizando al sector comercial y de servicios, porque como decía al principio, es aquel que tiene menos beneficios en relación al resto.

Con respecto a la neutralidad yo creo que es un óptimo el sistema tributario neutral, por eso muchas veces no es compatible la eficiencia recaudatoria con los mecanismos de contralor, lo mismo con un sistema directo e indirecto. Un sistema directo tal vez sea mucho más justo, pero esto nos lleva a discutir el tema del finalismo o el fiscalismo; si nosotros planteamos un sistema tributario sobre la base de una visión de largo plazo sin duda que un sistema fiscalista, un sistema tributario digamos tiene por finalidad recaudar para el Estado y sobre un sistema estable, no emparchado permanentemente; sobre un sistema estable sí se podrán instrumentar pequeñas correcciones de carácter finalista para ir promocionando ciertos sectores de actividad siempre en defensa de la competencia y de la eficiencia del sector privado.

Creo que básicamente esta es la explicación y el punto de vista del Partido Nacional con respecto a este tema. Gracias.

Ec. José Luis Puig –  Pasamos al segundo tema,

  1. Seguridad jurídica: cambio en las reglas de juego para los inversores.  En particular, mantenimiento del régimen de seguridad social establecido en la Ley 16.713. (Régimen de Reparto obligatorio, Régimen de Capitalización Individual administrado por cuatro AFAPs: una de capital estatal y tres de capital privado).  Otro ejemplo: ¿qué va a pasar si se aprueba el plebiscito sobre el agua?

Ec. W. Cancela – Bueno capaz que acá me excedo un poquito de los 5 minutos porque son varias preguntas en una. Trataré de no hacerlo.

La seguridad jurídica. Creo que esto estamos convencidos todos los que vivimos en este país es la base de la convivencia social, especialmente para vivir en democracia. En ese sentido Tabaré Vázquez ha dicho que todo lo que funciona bien no se cambia y todo cambio se hará en el respeto de las reglas establecidas para hacerlo. No da seguridad jurídica por ejemplo, un régimen de promoción de largo plazo establecido por decreto como ocurrió con el régimen automotriz del 128/70, por ejemplo, tampoco lo da si la ley establece márgenes de discrecionalidad muy amplios cuya aplicación depende del humor del funcionario que tiene que aplicar la ley o la norma como ocurre; y a todos nos ha pasado con la interpretación de ciertas normas del texto ordenado y cómo se aplican por funcionarios de la D.G.I. por ejemplo, sin pensar que haya mala voluntad pero simplemente interpretaciones diferentes dan lugar a un uso de la discrecionalidad que termina por generar ineficiencias, ineficacias, y transferencias de ingresos que es como se resuelve todo en la economía, en definitiva. En consecuencia y yendo a los puntos de la pregunta sobre la seguridad social y el agua, algunos apuntes de carácter más general basados en el principio de la seguridad jurídica: todo lo que funciona bien se mantiene y todo lo que se cambie, se cambia pero respetando las reglas. En los grandes lineamientos programáticos del Encuentro Progresista – Frente Amplio se establece que se deberá modificar sustancialmente el sistema actual de  seguridad social, y esto ¿qué quiere decir?, ¿por qué se plantea esto?, principalmente por dos razones, en primer lugar porque vemos que el sistema de seguridad social tal cual está funcionando presenta problemas de cobertura efectiva; tenemos un creciente número de gente fuera del sistema de seguridad social, tenemos afiliados a los sistemas de capitalización que duplican, y en algunos casos más que duplican el número de cotizantes efectivos a este sistema y por tanto generan un problema a futuro de cobertura del sistema como también se está dando en Chile, donde se están estudiando mecanismos para resolverlo. Creemos que ese es un problema más que hay que afrontar y ésta misma razón y algunas otras es lo que hace que el sistema tenga un alto costo de administración desde el punto de vista del contribuyente. Ahora, ¿cómo hacer frente a este tipo de problemas?, bueno, en primer lugar, manteniendo un régimen mixto de seguridad social, de reparto y capitalización como el que tenemos actualmente, incentivando la formalización que es uno de los aspectos que está en la base de estos problemas de cobertura e introduciendo por la vía legal, y subrayo por la vía legal, las modificaciones que sean necesarias para garantizar la universalidad de cobertura, la solidaridad del sistema y la eficiencia del servicio de la administración del sistema. Por ejemplo en nuestro programa se proponen cuestiones como el retiro parcial que permita empalmar digamos, el retiro de la persona que está llegando a su edad de pasividad con el ingreso al mercado de trabajo de personas jóvenes, como ocurre en países europeos por ejemplo. Regular de alguna manera más eficiente la movilidad del afiliado entre las AFAPs lo que, cuando esto no está regulado implica que las AFAPs tengan que mantener grandes niveles de liquidez, altos niveles de liquidez, a efectos de poder hacer frente al cambio de AFAP y eso genera costos de administración mayores para las AFAPs y asuntos de este tipo orientados a la resolución de los problemas que mencionaba de cobertura efectiva y de costo de la administración del sistema. Dejo por acá porque esto daría para hablar específicamente este tema mucho tiempo, tema en el cual tampoco soy especialista pero bueno, lo dejamos por los lineamientos generales. Vuelvo a repetir que lo que funciona bien no se cambia y lo que se cambia, se cambia respetando los procedimientos para hacerlo.

Con relación al plebiscito del agua, aquí de lo que se trata es de dar rango constitucional a lo que hoy es norma legal a través del Código de Agua, lo que en definitiva, aumenta la seguridad jurídica, y no la reduce. Puede que este cambio de jerarquía de las normas afecte la situación de empresas que hoy están  prestando el servicio de agua potable o de saneamiento bajo el régimen de concesión y aquí puede haber dos interpretaciones, la interpretación de que la Constitución predomina sobre un contrato firmado entre partes anterior o que lo contrario, el contrato predomina sobre una norma aunque sea de carácter constitucional posterior que modifica las reglas. Yo me inclino a pensar que opera esta segunda interpretación, esto es una interpretación personal que un contrato firmado si sobreviene un cambio de las normas jurídicas rige para el caso particular el contrato firmado, siempre y cuando no se oponga al orden público, y en ese caso si hay algún equipo de contencioso deberá resolverse por las vías del arbitraje o de la jurisdicción, digamos, el de la vía jurisdiccional. En el caso en que ocurra ésta interpretación, entonces si hay que indemnizar situaciones, éstas situaciones, estas indemnizaciones deberán atenerse a las indemnizaciones que están establecidas en los contratos. Eso es para las situaciones existentes, para el futuro una norma como la que está siendo plebiscitada no inhabilita la participación de los privados en los servicios de agua potable y saneamiento, sino que en dicho caso, en caso que los privados actúen en los servicios de agua potable y saneamiento, la relación entre la empresa privada sería con el Estado; como ocurre en la Intendencia de Montevideo por ejemplo, con los servicios de saneamiento, y no directamente con los usuarios. Y ese sería el cambio que en cuanto al marco jurídico se establece para el futuro y no afecta, digamos, no inhibe, vuelvo a repetir, la participación de la empresa privada en la prestación de estos servicios pero teniendo como cliente al Estado, y no teniendo como cliente a los usuarios en forma directa.

Cr. A. Davrieux – En primer lugar, reiterando lo que les dije al principio, que nuestro panorama es que el país debe crecer y lo hace a través de acceso a mercados y a través de utilización de sus recursos personales y materiales, eso requiere inversión, seguridad jurídica, seguridad de que cuando se hace una inversión a 50 años como el puerto o a 30 años como una tubería de saneamiento, o una planta de celulosa donde se invierten cifras próximas al 10 % del producto del Uruguay no se corre el riesgo de que se le cambien las reglas de juego; o sea, totalmente de acuerdo, es digamos la base del programa del Partido Colorado, el respeto de los derechos no sólo porque debemos respetarlos porque así se ha formulado, sino porque es bueno hacerlo desde el punto de vista económico y de la sociedad.

Respecto al sistema previsional, la posición del Partido Colorado es clara, el sistema debe extenderse. En este gobierno se presentaron proyectos de ampliación de la aplicación del sistema concretamente en el régimen de la Caja Policial que fue aprobado por unanimidad en el Senado, parece que era un proyecto muy bueno, a mediados del año 2003. En diciembre de 2003 se estaba por aprobar en Cámara de Diputados, y todavía no sabemos exactamente qué pasó, porque hasta había un acuerdo que se votaba algo para la Caja Bancaria que no era bueno pero servía para salir del paso y se votaba lo bueno para nosotros, que era la Caja Policial y no se votó por quienes pensaban que era bueno; porque lo habían votado por unanimidad todos los partidos. Pensamos que la solución angustiante de sobrevivencia de la Caja Bancaria también se soluciona por extensión del sistema previsional y entonces éste debe mantenerse y adecuarse si tiene fallas, como toda tarea humana tiene sus errores y deben corregirse. Me parece muy bien que se esté pensando mantener si otros partidos ganan las elecciones.

Respecto al tema del agua, pienso que discrepo bastante con lo expresado por el representante del Encuentro Progresista – Frente Amplio, yo creo que no es la materialización de lo que hoy rige por ley, la ley no prohíbe como dice el proyecto constitucional dar concesiones de agua y saneamiento, eso es un cambio. La ley no prohíbe exportar agua, actualmente exportamos agua. El proyecto constitucional dice que sólo podemos exportar agua a un país necesitado, bueno, todo el mundo necesita agua, así que necesitado está. Y sólo por razones de solidaridad, sin cobrar. Si tuviéramos petróleo también deberíamos exportarlo sólo al que lo precisa, todo el mundo precisa, y si está angustiado se lo deberíamos dar. ¿Por qué no podemos aprovechar un recurso natural renovable como el agua, que podemos obtener beneficios de su venta? ¿Por qué decretamos que no lo podemos usar? Yo creo que es el anti-desarrollo económico, no es que nos vengan a robar el agua, la podemos vender muy bien y es un agua que se renueva, nadie está pensando dejar sin agua el Uruguay, pero si existe la posibilidad de exportar agua mineral embotellada de a medio litro, decidir por constitución que no se puede exportar, realmente no le veo ningún sentido, creo que esto es claramente una modificación de reglas de juego por vía constitucional, es todo lo contrario a lo deseable desde el punto de vista económico.

Ec. W. Ribeiro – Bueno, Uruguay necesita crecer con un crecimiento sustentable y para eso es fundamental mejorar los niveles de inversión del país y para que la inversión se produzca en el país, ya sea inversión extranjera directa o inversión de capitales nacionales es necesario un marco de estabilidad, es esencial, fundamental. El respeto de la normativa jurídica es un principio del Partido Nacional y ese en definitiva, es uno de los componentes de la estabilidad. La estabilidad política, la estabilidad institucional, ofrecer al país gobernabilidad, ofrecer al país una participación multipartidaria en los entes autónomos para mejorar el contralor de los mismos, en definitiva una participación multipartidaria en los gabinetes más allá de coaliciones, en definitiva una participación multipartidaria de los organismos de contralor del Estado en función de los resultados electorales es fundamental pero también la estabilidad macroeconómica, y en este sentido creo que hay que aclararlo cuáles son los puntos de vista de cada uno de los partidos en caso de llegar al futuro gobierno para que ustedes tengan la información clara y podamos brindar seguridad, en definitiva en un año electoral. En el caso del Partido Nacional, nosotros planteamos una política monetaria con el objetivo de inflación inferior a un dígito, mantener un tipo de cambio flexible que asegure la competitividad en el mercado interno y externo, y en términos de política fiscal priorizar y selectivizar el gasto a los efectos de tener un superávit fiscal primario al menos compatible con el servicio de la deuda, ya que en definitiva el respeto a las normas jurídicas es fundamental, es esencial, hace a la estabilidad pero no es el único factor sino dentro de un componente conjunto que hace a la estabilidad general como condición para obtener inversiones. Como el Economista Cancela planteó que lo que es bueno no se cambia, pero que aparentemente el sistema actual de previsión social es malo por lo tanto asumo que lo van a cambiar, en definitiva nosotros no tenemos reparos con el sistema actual, lo vamos a mantener, se mejorará en la medida de lo posible, hay problemas con la Caja Policial, con la Caja Militar, con la Caja Bancaria, son problemas a atender, si no es por esta administración será por la próxima y en definitiva lo que sí planteamos nosotros es utilizar los recursos de las AFAPs para la inversión o para el financiamiento a mediano y largo plazo del sector privado, pero con una premisa fundamental y que es importante tener en cuenta: no es dinero abstracto el de las AFAPs, es dinero de la sociedad, es en definitiva el fondo de retiro de todos los uruguayos que participan en el sistema. Por lo cual debe ser atendido con un estricto mecanismo de contralor, y creo que la Bolsa de Valores puede en definitiva jugar un rol importante en la canalización de esos fondos a través de acciones o el desarrollo de un mercado de capitales para el sector privado.

También tengo una diferencia con Davrieux, yo creo que en definitiva el plebiscito del agua no va a modificar sustancialmente la vida y la inversión del país, en definitiva el proyecto no es retroactivo, el proyecto rige a partir de su aplicación, hay que separar lo que son los recursos hídricos de lo que es el saneamiento y el agua potable. El reglamento de aguas del año 78 ya estipula que los recursos hídricos son de dominio público, con respecto al saneamiento y al agua potable no son proyectos o no son inversiones rentables del sector privado. Yo no creo que un privado vaya a invertir en saneamiento en Guichón por ejemplo, pero sí los ciudadanos de Guichón necesitan saneamiento, entonces eso en definitiva es una función que el Estado debe asumir porque hace a la calidad de vida de los uruguayos y en definitiva el Estado, somos conscientes, tal vez no tenga los recursos a corto y mediano plazo y ahí habrá que asistir a la cooperación internacional para lo cual nosotros lo hemos planteado y lo hemos discutido con gente del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y hay una perfecta disposición de financiar al país en este tipo de obras sobre todo para el interior, donde repito al sector privado no le es rentable, si el sector privado invierte en el interior en saneamiento o en agua potable seguramente la tasa de conexión para los privados, para la sociedad en definitiva va a ser carísima, es una función que debe asumir el Estado. Gracias.

Ec. José Luis Puig –  Pasamos al tercer tema,

  1. Respeto de los contratos: proyecto de ley de refinanciación para deudores

Ec. W. Cancela – Esto de ser primero a uno lo deja con las ganas de replicar algunas cosas pero…

El tema del respeto de los contratos y los proyectos de ley de refinanciación para deudores; las refinanciaciones por ley que obligan a todos los acreedores a modificar los términos de sus derechos son negativas no sólo para el sistema financiero sino principalmente para la construcción de un país productivo. La expectativa de refinanciación legal introduce un riesgo moral para el inversor, lo que hace que la decisión de inversión no sea eficiente, y que sus costos los termine pagando el contribuyente en definitiva, agregando costos del Estado, digamos, a las restantes actividades productivas. Si hay la expectativa de una refinanciación en algún momento yo me meto igual aunque la rentabilidad no sea buena o, el riesgo sea muy alto, y por lo tanto haga un mal uso de los recursos sociales y eso conspira contra el país productivo, contra el crecimiento que todos queremos, el crecimiento con el cual estamos de acuerdo que tiene que ingresar el país en esa senda de crecimiento sostenido. Las refinanciaciones no sólo afectan los derechos del sistema financiero, vuelvo a repetir, sino que minan las posibilidades de crecimiento productivo y de buenas inversiones. La ley puede crear si marcos propicios en circunstancias excepcionales de catástrofe natural, por ejemplo, o catástrofe económica para que las partes de un contrato encuentren los caminos más apropiados para mantener el circuito de valorización del capital a través del crédito que afecta no al sistema financiero, nuevamente, vuelvo a decir, sino, principalmente a quien ahorra y en segundo lugar, mantenga también la capacidad productiva de la economía. O sea, muy sintéticamente, las refinanciaciones por ley son un instrumento negativo que conspira contra el crecimiento del país a largo plazo, y conspira contra la construcción de una cultura de riesgo en el Uruguay, propicia para el crecimiento.

Cr. A. Davrieux – En este sentido le he pedido al señor presidente si podía dar oportunidad al Economista Cancela de contestar algunas cosas que decimos nosotros, porque como es el primero siempre queda como que le contestamos lo que dice, y él no nos puede contestar a nosotros. La introducción es porque en este sentido voy a hacer lo mismo.

El tema de la refinanciación por ley obligatoria, ha sido opuesto siempre al actual gobierno que básicamente el Poder Ejecutivo es ejercido en los últimos dos años por el Partido Colorado y en el programa del partido, las bases programáticas, se establece una oposición categórica a ese tipo de cosas, ya usamos hasta adjetivos, porque pensamos que son sumamente nocivos. Pero como cuando aquellos sofistas en Grecia demostraban que no se podían mover las cosas, y luego se decía: el movimiento se demuestra andando, las afirmaciones se demuestran cumpliendo lo que uno afirma, si lo que anda bien no se modifica, por qué se intentó el miércoles o jueves pasado votar una ley sin consideración, ni preguntar a nadie, se quiso votar sobre tablas donde se eliminaba el fideicomiso del Banco República, que está funcionando bien, a criterio del gobierno y de cualquiera que pueda analizar lo que está pasando. Por qué se presentan dos proyectos uno en diputados y otro en senadores para refinanciación de deudores y luego fueron retirados, es cierto, pero, fueron presentados y si no hubiera habido una disposición de la parte más alta del Encuentro Progresista se hubieran votado incluso, y el proyecto del mega fideicomiso como se dijo fue votado en general sin escuchar nada de las ventajas o desventajas o si algo estaba funcionando bien o mal. “Estamos en contra de leyes de refinanciación de deudores”, me parece muy bien la posición del Ec. Cancela, pero sería bueno que el movimiento se demostrara andando, que las afirmaciones se demostraran cumpliéndolas.

Ec. W. Ribeiro – Bueno, el respeto de los contratos hace a la continuación de las respuestas a la pregunta anterior, en definitiva, hacen a la estabilidad, y son necesarios. Nosotros como Partido Nacional no estamos de acuerdo en un proyecto de ley de refinanciación de deudores, si fue presentado y en esto quiero dejar bien claro, sí fue presentado un proyecto por el Dr. Larrañaga en plena crisis del 2002, y eso tiene una explicación clara. En la crisis del 2002 el país cambió, todos aquellos sectores que por pérdida de competitividad venían sufriendo pérdidas acumuladas durante casi una década comenzaron a ganar competitividad en función de la depreciación de la moneda local. Todas esas empresas, industrias; en definitiva, y productores agropecuarios lo que sufrían era de un endeudamiento endémico y estaban en las puertas de asistir a procesos de ejecución, por lo tanto como el país cambió, ahora en esa situación muy especial, una coyuntura muy particular que abría nuevas expectativas a un sector de la economía o a dos sectores fundamentales como la industria y el agro, se consideró pertinente dar un plazo a los efectos de que estos sectores recompusieran su actividad y pudieran comenzar a pagar nuevamente. Pero no es la situación hoy. La situación hoy es una economía en crecimiento o en recuperación pero con un problema: tiene un sistema financiero que aún no está fortalecido o la confianza no se ha restablecido plenamente, un sistema financiero que lentamente se está recuperando después de las peores crisis de su historia. Y vuelvo a lo de siempre, vuelvo a las preguntas anteriores, demos definiciones, y en este caso voy a definir lo que nosotros consideramos como sistema financiero en nuestro gobierno futuro en caso de acceder a él; respetamos la banca extranjera, pero queremos una banca nacional eficiente y fuerte, queremos un Banco República eficiente y fuerte, y en ese sentido vemos con muy buenos ojos la reestructura que el banco está llevando a cabo y el fideicomiso como instrumento para una recuperación del crédito mejor; vemos un Banco Central que ve al sistema financiero actualmente desde la óptica de la crisis que ha endurecido muchísimo su normativa y ese endurecimiento de la normativa lleva a un enlentecimiento en la recuperación del crédito, es una condición necesaria para profundizar y dar sustentabilidad a la recuperación y al futuro crecimiento de la economía, creemos que las normas de arrastre, en particular, que una empresa cuando está mal categorizada en un banco se traslade hacia otras, es una norma que es lógica, tiene sentido, pero no en la situación actual para algunos bancos, el Banco República está informando con hasta seis meses de atraso y los fondos de recuperación de activos jamás informaron, por lo tanto, hay deudores que ya no lo son, o que están mal categorizados pero que ya han pago, no obstante lo cual siguen estando mal informados y eso no les permite acceder a créditos en otras instituciones, la necesidad o la posibilidad de acceder sin perder la categoría de deudor con el pago del 100 % de los intereses, es una norma estrictamente dura para la crisis de liquidez que hay en el sector privado, no en el sistema financiero que está excesivamente líquido, sino en el sector privado, me refiero a empresas y productores, eso debiera bajarse por lo menos a un 50 % en forma temporal, las categorías son solamente cinco con saltos muy grandes de previsión lo cual les lleva a las instituciones a tener fuertes requerimientos de capital para dar préstamos, y en particular, una norma que es la que más complica la recuperación del crédito, repito, desde el año 2002 para atrás, las empresas uruguayas venían sufriendo pérdidas acumuladas. Hoy existe una normativa por la cual con tres balances negativos, o sea con pérdidas en los tres últimos balances, la empresa es categorizada cuatro, tres, cuatro o cinco, o sea categoría vencida y los bancos tienen que previsionar. Esa norma no tiene sentido hoy en un país que hace dos años cambió sustancialmente, eso se debe achicar por lo menos al último ejercicio para que las firmas no sean mal categorizadas a la hora de pedir un préstamo. Como también así flexibilizar la normativa con respecto a la contabilidad o a la información requerida a las empresas esto en particular afecta a la pequeña y mediana empresa, no tanto a las empresas grandes.

También queremos el desarrollo de un mercado de capitales con una Bolsa de Valores activa, la apertura de las empresas nacionales de las sociedades anónimas nacionales y extranjeras al mercado de valores. Estamos planteando y lo hablamos con el Banco Interamericano de Desarrollo obtener recursos para fondos de recuperación de deuda, para asistir a las empresas con altos niveles de endeudamiento, pero con la condición de que éstas empresas se abran a la Bolsa de Valores; en la medida que ellas se abran, con los mecanismos de contralor que tiene la Bolsa aumentaría la eficiencia y la transparencia y se verían obligadas a profesionalizar su gestión y mejorar su información contable, en definitiva ese es el panorama que visualizamos y repito, los contratos son una premisa, el respeto a los contratos, fundamental, hacen a la estabilidad como decía en la respuesta a la pregunta anterior y no estamos de acuerdo con la situación actual del país en una ley de refinanciación de deudores y mucho menos de suspensión de ejecuciones.

Ec. José Luis Puig –  Atento a la solicitud del Cr. Davrieux, la idea es, vamos a terminar los seis temas en este orden y después al final, hacemos un repaso de los comentarios que hubo en el camino.

Entramos entonces en el cuarto tema,

  1. Reingeniería del Estado: regionalización del país, descentralización, reducción de unidades, ministerios y número de funcionarios públicos (se entiende que al suprimir unidades se pueden despedir funcionarios ya que la inamovilidad opera para cargos existentes). 

Ec. W. Cancela – Bueno, aquí hay que elegir: o hacer una respuesta relativamente breve, menos de cinco minutos o sino de estirarse media hora, tres cuartos de hora, pero, yo creo que todos estamos de acuerdo con que el Estado hay que reformarlo, el Estado tal cual está funcionando no le sirve ni al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, ni al Encuentro Progresista para poder poner al país en condición de crecimiento. Yo creo que el Estado que tenemos es el resultado de lo que ha sido la forma como hemos manejado el problema en el sistema político uruguayo, más que como un problema de todos como una bandera de campaña, digamos, de partido, y en este sentido no nos escapamos ninguno, y creo que hay que reconocer eso para poder encarar de verdad una reingeniería del Estado, una reforma del Estado que sirva al país fuera de lo que sean posiciones ideológicas a priori, y asumiendo la cuestión como una cuestión de conveniencia.

El total de funcionarios públicos era en el año 2002 de acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Servicio Civil que, supongo que deber ser lo mas ajustado que hay a una medición del número de funcionarios públicos, era del orden de 234.265 funcionarios públicos o sea, un 10,5 % menos que los que había en 1985 y en 1995, que eran cifras parecidas. Esos funcionarios, 234.265, para repartirlos en grandes sectores del sector público, se distribuían: a las intendencias municipales, 36.051, o sea un 15 % del total de funcionarios públicos están en las intendencias municipales, 36.000 funcionarios de los cuales, en Montevideo tiene 8.000; el resto de las intendencias, 28.000.

Organismos del Artículo 220,  ustedes saben cuáles son, básicamente el Poder Judicial, la ANEP, la Universidad, etc, 70.415 funcionarios, aquí tenemos jueces, tenemos maestros, tenemos profesores, que, siempre decimos que están faltando y éste fue el único sector que creció en número de funcionarios un 9 % con relación a lo que tenía en 1995. Seguramente Davrieux me va a corregir estos números porque está mucho más cerca de ellos, pero, si nos corrige mejor porque así tenemos el punto exacto.

Entes autónomos y servicios descentralizados, que son empresas, por lo tanto, sean del Estado o sean privadas, van a tener empleados, y aquí ocurre que estas empresas públicas y servicios descentralizados contaban con 35.000 funcionarios, probablemente demasiados, pero aún así habrían bajado un 38 % desde 1995, quiere decir que teníamos muchísimos más, y ahí se bajó, y creo que en la medida que las empresas pueden operar en condiciones de eficiencia, no estén amparadas por la excusa de que tengo que aportar al tesoro o que, tengo un monopolio que igual capturo, bueno, pueda continuar aumentándose  la eficiencia en ese sector. En la administración central solo hay 92.857 funcionarios para todos los servicios que tiene que prestar el Estado central, probablemente también son demasiados, o probablemente están mal distribuidos, o mal calificados para las funciones que tienen que cumplir. Lo que tenemos que hacer es que este Estado funcione más eficientemente, los temas centrales de una reingeniería del Estado, de una reforma del Estado, radican para nosotros en encarar el problema del servicio civil integral, atendiendo a las formas de ingreso, a la carrera, a la salida de la función pública, a los niveles salariales, y aquí hay que recordar el efecto perverso que ha tenido la estrategia de reducción de funcionarios seguida hasta el momento generando un Estado viejo e ineficiente, o, en el peor de los casos, un Estado en el cual no se sabe muy bien cómo se entra a cumplir la función pública, quién le paga, cómo le paga y a quién responde finalmente el funcionario.

El segundo punto, la reingeniería del Estado, es que debe concentrarse en la reestructura de la administración central, los ministerios no pueden ser representativos de intereses de lobby, de intereses particulares frente al ejecutivo, los ministerios son instrumentos del Poder Ejecutivo para llevar adelante el proyecto, y aquí necesariamente hay que procesar alguna reforma.

En tercer lugar hay que sepultar a los muertos, tenemos unidades creadas en algún momento para alguna función que ya no existe pero sigue existiendo la unidad, si tenemos una administración pública con muertos insepultos, y esos muertos hay que sepultarlos.

Y, finalmente, todas estas cosas necesitan ser materia de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto no puede ser el juego de rebatiña, la ley de presupuesto tiene que ser la expresión necesariamente de lo que es el programa de gestión del Estado, de un gobierno, que va a administrar el Estado durante cinco años y que está pidiendo a los representantes del pueblo que le autoricen a ejecutar determinadas cosas, y los representantes del pueblo deberán tener que pedirle cuentas a ese Poder Ejecutivo sobre las autorizaciones que le han dado, cosa que no hacen hoy los representantes del pueblo en general y que tampoco hace el Poder Ejecutivo en rendir las cuentas de la forma en que deben rendirse sobre el cumplimiento de resultados. Acá importa más saber que gastó 4 pesos o 4,10 en la compra de un lápiz, que saber si se cumplió con el resultado que estaba previsto para la unidad. Y esto implica un cambio de cultura en la gestión pública, implica involucrar más a los participantes en los procesos, porque los cambios, las transformaciones que se tratan de imponer desde arriba fracasan cuando los que tienen que ponerlas en práctica no están involucrados y comparten la filosofía de la transformación.

Cr. A. Davrieux – Como decía el economista Cancela es un tema muy amplio, entonces voy a señalar dos o tres aspectos nada más.

En primer lugar, uno de los componentes en la parte de empresas es mantener la política de eliminación de monopolios, o sea, que el Estado pueda mantener actividades pero no en forma monopólica porque eso siempre cuesta más que lo demás, porque siempre aparecen posibilidades, necesidades de tareas que imponen mayores gastos y que luego hay que cubrirlos con mayores costos los que se transmiten a la sociedad.

Por otro lado, continuar con la política de concesiones para que muchas de las actividades que desempeñan las empresas y la administración central, la pueda hacer el sector privado. Yo no estoy tan seguro como el economista Ribeiro que tiene la posibilidad de hablar después que yo, que esté decretado, que todos los, el saneamiento sea antieconómico o muy caro si lo hace el sector privado, normalmente el Estado puede ser que lo haga bien, eficazmente pero realmente sale más caro. Y en este período hubo varias empresas que se presentaron interesadas no en Guichón pero sí en Rivera, Salto, o Paysandú y realmente el Estado no tiene demasiados recursos para invertir. Si todo lo va a hacer el Estado, muy difícilmente baje la presión fiscal. Lo más probable es que suba la presión fiscal. El gran tema de que tenga que hacer todas la inversiones de energía, de saneamiento, de agua, y demás, por más financiamiento externo, es el gasto público, y es presión fiscal, hoy o después cuando hay que pagar los créditos. Entonces somos partidarios de desmonopolizar las actividades, hacer concesiones.

En la parte de funcionarios públicos creo que hay bastante todavía más dispersión de la que plantea el economista Cancela ya que los 90.000 de la administración central, 60.000 son policías o soldados, o sea que funcionarios públicos son, del estilo administrativo burocracia somos, yo soy viejo burócrata del tipo de 30.000 o debajo de 30.000. La reducción de burocracia ha sido muy importante además del tema de que estamos todos más viejos, evidentemente, ese es un tema muy directo, pero ahí también hay que buscar mayor eficacia en la función pública, se crearon mecanismos para igualar las nuevas personas que trabajen en la función pública, a trabajadores del sector privado, mecanismo que se creó en el año 2002, que ha funcionado poco entre otras cosas porque la burocracia se encargó de demorar su ejecución; ha comenzado a ejecutarse, en el futuro están, o ya está ingresando gente algo más joven por ese mecanismo que además cesa, cesa de la misma manera y tiene los mismos derechos que el sector privado. Si cesa tiene el despido de seis meses, no hay inamovilidad, no hay nada, tiene seguro de enfermedad, es un sistema que trata de parodiar mas o menos o imitar al sector privado. Por esa vía se puede cambiar la función pública por personas que puedan, se conviertan, en amovibles o movibles en caso que no sea su trabajo satisfactorio.

En términos de descentralización en el año 96 se aprobó la reforma constitucional, pero empezó a aplicarse recién en el año 2000 porque así lo marcaba la constitución, una distribución de fondos a las intendencias, esto fue aprobado el 2001 ya comenzó con dificultad y el 2002 todos sabemos lo que pasó, lo que creó dificultades en la transferencia de actividades a las intendencias. Para que esto ocurra, para poder descentralizar decisiones hay que cambiar las funciones en las intendencias: darle más recursos para hacer lo mismo, no tiene sentido, es encarecer su función, es necesario establecer cuáles funciones van a tener, incluso, varias intendencias hicieron proyectos de desarrollo productivo que debido a las dificultades del Estado y al suministro de fondos, se vieron muy enlentecidos. La idea sería que en el próximo período de gobierno  esto pueda avanzar más fluidamente, de hecho el 2004 ya está avanzando más fluidamente. Pero las perspectivas son tales que puede pensarse que en el próximo período funcione mejor.

Ec. W. Ribeiro – Bueno Contador, yo cuento con la ventaja que usted no cuenta, que hablo después que usted. No recuerdo haber dicho que todo lo que hiciera el sector privado fuera más caro que lo que hace el sector público. Es que en el tema del saneamiento en el interior, lo que yo expreso es que exige una alta inversión, y por tanto la tasa de retorno es lenta y a largo plazo, y eso puede llevar a subir las tarifas, o que el costo de conexión sea alto. Pero repito, no recuerdo haber dicho que todo lo que hace el sector privado sea más caro que lo que hace el sector público. Y no recuerdo haber hablado del sector energético, y es más, por las desmonopolizaciones el Partido Nacional en la década del 90 presentó un proyecto, participó en la redacción de la ley de asociación de ANCAP, luego estuvo en contra del plebiscito, y en definitiva no fue nuestro sector político el que puso trabas a estas iniciativas. Nosotros lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado sí fuerte pero un Estado eficaz, no un Estado que participe en la actividad ni en la inversión, que es lo que tiene que hacer el sector privado, sí queremos un Estado que a través del gasto público y no de un aumento en términos reales,  redistribuya a través de políticas sociales pero con conceptos de eficiencia, de permanentes auditorias para que los verdaderos usuarios de las políticas sociales o de los recursos que el Estado destina a políticas sociales sean los que realmente lo necesitan,. Y en definitiva una reforma de la estructura organizativa del Estado debe darse sobre la  base de una visión de largo plazo de país, no puede pasar que administración tras administración se agreguen o se quiten ministerios sino que lo que se tiene que generar es una visión de largo plazo sobre la base de un consenso político general con fuerte participación del sector privado, no sólo del sector empresarial sino también del sector sindical a los efectos de darle legitimidad a esa reforma. Repito, no nos cerramos, a hacer pequeñas reformas dentro del Estado, nosotros no estamos proponiendo un cambio ni supresión, ni creación de nuevos ministerios, sí estamos dispuestos a abrir una instancia de diálogo con el sector privado, con el sector empresarial, con el sector sindical, y por supuesto con todo el sistema político a los efectos de rediseñar organizativamente el Estado y hacer un Estado más adecuado, con una visión de largo plazo de país, y una visión de país que se base en una producción  real y con un desarrollo fuerte del sector servicios sobre la base de una economía de mercado, de mercado abierto, con políticas públicas que estimulen el crecimiento sustentable de la economía.

Ec. José Luis Puig – Damos paso al quinto y sexto tema:

5 y 6. Importancia del sector Comercio y Servicios para el futuro gobierno, y esto lo atamos con el sexto tema: protección arancelaria o extra arancelaria, protección a la industria nacional, transferencia de ingresos del consumidor a la industria.

Ec. W. Cancela – Bueno, nuevamente quiero subrayar que tenemos que empezar a pensar en otros términos que los sectoriales tradicionales, tenemos que empezar a pensar en cadenas de valor, por lo menos, tenemos que empezar a pensar en entramados empresariales que vayan colocándonos en capacidad de competitividad sistémica. Sin perjuicio de eso y como tenemos las cifras que se construyen a través de esta visión sectorial tradicional, uno puede ver claramente que el sector comercio y servicios, entendido en sentido amplio, y excluyendo de allí lo que es los servicios del gobierno general que representan alrededor del 10 % del Producto aproximadamente, este sector representa un 56 % del Producto Bruto Interno, y también una cifra similar en materia de empleo. O sea que, como sector, como macro sector, Comercio y Servicios, nadie puede desconocer la importancia que tiene para la economía. Si uno lo mira del lado de las exportaciones del lado del aporte de divisas las exportaciones directas de servicios, representan alrededor de un tercio del las exportaciones totales. Pero aún así, las exportaciones que son de bienes, o sea, que se registran como exportaciones de bienes, cada vez más tienen un contenido mayor de servicios incorporados. Es decir, que los servicios, si uno analiza la matriz de transacciones, o sea, si uno ve cuáles son los insumos de los bienes importados, ocupan un lugar creciente en el componente de valor del bien importado. Pero sin considerar eso, vuelvo a repetir, un tercio de las exportaciones totales corresponden directamente a exportaciones de servicios, en particular turismo, que son servicios, digamos, los de mayor volumen, pero también de transporte, de servicios de logística, diversos servicios de seguros y servicios financieros que se exportan, o servicios empresariales como los de software que podemos encontrar en la balanza de pagos registrados como exportaciones de servicios. Si miramos en los servicios como parte integrante de esa cadena y de ese entramado, resulta, que son clave para la propia cadena de valor y determinan en forma fundamental la productividad total de factores de la economía. O sea que, desde un punto de vista cuantitativo, desde un punto de vista cualitativo, el sector aparece como algo a lo que hay que ponerle atención y tratar de que funcione bien; porque si funciona mal, funciona mal todo. Pero además y yendo un poquito mas allá de lo que es propiamente económico, el comercio y los servicios finales, ya no los intermedios, el comercio y los servicios finales, son clave en el acceso de la población a la cantidad y calidad de productos y en la integración territorial del país. O sea que cumplen una función económica y una función social clave en un proyecto de país que busque ser competitivo desde el punto de vista de la producción y que busque ser al mismo tiempo cohesionado desde el punto de vista territorial y social. Para un futuro gobierno entonces, el sector deberá ser tan importante como la contribución que realice a los factores de creación de empleo, empleo de calidad, la generación directa e indirecta de divisas, la descentralización territorial, el impacto ambiental que provoque, el dinamismo tecnológico y la capacidad de generar nuevos productos que son los criterios que en el programa del Encuentro Progresista – Frente Amplio apoyan, digamos, los programas de, o las políticas de promoción de la actividad productiva.

En relación con la protección arancelaria o extra arancelaria, la protección arancelaria como todos saben está determinada por la política arancelaria común del MERCOSUR, y en ese marco la política nacional, en relación con el arancel externo común, deberá procurar no quedar cautivo de intereses contrarios a los intereses nacionales, porque aquí también se producen intereses distintos entre los países que integran el MERCOSUR y esos intereses distintos se materializan en estructuras arancelarias que resultan de negociaciones que muchas veces no nos benefician de la manera que debería o pretenderíamos que nos beneficiaran, por ejemplo, un alto arancel para importación de bienes de equipo perjudica un país que necesita como Uruguay capitalizarse y beneficia un país que tiene industria y producción de equipos como Brasil por ejemplo, que termina o puede terminar por dejarnos dependientes de producciones menos eficientes de las que podemos acceder. La protección arancelaria en sí como instrumento promocional, si uno la mira como instrumento promocional no puede ser, como decía antes, al hablar de los incentivos promocionales, ni elevada ni permanente, y debe estar sujeta en todo caso al interés general. Es decir, no puede contribuir la protección arancelaria a crear cotos de caza internos, también debe usarse, la protección arancelaria para contrarrestar prácticas desleales, como el dumping y los subsidios o para hacer frente a shocks imprevistos, o sea, por la vía de la salvaguardia; pero ésta, la práctica, las prácticas desleales y digo, me parece importante recalcar lo de la pregunta anterior: la importancia del sector comercio y servicios. El sector comercio y servicios es un sector que contribuye a detectar estas prácticas desleales de comercio y favorece la posibilidad de aplicación de las medidas de compensación. La protección extra arancelaria, por su parte, puede consistir en un sin número de medidas que van desde sanitarias hasta administrativas; ahora, esta protección extra arancelaria debe tener básicamente los siguientes criterios: en primer lugar la defensa al consumidor, digamos, la protección extra arancelaria se monta por ejemplo por razones de salud, por razones de salud pública se introducen normas sanitarias que tienen que cumplir determinados productos y en Uruguay tenemos tratamiento diferencial para los productos nacionales y para los importados, por ejemplo, el cumplimiento de las normas bromatológicas no necesariamente se aplican a los productos importados del mismo modo que se aplican a los productos nacionales. El segundo criterio es la defensa de los productos nacionales por los impactos sanitarios y ambientales que tenga sobre los recursos, por ejemplo, problema de sanidad animal, problema de sanidad vegetal, ahí hay protección extra arancelaria y finalmente la defensa frente al fraude aduanero que puede tener una cantidad de manifestaciones que pueden ir desde la valoración aduanera hasta otros aspectos como la falsedad de contenidos, etc. Y ese tipo de protecciones deben ser mantenidas.

Cr. A. Davrieux – La posibilidad de estar después del economista Cancela me hace que no sea necesario que diga la importancia cuantitativa que, creo que estoy totalmente de acuerdo con él, la importancia cuantitativa y la incidencia del comercio y servicios en la producción nacional. Pero me parece importante indicar, que nuestro punto de vista es que en la medida que pensamos en un país abierto creciendo al exterior exportaciones e importaciones, naturalmente un enfoque de ese tipo es el que genera mucho más movimiento de comercio y de servicios; y más adicionalmente cuando estamos pensando, no desde ahora sino desde hace unos cuantos años, en el país como centro de servicios logísticos, con la posibilidad del desarrollo a través de los puertos, el crecimiento de puertos sobre el litoral, el Puerto de Nueva Palmira, puertos si es posible en aguas oceánicas, en La Paloma, la concesión de la terminal de contenedores y demás, con las Zonas Francas como fuente justamente de expansión del comercio hacia la región. O sea que la importancia del comercio en ese enfoque es muy grande; en cuanto al tema de la protección arancelaria o para arancelaria, nuestro enfoque siempre del MERCOSUR es que es muy importante pero tiene que ser un MERCOSUR como punto de partida y no como de llegada, es la apertura hacia el exterior. El país tiene demasiadas sustituciones con Argentina y algunas complementariedades con Brasil, pero con un Brasil que está diversificando su producción y no podemos quedar atados al MERCOSUR, o sea que somos partidarios de una tasa arancelaria baja para tener un MERCOSUR abierto, en el término que siempre defendió el Uruguay, un MERCOSUR abierto, abierto hacia el mundo y negociando con todas las regiones como se ha venido haciendo con México, China y distintos países del mundo.

Uno de los temas preocupantes, sin duda, además veo y creo que es realmente un tema a preocupar, son las protecciones arancelarias por fuera de las que están muy bien, la defensa bromatológica, todo lo que tiene que ver con la salud, la protección con la importación de males: aftosa y otros temas que a veces se contrabandean, no sólo entran directamente, y son los temas que tienen que estar atento cualquier gobierno porque los intereses corporativos siempre están atrás de conseguir un tipo de protección que hace que muchas importaciones de hecho queden casi prohibidas por la vía para arancelaria. Los aranceles promedio, en un MERCOSUR donde el arancel básico es cero, entre los países, y el MERCOSUR para el Uruguay es treinta veces el Uruguay, entonces, es totalmente abierto a arancel cero, no es importante. Hay que preocuparse mucho por el tema para arancelario en términos de las barreras establecidas por mecanismos que no son los arancelarios ni los necesarios por razones de ser. Nada más.

Ec. W. Ribeiro – Bueno, agregando, respetando y aceptando por supuesto la importancia del sector para la economía, pero además agrego un factor que es importante, es uno de los sectores que más fácil y más rápidamente redistribuye ingresos, una mejora en el sector comercial o en el sector servicios rápidamente se transforma en más mano de obra, una persona más contratada, dos, cinco, las que fueran, y eso rápidamente redistribuye el ingreso, o sea que es un sector, a pesar de ser un sector grande, además de ser un sector importante es un sector pilar para la redistribución del ingreso. Si nosotros definimos o imaginamos un área geográfica que va desde San Pablo hasta Santiago de Chile por el litoral brasileño y por las provincias del centro argentinas,  allí vive el 50 % de la población y se acumula el 70 % del PBI regional. Esto refuerza la necesidad de que Uruguay sea un polo logístico y un polo, un centro de salida de la producción de toda esta región hacia el exterior, en definitiva ahí es donde está la mayor oportunidad de negocios para el sector comercial y de servicios; la protección arancelaria o extra arancelaria, nosotros tenemos una definición importante, sí queremos proteger la industria nacional, pero protección sin reconversión y sin eficiencia es pobreza asegurada, o sea, en definitiva no podemos estar protegiendo lo que no es eficiente, es decir, tal vez temporalmente podamos usar medidas de políticas activas tendientes a proteger o a que las industrias se reconviertan o los propios productores se reconviertan pero no en forma estricta, sin condicionamientos, y para siempre. Y en definitiva esto nos lleva a hablar de lo que es la inserción internacional que nosotros queremos, hablamos de un MERCOSUR productivo, con complementariedades, no queremos un MERCOSUR que se transforme en un modelo de sustitución de importaciones ampliado, o sea que queremos un MERCOSUR con un arancel externo común para bienes de capital igual a cero y un arancel externo común lo más bajo posible a los efectos de que la economía gane en competitividad, queremos también un MERCOSUR que permita, el ALCA y la Unión Europea. Hoy Uruguay tiene una estructura comercial de comercio exterior mucho más favorable que evita la vulnerabilidad, la distribución en partes iguales en 4/4 de lo que es Argentina, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo; esto nos permite ponernos a cubierto de posibles contagios por crisis en nuestros vecinos comerciales. En definitiva, queremos un país con una economía de mercado que defienda la competitividad, que defienda los intereses de los consumidores, queremos transformarnos en el polo logístico del MERCOSUR, para eso es necesario hacer obras de infraestructura en los puertos, mejorar la hidrovía, permitir la navegabilidad del río Paraná, Paraguay para que la salida sea el río Uruguay, desarrollando puertos en Nueva Palmira, en Fray Bentos, por supuesto aumentar la profundidad del puerto de Montevideo. Y creo que por ahí básicamente están las oportunidades de negocios para el sector y en cuanto al mercado interno al sector comercio y servicios destinado al mercado interno, no se va a recuperar en tanto no se recuperen los ingresos y aumente la demanda de los uruguayos sobre estos sectores y ahí es fundamental reducir, como ya se está haciendo, y lo vemos con muy buenos ojos: profundizar aún más la reducción de los impuestos sobre el trabajo. Bueno, muchas gracias.

Ec. José Luis Puig –  Bueno, ahora vamos a darle la palabra al economista Cancela para que, como él fue el primero en todas las preguntas, para que haga un resumen de los comentarios que tiene acerca de lo que le han contestado a él, y, ya, después entramos en las preguntas.

Ec. W. Cancela – Un par de cosas: una sobre la cuestión del saneamiento y el agua potable, compartiendo lo que decía Ribeiro en cuanto a que es para el sector privado difícil de poder hacer eficientemente desde el punto de vista social, lo que hay que hacer en materia de saneamiento y agua potable, cuando el objetivo es la cobertura universal del servicio. El sector privado, para operar bien y debería hacerlo así, debe operar sobre la base del costo beneficio, digamos es la relación costo beneficio, y en este tipo de proyectos, aún en las evaluaciones que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, el Banco Mundial, el criterio que se utiliza no es el de costo beneficio sino el de costo eficacia, es decir, definido un objetivo, hay que definirlo con el menor costo posible, pero eso puede no ser un mecanismo que permita que el beneficiario termine pagando por el servicio que recibe, sino que, ese servicio, ese costo, debe distribuirse entre el conjunto de la sociedad porque constituye objetivo social el llegar con agua potable, o con saneamiento a cada uno de los rincones del país. O sea que, desde ese punto de vista, el funcionar con costo eficacia, no impide que el sector privado participe produciéndolo, lo que el Estado contrata, como ocurre en el departamento de Montevideo con el saneamiento, donde es el municipio el que presta directamente el servicio de saneamiento pero contrata con la empresa privada las obras para llevarlo a cabo. Con relación al tema de la refinanciación, las refinanciaciones por ley que hemos tenido en el Uruguay han sido todas impulsadas o por el Partido Colorado o por el Partido Nacional, es más, recuerdo en la época de los 60 cuando uno se iba al Banco República a acoger a la moratoria. La última fue la del año 85 con sus modificaciones posteriores, impulsada en el gobierno de Sanguinetti con el acuerdo de la concertación: había habido una catástrofe económica, política, social, en el país; probablemente se justifica, vuelvo a repetir, no es la posición, no se ha presentado ningún proyecto de refinanciación en esta legislatura por parte del Encuentro Progresista. Lo que ha habido es la presentación de un par de proyectos que se echaron para atrás, yo no los compartía pero eran un par de proyectos que, suspendían transitoriamente las ejecuciones para encontrar un solución al problema que todavía está sin resolver de la crisis financiera.

La aprobación en general del proyecto de fideicomiso tampoco quiere decir que se comparta necesariamente el proyecto de ley, es decir, la aprobación de un proyecto en general y tiene que saberlo todo aquel que ha transitado por la práctica legislativa, implica la voluntad del cuerpo de considerar el proyecto por considerarlo pertinente, lo cual no quiere decir que se esté de acuerdo con su contenido. Esa aprobación en general de un proyecto implica que es pertinente de ser tratado, y en ese tratamiento, hubo y se manifestaron posiciones diferentes y por lo tanto, no tiene nada de contradictorio la oposición a la refinanciación con el tema de haber votado en general un proyecto de ley de fideicomiso que, creo que el Partido Nacional lo votó del mismo modo digamos, o sea, el votarlo en general supone ponerlo a consideración del cuerpo y considerarlo en particular.

El problema del endeudamiento del país no se resuelve con refinanciaciones, el problema del endeudamiento del país no se resuelve con suspensión de ejecuciones, el problema endeudamiento del país se resuelve con capitalización y para capitalizar es necesario tener expectativas de crecimiento, tener expectativas de reglas claras. Es despejar las incertidumbres y no incorporar por el discurso de los contrarios incertidumbres sobre las futuras acciones de quien se está criticando. En este sentido creo que queremos ser conscientes todos los partidos que estamos en la competencia electoral, que no debemos atribuir tensiones estabilizadoras a los demás, si no queremos que eso retorne como un boomerang en el caso de que seamos gobierno. Es decir, la estabilización, la política económica del próximo gobierno, sea cual sea, comienza en este momento, es decir, ya comenzó, las señales que se den hoy por parte de unos y otros sobre los discursos propios y ajenos son los que generan inestabilidades o consolidan confianzas que es necesario para reemprender el camino del crecimiento sostenido. Gracias por al oportunidad de responder.

María Dolores Benavente – Hubo muchísimas preguntas pero sólo elegimos tres por razones de tiempo pero el resto se las hacemos llegar por correo electrónico a los tres expositores y cuando ellos nos contesten las vamos a colgar en nuestro sitio en internet, que es una manera de contestarle a todos. Hay una que va dirigida al Cr. Davrieux y que se repite “¿Es posible que este gobierno prorrogue el régimen de devolución de impuestos indirectos que es el 28 de febrero?.

Cr. A. Davrieux – Siendo una disposición por decreto, claro que es posible, el tema es que esa disposición se adoptó con la visión de dejar las manos libres al gobierno que asuma el 1º de marzo de 2005 que pueda tomar la decisión no vea comprometida su gestión por la decisión anterior. De hecho todo gobierno tiene que continuar viviendo con la economía que quedó, con los impuestos que quedaron y los gastos que quedaron, así que en la medida que se presenten argumentos que justifiquen una especie de transición económica, tal como que hay que tomar decisiones hoy que están condicionadas a si existe o no devolución de impuestos con posterioridad al 28 de febrero, son temas atendibles y que por supuesto, tendrán que ser presentados al gobierno que no va a estar el 1º de marzo. Se verá facilitadas las cosas si tiene el apoyo de los otros partidos en esa prórroga. Concretamente desde la posición del candidato del Partido Colorado y lo que dicen las bases programáticas del Partido Colorado son de extender eso, si son elegidos, pero en este momento no somos los primeros en las encuestas, justamente, entonces es importante que los otros partidos digan que están de acuerdo que para mantener una transición económica sin tropiezos, se justifica una extensión por lo menos por un período de tres, seis meses como se hace con otras decisiones. Pienso que eso es posible pero se ve facilitado si los otros candidatos dicen, que apoyan temporariamente, para facilitar el período de transición entre agosto de 2004 y marzo de 2005, en extender en un determinado período el régimen.

María Dolores Benavente – La segunda pregunta, que también se repite es:   “Con la elevada presión fiscal que hay sobre todo IVA y COFIS, se ha fomentado mucho la existencia del sector informal, en algunos casos hablan también del contrabando, ¿qué piensan hacer para combatir con eficacia el contrabando y el sector informal que ocasiona competencia desleal para las empresas y problemas para la recaudación fiscal.?

Ec. W. Cancela – Bueno, muy brevemente, por una parte, las propuestas que hemos hecho en materia fiscal apuntan justamente a tratar de evitar la informalidad, lo digo entre comillas, ahora inmediatamente lo explico, por la vía de la reducción del número de impuestos y la simplificación del sistema de modo tal de hacerlo más comprensible y más fácil de controlar. Decía que me iba a referir a la informalidad, porque, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas, informalidad e ilegalidad. Hay empresas informales que son muy legales y que pagan todos sus impuestos y que pagan todas sus contribuciones a la seguridad social, me refiero por ejemplo a empresas, pequeñas y micro empresas familiares donde las relaciones son muy informales, donde no hay una formalidad de contrato de sociedad y nada de eso, pero sin embargo, operan dentro de la legalidad, y hay empresas que son igual, pero no pagan los impuestos, no contribuyen a la seguridad social. Pero hay otras que son muy formales y también son ilegales. Es decir, cometen actos de ilegalidad en el sentido de que no pagan impuestos, que no pagan lo que deben pagar a la contribución de seguridad social. Este tipo de cosas hay que combatirlas, hay que dar la posibilidad a quien es informal pero quiere llegar a ser legal, de poder serlo, y hay que combatir a muerte a quien siendo formal, es ilegal para ganar un peso más. Es decir, son situaciones diferentes y los instrumentos son diferentes. Los instrumentos de formalización implican la necesidad de crear las condiciones para que puedan pagar y puedan generarse puestos de trabajo permanentes. Las condiciones que hacen que eso sea posible son, justamente, la no neutralidad del sistema tributario desde el punto de vista social, y eso implica tener medidas diferentes para quienes son diferentes. La formalización favorece a todos, la formalización favorece tanto al informal como al formal, digamos, en la medida en que al formal no lo deja en condiciones de competencia desleal y al informal le permite ingresar a mercados que no tiene acceso siendo informal. Ahora, las medidas apuntan, vuelvo a repetir, por la vía de la simplificación del sistema tributario, por la vía del ajuste de la administración tributaria y, el diseño del sistema de modo tal de contemplar situaciones diferentes con medidas diferentes.

Cr. A. Davrieux – La parte legalidad o informalidad, no importa, en este tema parecería que el tema lo que importa es si se paga o no lo que corresponda de impuestos, tiene que ver, por un lado, con la tasa impositiva y por otro lado con la posibilidad de que al no pagar no haya ninguna consecuencia negativa. La tasa global de impuestos está ligada básicamente al gasto, a lo que hay que pagar, entonces la primera pregunta, simplificado o complejo, los impuestos van a ser altos en la medida que el gasto es alto, y como el gasto es bastante rígido a al baja y tenemos obligaciones internacionales, muy difícilmente como conjunto baje rápidamente la tasa impositiva del Uruguay. Entonces, por el lado de la rebaja global de impuestos, no se puede esperar mucho, si hay ganancias grandes en no pagar impuestos, porque los impuestos son altos, porque hay que pagar un gasto alto, porque la seguridad social, la composición demográfica del país, por los gastos de educación, porque si además queremos pagar todas las inversiones las tiene que hacer el Estado y prohibimos quedarse al sector privado, vamos a tener más carga fiscal y posiblemente, más ventajas de la ilegalidad. Entonces, tenemos una carga alta y puede ser mayor si queremos hacer más cosas por el Estado, la única forma es que sea costoso ser informal o ilegal, buscar cruzamiento de datos, inspecciones, controles policíacos y sanciones a quienes están actuando en forma ilegal. No hay otra forma de hacerlo, se están haciendo intentos en la Impositiva y en la Aduana a efectuar cruce de datos, se esboza la posibilidad que también se encargue con el Banco de Previsión Social, pero estos mecanismos son más aptos para encontrar quien paga en un lado y evade en otro, pero el gran costo es el que evade todo, el que produce en forma absolutamente ilegal y no paga nada. Existen empresas grandes que han hecho eso en algunos giros, por ejemplo, hay varias empresas, de la Cámara de la Construcción, que me han venido a plantear que la mitad de esta actividad es ilegal, la actividad que mueve decenas de miles de toneladas, entonces no son pequeños informales familiares. Bueno, hay que tratar de localizar y sancionar estas formas y las diversas formas de esquivar la tributación: la misma empresa montada con los mismo bienes cambia de nombre continuamente y se recuerda el caso, creo que era una tintorería que funcionó 15 años sin pagar IVA, ó 10 años sin pagar IVA porque cuando le llegaba el vencimiento del IVA cambiaba de nombre y era otra empresa y la otra empresa había desaparecido, no pagaba y la nueva no generaba, etc, etc. La lucha contra la ilegalidad y la ganancia tremenda que es no pagar impuestos cuando la carga es del 30 % del producto, es una tarea persistente y no hay más remedio que hacerla por medios de represión de quien actúa fuera de la legalidad. 

Ec. W. Ribeiro – Un peso menos o un peso más que se evade en definitiva es un peso más que todos los que están acá, y toda la sociedad paga, en definitiva, entonces, yo estoy de acuerdo con Davrieux que hay que penalizar al que evade, pero ¿cuál es el premio para el buen pagador?, en definitiva, el que paga sus impuestos en tiempo y en forma no recibe nada a cambio, tal vez algún servicio público, pero bueno, en definitiva ¿cuál es el premio para el buen pagador?, esto requiere de generar una conducta del buen pagador, una conducta que premie a aquellos que cumplen con el Estado, y un estricto y severo control de la evasión. Nosotros hablamos en primer lugar y creo que esto es lo prioritario: separar del poder político y el sistema político de la administración tributaria, tiene que ser independiente, no tiene que estar presionado y no tiene que estar influenciado por el poder político. Creo que esa es la mejor forma o el primer cambio que se debiera hacer en la Dirección General Impositiva. En segundo lugar levantar el secreto tributario entre los organismos recaudadores del Estado, a los efectos de generar un sistema único de información. No puede ser que yo evada a la Impositiva pero le pague al BPS y pueda seguir funcionando tranquilamente, eso tiene que tener un sistema único y levantar el secreto tributario exclusivamente entre las oficinas recaudadoras del Estado y llevar adelante, como ya lo esbocé en respuesta a las preguntas, una reforma del sistema impositivo de la política impositiva y sobre esa base una reforma, una adecuación de la estructura de la administración de la DGI al nuevo sistema tributario que visualizamos. Hoy se está instrumentando una reforma de la DGI sobre la base del sistema actual, si el año que viene o dentro de unos años se cambia el sistema impositivo, va a haber que volver a invertir dinero, eso también es más gasto público, a los efectos de adecuarlo al nuevo sistema. Creo que lo que hay que tener es un sistema tributario con una visión de largo plazo premiando al buen pagador, castigando sí al mal pagador y con políticas activas de estímulo hacia el informal, que creo que hacía referencia Cancela es al pequeño, muy pequeño comerciante que tiene que optar dada la situación del mercado entre pagar los impuestos o vivir no tanto al de porte mediano que ya es un tema de conducta de evasión. Creo que él estaba refiriéndose a pequeños, muy pequeños comerciantes y eso hay que estimularlo a los efectos de que se desplacen a ese sector formal de la economía sobre la base de un sistema financiero de micro créditos, y asistencia particular, y asistencia técnica. Nosotros en ese sentido planteamos la regionalización del país y la creación de cinco agencias de desarrollo para desarrollar justamente políticas de formalización de la economía. Gracias. 

María Dolores Benavente – La última pregunta que también está dirigida a los tres, en la medida que los tres representan sectores que aprobaron o que dieron la media sanción al proyecto de ley que equipara los ahorristas del TCB; ¿cómo ven eso como señal del mercado en cuanto a la participación del Poder Legislativo en un acuerdo firmado entre privados y en cuanto a la repercusión sobre el sistema financiero y el resto de los ahorristas?

Ec. W. Cancela – Me parece una mala solución. Dentro de mi partido hubo sectores que estuvieron de acuerdo, otros que no, con relación a esta votación, tiene su complejidad pero el fondo aquí se trata de un contrato hecho entre privados que supone personas mayores con conocimiento y probablemente haya habido gente engañada, no lo dudo, probablemente haya habido gente engañada, pero si por los engañados que, lo lamento, cuentan con mi comprensión, premiamos a quienes a propósito y a sabiendas tomaron una actitud lícita de elegir una cosa en lugar de otra, bueno, no podemos tratar del mismo modo a quienes eligieron una cosa en lugar de otra, como si hubieran elegido todos lo mismo. Entonces yo creo que es una muy mala señal que esa ley pueda terminar aprobándose, no sé si eso va a ocurrir en la Cámara de Diputados, pero de todos modos creo que de una vez por todas tenemos que aprender a que si jugamos al juego del mercado, jugamos con las reglas del mercado, de otra manera no sabemos a qué estamos jugando.

Cr. A. Davrieux – Bueno, esto no se trata de programa de partidos, porque realmente en esta ley o en el senado votaron algunos integrantes del partido en un sentido y otros en otro. En todo caso será una posición personal. Entiendo en primer lugar que lo más probable que esa ley sea inconstitucional porque dice prácticamente lo mismo que la ley rechazada hace menos de un mes y la Constitución dice que no se puede presentar un proyecto de ley que fue rechazado, hasta que transcurra un período. O sea que esta ley no podría ser aprobada porque no tendría valor constitucional. En el resto acompaño lo que dijo el economista Cancela.

Ec. W. Ribeiro – Bueno, esta es una opinión personal, creo que el Estado tiene los suficientes recursos humanos como para estudiar caso a caso y más allá que en sus fueros íntimos cada uno sepa quién fue engañado y quién lo hizo a cambio de cierta rentabilidad, el Estado puede hacer un estudio caso a caso, pero soluciones generalistas no son convenientes. Y en definitiva reitero el concepto de Cancela, no es conveniente meterse en el contrato, afectar los contratos entre particulares, lo que yo no estoy de acuerdo con Cancela es en que, la ley de refinanciación la presentó al Frente Amplio y que la votación en mayoría la hizo el Partido Nacional a los efectos de que luego en la comisión pueda ser reformulada o revista, o estudiada o modificada, pero en definitiva la ley fue presentada por el Encuentro Progresista.

Ec. W. Cancela – Pero no es ninguna ley de refinanciación.

Ec. W. Ribeiro – No, la de fideicomiso.

Ec. José Luis Puig – Bueno, agradecemos a los expositores de hoy por esta reunión que fue muy  clarificante en cuanto a estos puntos y los invitamos al próximo desayuno de trabajo que a la brevedad organizaremos. Muchas gracias.