Tres de cada diez empresas tienen personal “en negro”, según el BPS

Una reciente resolución de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) del Banco de Previsión Social (BPS) puso en alerta a las jerarquías del organismo respecto a la cantidad de empleados “en negro” que trabajan en el circuito formal. La resolución de un caso iniciado en 2002 volvió a poner el tema en agenda del Directorio del BPS que maneja datos, según los cuales, tres de cada 10 empresas contrata personal y no paga sus aportes o lo hace trabajar al mismo tiempo de estar en el seguro de paro.
Seis años atrás, una metalúrgica que debió cambiar su denominación por interposición de un reclamo con tal fin, efectuado por otra firma del rubro, no incorporó a su planilla de personal los datos personales de un empleado porque éste se encontraba amparado al seguro de desempleo y no manifestó su voluntad de renunciar al mismo.

La situación, aparentemente normal y habitual en cientos de empresas, está consignada en una resolución de ATYR, a través de la cual el Directorio del BPS desestimó, el 19 de abril pasado, un recurso jerárquico presentado por un ex propietario de la firma aludida.

Pero la normalidad no es tal, ya que aquel empleado había denunciado a la empresa, precipitando de hecho una inspección del BPS, por tenerlo trabajando simultáneamente a su permanencia en el seguro de paro. Según el texto de la resolución, el BPS evaluó que, si bien el denunciante se encontraba en falta al no renunciar al cobro del seguro y al mismo tiempo trabajar, “es obligación de la empresa incluir en la planilla a toda persona que se encuentre prestando servicios desde el primer día de trabajo”.

Es que desde la firma en cuestión se había esgrimido, como pretexto para justificar el proceder ilegal, que el obrero involucrado en la maniobra no había rehusado la percepción del beneficio. El recurso interpuesto por el ex socio buscaba que se lo sustrajera de responsabilidades correspondientes a un reclamo de aportes impagos del año 2000.

El empresario alegó que se había desprendido de la firma en 1997 luego de acceder al certificado correspondiente del BPS “que habilitaba su enajenación libre de toda deuda”, tras lo cual los nuevos titulares asumieron, mediante un convenio, la responsabilidad por los adeudos. Pero el BPS rechazó su pretensión y el 28 de junio pasado falló a favor de lo resuelto por ATYR en abril.

Además, a solicitud del representante de los activos en el BPS, Ariel Ferrari, el Directorio solicitó días atrás a sus servicios jurídicos informes acerca de “la falta del trabajador” de marras, quien se benefició “de un cobro indebido”, dijo el jerarca.

La extensión de esa modalidad empresarial concebida para reducir costos, que supone infracciones legales y evasiones impositivas es grande. Al ser consultado por El Observador en torno al grado de generalización del artilugio, Ferrari se refirió a los resultados del último operativo de contralor realizado por el BPS en diciembre de 2002 y dijo que la tendencia en los últimos años se mantuvo pese a que los datos no se sistematizaron.

Para el citado operativo se seleccionaron empresas con más de 10 personas en actividad y más del 20% del personal en el seguro de paro. De 194 firmas inspeccionadas, 132, es decir 68% del total, se encontraban “en situación regular”, según los datos surgidos luego de relevarse el 73% de su personal declarado en la gestión de afiliados (GAFI); ese índice “representa 2.532 trabajadores entre los 4.754” asalariados analizados, explicó.

La actuación del BPS arrojó un panorama que demanda atención si se considera que en “las 62” empresas que se hallaban “en situación irregular”, o sea el 32% del total de la muestra, “se detectaron porcentajes similares” de empleados “en negro” y de “personal amparado en subsidio de desempleo (12%)” respecto al total relevado, señaló Ferrari.

Con ese resultado se verificó “la existencia de 215 personas en condiciones no regulares” de desempeño. Entre las conclusiones de aquel procedimiento, cuya realización “debiera realizarse en forma regular y periódica”, el BPS destacó “la necesidad de mejorar la información de inicio y el efecto que parece haber existido”, indicó Ferrari.

Apuntando a ajustar las tareas de contralor, el jerarca puntualizó que “se están cursando informes de todas las irregularidades detectadas”, en tanto que se procesa “la información de trabajadores en negro con vista a las correspondientes actuaciones en caso de que no se regularice la actuación”.

POR ERNESTO ALAZRAKI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR