Un planteo que renueva el aire regional

El mecanismo será aplicable en los supuestos en los que un Estado parte «introduzca cualquier exigencia adicional al comercio» regional, en cuyo caso deberá comunicarla a los socios 15 días antes a su entrada en vigor, debiendo incluir su texto, antecedentes y justificación; quedan exceptuadas aquellas medidas «cuya aplicación inmediata resulte imprescindible para evitar un daño importante e irreparable», que podrán ser comunicadas el mismo día de su entrada en vigor.

Lo que da al proyecto su valor agregado es que el «incumplimiento de la obligación de notificación» conlleva «la inaplicabilidad de la medida con respecto al Mercosur», y cualquier Estado parte afectado podrá peticionar al TPR que declare «dicha inaplicabilidad», siendo la resolución del Tribunal obligatoria para el Estado autor de la medida.

Demostrar el daño

Para ello, el Estado peticionante deberá demostrar ante el TPR que la medida constituye «una restricción no justificada [ ] y que su mantenimiento puede producir daños graves e irreparables». Según el proyecto, son elementos indicativos -y por ende, no excluyentes de otros- de tales daños, la existencia de una «corriente de comercio» bilateral y que la medida tenga incidencia sobre el «volumen de comercio», y como elemento concluyente, que la misma ocasione la disminución del comercio «en más de un 10%».

Antes de la decisión del TPR, el Estado acusado podrá ejercer su defensa; vencido el plazo para ello, el Tribunal deberá decidir dentro de los 15 días. De cumplirse los requisitos mencionados, el TPR «deberá ordenar la suspensión [ ] de la medida». El Estado autor de la misma podrá solicitar al Tribunal la revisión de la suspensión.

Si el Estado no ejecutara la suspensión ordenada por el TPR, el Estado beneficiado podrá aplicar medidas compensatorias (retorsión/retaliación). Lograda la suspensión, el Estado demandante deberá iniciar el mecanismo de solución de controversias, en un plazo de 30 días; de lo contrario, el Tribunal deberá «revocar inmediatamente la suspensión» de la medida.

Si el proyecto resulta aprobado, tendrá que ser incorporado a los derechos nacionales. La propuesta uruguaya necesita aún ser discutida y aprobada. Para ello, existen dos caminos: en el mejor de los casos, el GMC podrá decidir elevarla al Consejo del Mercado Común (compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía), quien podrá aprobarla en su próxima reunión (junio/julio) o en cualquier momento a través del régimen de urgencia (sanción sin necesidad de reunión); el segundo camino, más lento, sería que el GMC la envíe para su análisis a un órgano derivado (Subgrupo de Trabajo Nº 2). En cualquiera de los supuestos, si la norma se aprueba, aún sería necesaria su incorporación al derecho interno de todos los Estados, proceso sustancialmente lento si se tiene en cuenta el precedente de una decisión muy similar (Nº 23), de 2004, aún no en vigor por falta de incorporación por parte de Brasil.

La propuesta uruguaya, en principio y a la luz de su texto, no persigue crear un mecanismo a ser utilizado en relación con los cortes de ruta. Por ello, reducir -o rechazar- su importancia en razón del conflicto de las papeleras sería desacertado. El proyecto tiende a evitar que las corrientes comerciales sufran intempestivas restricciones en la frontera, para atacarlas en una etapa incluso anterior a la fecha de su aplicación. Refuerza la seguridad jurídica, pues evita que los Estados impongan, en forma inconsulta, barreras a la libre circulación de mercaderías, estando garantizada su observancia a través de un procedimiento expedito y sumamente breve por el TPR.

Por todo ello, el proyecto se erige en una salvaguarda adicional para los empresarios dedicados al comercio intrazona al garantizarles estabilidad en las relaciones comerciales, resguardado ello por la posibilidad de solicitar a su Estado la utilización del sistema, incluso el recurso al TPR.