Un primer año muy difícil para Evo Morales

A lo largo de su primer año de gobierno, y respaldado por casi el 54% de los votos que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2005, Morales lanzó trascendentes medidas que desataron fuertes polémicas en Bolivia y en la región, e incluso causaron inquietud entre inversores del otro lado del Atlántico.

La nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1° de mayo, fue la primera medida de alto impacto que lanzó el gobierno, y causó un gran revuelo que excedió las fronteras del país. La medida establece que las empresas, que antes se beneficiaban de contratos que, según Morales, le dejaban poca ganancia a Bolivia -segunda reserva de gas de América Latina-, entreguen el 82% de su producción al Estado. En rigor, no se trató de una expropiación masiva, sino que las empresas pasaron a ser proveedores de servicios del Estado boliviano.

La nacionalización del gas, aplaudida unánimemente tras la firma de nuevos contratos con 10 compañías multinacionales a fines de octubre, asegura a Bolivia millonarios ingresos. Los acuerdos permitirán al Estado un ingreso inmediato superior a los U$S 1.100 millones, que alcanzaría los 4.000 millones en cuatro años.

Para el analista político, Cayetano Llobet, fue también un triunfo publicitario para el gobierno, porque el antiguo reclamo de la nacionalización fue utilizado para una estrategia que, en definitiva, fue una renegociación de los contratos; el presidente logró así conformar a las multinacionales y a sus bases sociales al mismo tiempo.

Aunque el tema de los hidrocarburos ya no ocupe las primeras planas, deberá superar importantes desafíos este año para que la nacionalización sea considerada una medida realmente exitosa. La pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene el control de la comercialización, el desarrollo y la transformación de los recursos energéticos.

El gran talón de Aquiles de este gobierno es la Asamblea Constituyente, cuyo objetivo principal era «refundar» el país. Pero, tras cinco meses de trabajo, se encuentra absolutamente bloqueada por aspectos de funcionamiento interno y al día de hoy no comenzó a discutir siquiera el primer artículo.

La polémica se centra en el sistema de votación, entre los dos tercios de los constituyentes, tal como lo indica la legislación existente, y la mayoría absoluta, que le permitiría al oficialismo aprobar los proyectos de forma sistemática, ya que cuenta con 137 de 255 miembros de la Asamblea.

El bloqueo de la Asamblea Constituyente es más que una traba burocrática: es el factor que explica los crecientes enfrentamientos por las autonomías regionales y la incapacidad para dejar atrás cierta precariedad del Estado boliviano.

«En la Constituyente se juega el tema de las autonomías», sostuvo Germán Antelo, presidente del opositor Comité Cívico Pro-Santa Cruz. De ahí la importancia de definir el sistema de voto y el reclamo autonómico ante el bloqueo de la Asamblea.

La imposibilidad de imponer un sistema de votación favorable derrumbó así al principal instrumento político del gobierno, la Constituyente. Por eso, según Llobet, el presidente eligió ahora el método de la confrontación, que llegó a su punto culminante en los incidentes de Cochabamba de la semana pasada, que dejaron un saldo de dos muertos.

Este año será también «el año de la minería», según las palabras del propio presidente. En la misma línea que los hidrocarburos, Morales planea nacionalizar la minería y reactivar al viejo organismo del Estado, Comibol, que estará al mando de las minas bolivianas.

En su primer año de gestión, Morales también anunció el fin del latifundio y promulgó la nueva ley de tierras, que establece la dotación de terrenos improductivos a indígenas.