Una ley dará facilidades a los deudores con Primaria

Las autoridades del Consejo Directivo Central de la enseñanza pública (Codicen) enviarán en las próximas horas al Parlamento el anteproyecto de ley estableciendo un régimen de facilidades de pago para los deudores del Impuesto de Primaria.

La semana pasada, los presididos por Javier Bonilla concurrieron a la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para informar que están de acuerdo con fijar un régimen que permita saldar los adeudos.

Fuentes parlamentarias informaron que la idea es que los contribuyentes paguen solamente el capital que se debe, sin recargos legales pero ajustado por IPC, permitiendo de ese modo que se pongan al día todos los deudores. Asimismo, esta idea establece la prescripción automática para todas las deudas anteriores a 1998.

Agregaron que hay acuerdo con todos los sectores políticos en la comisión de Hacienda para aprobar el anteproyecto y enviarlo enseguida al plenario de la Cámara de Representantes.

La propuesta de impulsar un régimen de facilidades de pago para los deudores del impuesto fue presentada por el diputado del Herrerismo Jaime Trobo.

LEGALIDAD. Por otra parte la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la legalidad del Impuesto de Primaria al rechazar un recurso de inconstitucionalidad contra el tributo.

La sentencia, que es la primera de tres a estudio de la corporación, afirmó que el impuesto «fue creado por la autoridad competente en la esfera tributaria conforme a la normativa superior» y que no colide con ninguna norma constitucional.

Dos grupos de vecinos de Punta del Este y la Junta Departamental de Maldonado iniciaron recursos por separado alegando que el impuesto es violatorio del principio de igualdad que estipula el artículo 8 de Constitución por excluir a los propietarios de los inmuebles rurales.

Además alegaron que no es un adicional nacional de un impuesto departamental, lo que viola el artículo 297 de la Constitución.

La Suprema Corte consideró en su fallo que el impuesto de enseñanza primaria «posee naturaleza jurídica adicional nacional del de Contribución Inmobiliaria departamental al reunir los requisitos de accesoriedad reclamados por la Carta Magna».

En ese sentido dijeron que «las alícuotas del impuesto de enseñanza primaria no superan las alícuotas del tributo departamental». La Constitución establece que los impuestos adicionales sobre la propiedad inmueble no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental que recaiga sobre la misma propiedad.

Con respecto al otro agravio de que se excluyó a los propietarios rurales, los ministros Leslie Van Rompaey, Daniel Gutiérrez, Hipólito Rodríguez Caorsi, Roberto Parga y Pablo Troise señalaron que si bien es cierto que la disposición legal vigente establece una diferenciación no se advierte que la misma vulnere el principio de igualdad.

«Considerando que en las zonas rurales se encuentra la parte más importantes de los productos y materias primas de nuestra República, y dando por sentado que el Constituyente quiso que el legislador tratara favorablemente a las actividades productivas y defendiera los productos y materias primas de la República (…) debe concluirse que la diferenciación resulta razonable», afirmaron.