Unión Europea une sus leyes para echar a extranjeros ilegales

El texto de la nueva normativa es el fruto de un compromiso entre los estados miembro de la Unión Europea (UE) y los eurodiputados y tendrá que ser validado por los ministros del Interior de los 27 países miembro y votado en junio en el Parlamento Europeo, donde le espera la oposición de buena parte de la Cámara.

El proyecto de ley, fruto de más de dos años de discusiones entre los miembros de la «comunidad», obliga a las autoridades nacionales a elegir entre legalizar o expulsar a las personas que entren en el país de manera clandestina. Según el texto, el destierro de personas carentes de documentos, llamado púdicamente «distanciamiento», deberá hacerse de manera voluntaria. Pero si se resisten, los individuos podrán ser forzados a marcharse y automáticamente recibirán una interdicción de entrar en el territorio de la UE durante un máximo de cinco años. Las medidas conciernen tanto a adultos como a niños.

Asimismo, se acordó un período de salida voluntaria de los inmigrantes de siete a 30 días. En caso de expulsión forzosa, las autoridades podrán mantener detenidos a los inmigrantes clandestinos por un tiempo máximo de seis meses, pudiendo prolongarse en algún caso hasta los 18 meses, en caso de riesgo de fuga o por razón de retraso en la obtención de la documentación necesaria de los respectivos países.

El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según dijeron fuentes diplomáticas. Por eso, la versión final no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda «puede» darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales.

Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembro a que «dispongan los medios necesarios» para ayudar a los ilegales que carecen de ellos para obtener asistencia legal. La cuestión de la asistencia jurídica fue uno de los ejes de la oposición de Alemania, Austria y Grecia durante la discusión de la pasada semana, ya que esos países temían el alto costo para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado.

Este proyecto intenta una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y retorno de inmigrantes irregulares que han llegado a territorio de la UE, ya que actualmente hay muchas diferencias. Nueve países comunitarios (Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda) no tienen ningún período máximo de retención de inmigrantes ilegales, por lo que éstos pueden estar internados indefinidamente.

Otra cuestión que trata el proyecto de norma comunitaria es la de los menores no acompañados de familiares, en los que se debe tener en cuenta «el mejor interés» para ellos. El texto establece que para devolver un menor a su país debe hacerse a miembros de su familia, un tutor o institución adecuada.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados y Amnistía Internacional se oponen a esta legislación y han urgido al pleno de la Eurocámara a que lo rechace. Si se aprueba tal como está prevista, la directiva entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir, en junio de 2010, pero no se aplicaría a Reino Unido, Irlanda o Dinamarca.