Uruguay defiende a Botnia y ataca argumentos de Argentina

Los técnicos integrantes de la comitiva uruguaya comenzaron a exponer ayer ante la Corte Internacional de Justicia, donde, además de asegurar que Botnia utiliza la tecnología más moderna que se conoce, remarcaron que Argentina, en sus alegatos, no presentó elementos científicos que permitan establecer que la planta contamina al río Uruguay.
El lunes, en el primero de los cuatro días que tiene Uruguay para exponer, el embajador Carlos Gianelli, jefe de la comitiva, sugirió que determinados contaminantes que se encuentran en el río Uruguay son originados en la industria agrícola argentina y no en la planta de Fray Bentos. También acusó a Argentina por las pérdidas millonarias que el corte de los puentes ocasiona a Uruguay.

El litigio se inició en 2006 tras una denuncia en La Haya de Argentina al sostener que la instalación de Botnia violó el Estatuto del Río Uruguay, punto que también es controvertido por los delegados uruguayos

Uruguay afirmó en La Haya que la tecnología usada para la producción de celulosa de Botnia (conocida como ECF) es la más eficiente para el medioambiente y que cambiarla a un sistema totalmente libre de cloro (TCF) no ofrecería ventajas.

Así lo argumentó el abogado Neil McCubbin, que integra la delegación de Uruguay, durante la segunda jornada en la que el gobierno uruguayo se defendió de la demanda de Argentina por la construcción de la fábrica finlandesa en Fray Bentos.

McCubbin explicó que la tecnología usada en esa factoría –dióxido de cloro para el blanqueado de papel– requiere un menor número de árboles y de energía y agua que la TCF.

El letrado afirmó que Botnia “funciona con procesos modernos” acordes con los estándares europeos y basados en informes técnicos independientes.

“Argentina no ha presentado prueba alguna que rete esta conclusión”, mantuvo el miembro de la delegación uruguaya.

Expuso que con esa tecnología, la planta de Botnia vierte al río “un tercio del nivel” de lo que los expertos de Argentina han señalado, con un valor de un miligramo por litro, como está permitido.

Apuntó que “solamente dos plantas celulosas de las 130 que hay en EEUU” usan la tecnología TCF y que “ni la más moderna de Europa” la aplica.

Tratado. Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico (California) Stephen McCaffrey sostuvo que, al aprobar la construcción de Botnia, Uruguay siguió las directrices del Estatuto del Río Uruguay y respetó el concepto de “desarrollo sostenido” del que habla ese acuerdo.

“Desarrollo sostenido significa respetar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras”, dijo el también letrado, quien remarcó que Uruguay “tuvo justamente en mente estos dos conceptos” al permitir la planta.

Afirmó que Uruguay “siguió un proceso de evaluación riguroso y completamente consistente con el Estatuto de 1975 (Estatuto del río Uruguay)” al planear la construcción de la planta, para lo cual se aplicó un análisis “meticuloso” de los impactos medioambientales de ese proyecto sobre el río.

Antecedentes. Argentina elevó el conflicto sobre las pasteras a la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2006, con el argumento de que Uruguay violó el tratado del río Uruguay, cuando autorizó la construcción de dos plantas en su ribera del río limítrofe.

Desde entonces, el puente San Martín fue cortado por ambientalistas argentinos que incluso extendieron esa acción al puente General Artigas y al paso sobre la represa de Salto.

Para Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del tratado en casos de actividades con posibilidades de contaminar el medio protegido.

Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser de los dos países.

Argentina reclamó la semana pasada en la Corte el “cese de la actividad” de Botnia, en pleno funcionamiento desde 2007, así como la restitución de los daños causados por la pastera.

En principio estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una era Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Punta Pereira, sobre el Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.

Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la Corte medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas.

Argentina pidió que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el contencioso en La Haya llegase a su fin, mientras que Uruguay solicitó que el máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas obligara a Argentina a paralizar los cortes de puentes internacionales que unen ambos países. (Redacción y EFE).