Uruguay moderniza su sistema de pagos

Según la sabiduría popular, «nada se valora tanto como cuando se pierde». Dicha frase resume bien lo que los uruguayos sentimos sobre un sistema de pagos funcional luego de la crisis de 2002.
Cuando el sistema de pagos funciona bien, nadie se entera y todos felices. Está tan inmerso en la vida de las personas que nadie percibe su existencia hasta que «algo sale mal». El pago con un cheque o tarjeta de crédito, o la transferencia electrónica de fondos o valores al exterior, son el fiel reflejo.
Cualquiera de estas operaciones activan una diversidad de procesos e infraestructuras. Todas organizadas hacia un fin: cumplir una orden de transferencia. El contenido de esa orden (pago, custodia, compensación, etc.) y el fin (cancelación de una obligación, utilización de una línea de crédito, constitución de una garantía, etc.) transita por todo el sistema de acuerdo a reglas preestablecidas. Lo hace según una infraestructura predefinida, e involucrando a diferentes entidades hasta llegar al destinatario final. Y cierra así la transacción económica que motivó el proceso. Si multiplicamos esto por todas las operaciones que se realizan a diario en una economía, su importancia resulta evidente.
Dada su esencialidad, los operadores financieros constantemente monitorean los componentes del sistema. Analizan sus riesgos, buscan soluciones y proponen cambios normativos y operativos a fin de que el sistema funcione en forma segura y eficiente. A estos aspectos apunta el proyecto de ley elaborado por el BCU.
Es que si el sistema funciona mal, o se tiene la sensación de que es así, lo que termina afectándose es la marcha de la economía nacional.
La reacción frente a la crisis de 2002
El BCU propuso en 2006 su estrategia y cambios sobre el sistema de pagos uruguayo. En la crisis de 2002 se comprobaron las ineficiencias del sistema.
Se multiplicaron las dudas para aceptar operaciones provenientes de entidades con problemas. No se sabía con certeza tampoco en qué situación estaban los valores en custodia en instituciones suspendidas.
Todo ello puso de manifiesto que el sistema en su conjunto contenía defectos que era necesario corregir. Asimismo era necesario alinear las reglas e infraestructura del sistema a las utilizadas en otros sistemas más modernos. Siempre, por supuesto, sin abandonar la realidad uruguaya.
El proceso ya comenzó e insumirá varios años. Requerirá de la colaboración de todos los operadores. Y en lo que respecta al área legal, será necesario establecer reglas claras y adecuadas que permitan avanzar hacia un sistema seguro y eficiente. El proyecto de ley del BCU contiene normas en este sentido. Igualmente corresponde a los operadores financieros definir el grado de eficiencia que buscan obtener con los cambios a ser implementados.