UTE denunció en DGI a 300 empresas que roban energía

El presidente de UTE, Ricardo Scaglia, dio ayer un golpe de efecto en su campaña por mejorar las maltrechas cuentas de la empresa a consecuencia de los mayores gastos en generación eléctrica: entregó al director de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat, una lista de 300 empresas (sociedades y unipersonales) que roban energía eléctrica para que la DGI investigue si, además, están evadiendo impuestos. El director nacional de Rentas sostuvo que existe la presunción de que el que roba energía y cables del tendido eléctrico también puede estar evadiendo impuestos. “El Estado debe trabajar en forma coordinada por eso vamos a hacer que los departamentos de fiscalización de la DGI y UTE trabajen en forma conjunta”, indicó. “Cuando alguien no paga la energía que roba la pagan los otros, lo mismo que pasa cuando alguien no paga sus impuestos”, dijo Zaidensztat.
Scaglia, asimismo, se entrevistó ayer con la Suprema Corte de Justicia para pedir que se apuren varias causas penales iniciadas contra empresas a las que se comprobó el hurto de electricidad. También lanzó esta semana una flota de “patrulleros” encubiertos manejados por policías para evitar los robos de cables, que llegan en lo que va del año a 90 mil kilómetros y que suponen para la empresa un gasto mensual de reposición de US$ 100.000.

El presidente de UTE dijo que esta lista de 300 empresas es solo para “ir haciendo boca” ya que son cerca de mil las empresas que roban energía y tienen investigaciones y demandas judiciales a cuestas. La lista entregada ayer corresponde a las empresas que tienen mayores montos de consumo ilegal.

Scaglia se lamentó de que los procesos penales iniciados a partir de denuncias del ente tienen una duración de un año o más por lo que es necesario que el proceso se acelere para que sirva de ejemplo para los demás y para los funcionarios que deben enfrentarse a presiones de los usuarios. “UTE no acepta presiones, los que hurtan energía deben ser procesados y deben estar presos si tienen que estar”, afirmó.

Para Scaglia el hecho de aunar esfuerzos con la DGI tendrá como resultado el agravamiento del delito de quienes estén en falta con las dos instituciones, lo que implicará una presión mayor para que se haga Justicia.

Entre las firmas denunciadas ante la DGI hay supermercados, comercios, bares, fábricas, una conocida fábrica de helados y una promocionada avícola.

Scaglia señaló que anualmente se pierden US$ 40 millones por robo de energía, que llegan a US$ 50 millones si se le agregan los impuestos, lo que representa el 10% de la facturación de UTE. La mitad de este hurto corresponde a gente carenciada, sin recursos y sin trabajo, en tanto la otra mitad está formada por empresas que podrían pagar su consumo, explicó.

En el caso de los carenciados, Scaglia opinó que “se debe buscar la solución, porque UTE corta la electricidad y a los dos minutos están nuevamente enganchados, con riesgo para todos”. “Ese es un tema que el gobierno tiene que solucionar, esto no tiene porque soportarlo UTE, porque está castigando las tarifas, que no tienen relación con la emergencia social”, agregó.

Sobre los infractores empresariales Scaglia destacó que realizan una competencia desleal “terrible”. “Se han detectado hurtos importantísimos; uno era de $ 500 mil por mes y el responsable fue procesado con prisión”, indicó. Además, hay medianos consumidores, del orden de los US$ 5.000 o $ 150 mil mensuales, que hacen la diferencia frente al que paga, porque tal vez el que paga no tiene dinero para cumplir con los sueldos o tiene que cerrar mientras el que no paga está lucrando.