Vázquez aseguró que en su primer año el gobierno hizo ‘cambios’ y afianzó la economía.

Cuando hace un año la izquierda llegó al poder Uruguay enfrentaba una situación delicada por la combinación de un fuerte endeudamiento público, incremento significativo de la pobreza extrema y graves problemas de empleo. Mientras, en varias reparticiones de la administración pública había un estado de caos. En este primer año de gobierno ese panorama mejoró sustancialmente sin que el país «sufriera incertidumbres» por los «cambios» que impulsó la nueva administración y que sientan las bases para implementar una «estrategia de desarrollo productivo sostenible», según surge del mensaje del presidente Tabaré Vázquez y del Informe y Memoria anual que el Poder Ejecutivo remitió el jueves 23 a la Asamblea General.

En su mensaje el mandatario señaló que el primer año de gestión «ha demostrado que la razón de ser de este gobierno no es administrarla nostalgia ni perseguir quimeras, sino promover cambios en la perspectiva de un país que, sin desentenderse del pasado ni eludir el presente, construya su propio futuro».

«Prometimos cambios y estamos haciendo cambios. Cambios necesarios e impostergables en muchos casos, cambios posibles aunque no sencillos, cambios progresivos pero con rebultados tangibles, cambios convocando a la sociedad, dialogando con ella, involucrándola y rindiéndole cuentas», sostuvo Vázquez, que el 1 ° de marzo de 2005 se convirtió en el primer mandatario de izquierda del país.
Destacó que los «cambios» promovidos por su administración se realizaron «sin que el país dejara de funcionar o sufriera incertidumbres». Y agregó: «Los nefastos augurios, a los que son tan afectos los profetas de la resignación, fueron desmentidos por la realidad de una sociedad madura, de un sistema político responsable y de una institucionalidad democrática sólida».
El mensaje presidencial puso énfasis en el área económica y reseñó más de una treintena de datos para ilustrar la consolidación de la recuperación económica, tras la crisis que soportó el país en 2002. A nivel macroeconómico, mencionó como ejemplos el incremento del superávit fiscal (primario) a aproximadamente 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2005, el crecimiento de la actividad económica mayor a 6%, la disminución de la deuda pública a 87% del PBI y el aumento de los activos de reserva a más de U$S 3 mil millones, entre otros indicadores. También destacó la emisión de bonos que permitió anticipar en unos U$S 400 millones las necesidades de financiamiento para 2006.

Vázquez enumeró además acciones en otras áreas, como la puesta en marcha del Plan de Emergencia Social, el programa para incrementar la producción de azúcar en Bella Unión y la «defensa de las inversiones productivas (entre ellas las plantas de producción de pasta de celulosa de Botnia y ENCE ya acordadas y en proceso de instalación)».

El presidente afirmó que «otras iniciativas aún están en etapas preliminares. Es que no todo puede hacerse de inmediato» y los «cambios históricos son procesos que requieren tiempos históricos y gestión democrática», alegó.
Señaló además, que «el pasado nunca descansa y el futuro no se construye reprimiéndolo. La verdad y la memoria son maneras de asumirlo y proyectarlo», agregó Vázquez. Afirmó que por esa razón consideró que era «necesario y posible aclarar las zonas oscuras que aún 20 años después de recuperada la institucionalidad democrática subsistían en materia de derechos humanos», y agregó que hacerlo permite que la «sociedad recuperase la paz y la justicia».

La herencia
El informe del Ejecutivo señala que la «nueva administración heredó una situación económica muy compleja, caracterizada por tres rasgos fundamentales: un elevadísimo endeudamiento público (del orden de 100% del PBI), que exigía llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda; un incremento muy significativo de la población en condiciones de pobreza extrema, que exigía destinar recursos a la atención de la emergencia social; y una situación de empleo deteriorada por las secuelas de la crisis económica de 1999-2002, que exigía incrementar la inversión productiva, único camino genuino para
mejorar en forma permanente el nivel y las condiciones de empleo», indicó la Memoria en el capítulo referido al Ministerio de Economía y Finanzas. Explicó que, en ese marco, la «estrategia de la política económica de corto plazo se basó en la necesidad de generar confianza y estabilidad en la economía y la sociedad uruguayas», para lo cual se inició un «proceso de consolidación fiscal» y se atacó la «emergencia social».

«Caos imperante». El documento aludió también a los problemas de funcionamiento que había en la administración al instalarse el nuevo gobierno: poco personal y con un promedio de edad muy alto, baja capacitación de los empleados, equipamiento obsoleto, presupuestos insuficientes, gerentes que llegaron al cargo por «conocimiento personal», y falta de objetivos claros en las organizaciones, entre otros.
En la Contaduría General de la Nación había un «atraso tecnológico», en especial en la División Sistemas, debido a que por «una equivocada política de ahorros no se procedió a la renovación del hardware (…) de acuerdo al avance tecnológico en el mercado. Lo mismo ocurrió con el software de base», señaló el Ejecutivo. Eso «motivó una crisis importante en el funcionamiento de la red a mediados de año que se pudo superar momentáneamente con un refuerzo de rubros», explicó.

La Dirección Nacional de Aduanas «se encuentra en distintos aspectos de su funcionamiento en una situación crítica, lo que hace que actualmente se vea limitada para el cumplimiento de sus cometidos esenciales», añadió la Memoria.

Señaló que se detectó un organismo «sin apoyo del Estado para el cumplimiento de su misión», «falta de certeza en el camino a seguir por el continuo cambio de directores (seis en los últimos cinco años)» y un «desarrollo explosivo a nivel portuario» que «no tiene la contrapartida necesaria del gobierno central». Además, indicó que Aduanas carece de los recursos humanos necesarios y que su personal tiene un «elevado promedio de edad» (51 años).
Sobre la Dirección de Loterías y Quinielas, señaló que la organización «carece por completo de estructura técnica» y que su plantilla de personal tiene un promedio de edad «muy elevado y con niveles de capacitación escasos o muy bajos». La carencia de profesionales -salvo en el área jurídica- «resulta alarmante» y eso «ha abierto una brecha muy importante entre los objetivos de controles y fiscalización, y la capacidad real y no sólo formal de efectivamente realizarlos», indicó el documento.
También señaló que los equipos informáticos y el software usado por Loterías y Quinielas «es obsoleto».
En la Dirección Nacional de Catastro se mencionó la falta de ingenieros agrimensores en seis de sus Oficinas Delegadas como «una de las carencias más notorias», además de limitaciones tecnológicas para’ las tareas en materia de cartografía.

El informe afirmó que la Dirección General de Casinos tenía personal con un promedio de edad muy elevado, sobre todo en el sector especializado de juego, y que los niveles de capacitación eran «bajos». Además, según el Ejecutivo, la «polifuncionalidad consagrada en la última reestructura funcional excede lo imaginable, con lo cual, la carrera administrativa (…) es prácticamente inexistente. Se llegó a cargos gerenciales por conocimiento personal, en ningún caso existieron pruebas de suficiencia, mucho menos, procesos de oposición y/o mérito», añadió.
El documento afirmó que las nuevas autoridades de Casinos comenzaron a diseñar una nueva estructura de cargos y manuales de procedimientos, entre otras medidas.

En el Banco Central, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros «no ha contado con la dotación de personal necesaria a efectos de dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas por el marco legal vigente y los objetivos estratégicos que se plantea» esa institución monetaria, afirmó. Esa situación, agregó, «ha limitado el alcance de las tareas de supervisión y no ha permitido implementar un modelo de supervisión basado en los riesgos» en los que incurren las compañías aseguradoras.

Algunos de esos problemas se repetían en dependencias del Ministerio de Industria. Según la Memoria, la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear contaba con escasos recursos humanos para los temas de energía en general y en particular, para coordinar acciones con entidades de ese sector (ANCAP, UTE y Salto Grande).
La «posición institucional» de la Oficina Nacional de Servicio Civil que actúa en la órbita de la Presidencia de la República «se encontraba francamente deteriorada» al inicio de la administración de Vázquez, afirma el informe. Por ese-motivo, en esa dependencia «se trabajaba en función de una serie desarticulada de tareas meramente burocráticas, al punto que encontraba también desvirtuada la esencia de su carácter, como órgano asesor y de control».

«Es que la oficina no era ajena al caos imperante en la administración pública, donde aparecieron fórmulas de manejo institucional discrecionales y mecanismos de clientelismo político en materia de recursos humanos, facilitadas por la suspensión del ingreso de funcionarios públicos, lo que vulneró el sistema de ingreso formal y democrático a la función, aceleró la precarización del empleo y quebrantó la carrera administrativa», expresa el documento. Recuerda que esa situación fue expuesta en el primer Consejo de Ministros de la nueva administración y se derogó la norma que impedía el ingreso formal de funcionarios al Estado, entre otras medidas.

En el capítulo referido al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se resalta que durante el 2005 se establecieron «las bases de un modelo de gestión integrada, austera, eficiente y participativa», revirtiendo «las caracferísticas históricas» de esa cartera.
Al momento de asumir, las autoridades encontraron «un Ministerio fragmentado, con competencias residuales, escasa incidencia nacional, personal desmotivado, ausencia de controles y uso irresponsable de los recursos», según el documento.

Para atacar estos problemas, el MEC llevó adelante una reestructura interna, «invirtió en tecnologías modernas de gestión», «racionalizó los gastos y los reorientó al financiamiento de proyectos sustantivos», «se abrieron espacios de participación con los diferentes gremios», entre otras medidas, resumió.
«La situación del Ministerio de Relaciones Exteriores al comienzo de la gestión se caracterizaba por la falta de objetivos claros y predefinidos de acción», señaló el Ejecutivo. Agregó que se constataba «un debilitamiento general de la presencia del país en los foros internacionales» que «afectaba el posicionamiento del Uruguay en el esquema de negociación internacional».

En lo interno, no había certeza acerca del sistema de adjudicación de destinos de los diplomáticos ya que éstos estaban librados «a la discrecionalidad política». Con la nueva administración, eso fue sustituido por un «sistema transparente de asignaciones, a través de una ‘Junta de Destinos’ que evalúa el perfil del funcionario y el cargo a ser provisto», explicó la Memoria.
En el Instituto Nacional de la Juventud había una «absoluta carencia presupuesta!», además de «escaso desarrollo de iniciativas» y «una motivación funcional insuficiente», describió el documento.

Las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente señalaron en el informe que la deuda que arrastraba el organismo con proveedores (de $138.377.361 en abril de 2005) había hecho «vaciar de elementos materiales esenciales a los servicios estatales de intervención educativo social».
La carrera administrativa «se encuentra severamente distorsionada» en Salud Pública, como consecuencia de que las anteriores administraciones aplicaron criterios de ascenso de funcionarios «basados en el amiguismo y el clientelismo», afirmó el Ejecutivo.
Además, el Ejecutivo aseguró que se detectó una «gran cantidad de irregularidades» que fueron «heredadas de administraciones anteriores y fruto del clientelismo y acomodo político en que incurrieron».

Informó que se comprobaron «iniquidades» en los salarios en el Ministerio y «manejo discrecional de los recursos de las Comisiones de Apoyo, niveles, guardias, retén, etc., pagando más de un salario a funcionarios con cargos de especialidades o adjuntos y haciendo un uso indebido de dichos recursos pagando compensaciones a quienes no realizaban ningún trabajo de responsabilidad».
«Por otra parte, en esos años han reducido al máximo las funciones de rectoría del Ministerio, dejando prácticamente un sistema de salud sin regulaciones ni controles de parte de la autoridad sanitaria», afirmó el documento.

Entes. Las nuevas autoridades de Antel se encontraron con una empresa que no estaba preparada para enfrentar la fuerte competencia en la telefonía, señaló el informe.
Agregó que al inicio de la gestión de gobierno se constató una pérdida gradual de patrimonio por transferencias «excesivas» a Rentas Generales y la necesidad de aumentar la inversión.
Antel tiene una plantilla de funcionarios envejecida (49 años en promedio), con exceso de personal en algunas áreas y «escasez total» en otras, como el área comercial o ciertas tecnologías. El informe señaló que, simultáneamente, existían contrataciones por «vías oblicuas», como contratos a término excedidos de plazo y convenios individuales sin previa realización de concurso abierto.

Por otra parte, había una «indefinición en la relación» de Antel con el organismo regulador de los servicios de comunicación (Ursec).

Sobre ANCAP, el Ejecutivo sostuvo que la situación financiera y económica al inicio de la gestión «no era buena». Explicó que desde la crisis del 2002 no se compraba crudo al contado y que la rebaja de las tarifas de los combustibles aprobada por las anteriores autoridades en enero de 2005 fue calculada considerando un precio de referencia muy por debajo de los valores reales del mismo. Con respecto a UTE, la memoria afirmó que desde 1991 no se incorporaron centrales de generación térmica capaces de proporcionar energía ^en forma sostenida al sistema eléctrico y advirtió que existe una «gran incertidumbre acerca de que el déficit pueda cubrirse con importaciones». El Ejecutivo alertó que, con ese panorama, «existe un riesgo permanente de desabastecimiento» de energía.