Venezuela se torna el principal socio de Uruguay en crudo y gas

El Tratado de Seguridad Energética contiene proyectos que incluyen desde la asociación de Ancap y Pdvsa en actividades de extracción, refinación y venta de crudo hasta la instalación de una planta de regasificación en Uruguay, incluyéndose también la asistencia financiera y técnica de la petrolera venezolana en la remodelación de la refinería de La Teja.

Chávez fue aún más lejos y propuso ayudar a Uruguay para instalar una nueva refinería en el interior del país lo que le ahorraría al país U$S 100 millones al año, estimó.

Algunas actividades, como la explotación y refinado de petróleo en el Orinoco venezolano se resolvería mediante una sociedad en el exterior, pero el tema complejo es la asociación para la remodelación de la planta de Ancap en La Teja por la cual el gobierno se había comprometido a llamar a licitación (ver entrevista al ministro Jorge Lepra en esta página). El acuerdo firmado remite para estos temas a la legislación vigente en cada país.

El vicepresidente de Ancap, Raúl Sendic, explicó a El País que el financiamiento para la remodelación de la planta provendría de una sociedad entre Ancap y Pdvsa que aportaría el dinero y se resarciría mediante la venta de los combustibles refinados. Sendic dijo que estos mecanismos se definirán luego de los estudios de factibilidad que prevé el acuerdo, pero señaló que esta eventual sociedad no supone enajenar el patrimonio de Ancap, ni una cesión de propiedades, ni la pérdida por parte de la gestión y la operación de la planta.

Objeto y ley. El objeto del tratado, según el texto al que accedió El País, es «desarrollar entre las Partes un proceso amplio y sostenido de integración y cooperación en el sector energético que contribuya con la seguridad energética, complementando las fuentes de energías primarias disponibles; promoviendo el intercambio tecnológico para la búsqueda de nuevas fuentes y recursos energéticos; desarrollando la cadena de energía en procura de su industrialización y fomentando el uso racional de la energía, en búsqueda del máximo ahorro y la eficiencia energética».

El acuerdo establece también que «la cooperación prevista en este Tratado se ejecutará de conformidad con las respectivas legislaciones internas». Se agrega que «las partes se comprometen a implementar los mecanismos legales disponibles en sus respectivas legislaciones, para potenciar sus capacidades técnicas, financieras y sus recursos endógenos, de tal manera que permita desarrollar en cada país los proyectos requeridos para la utilización de sus recursos energéticos disponibles, así como también el desarrollo de la infraestructura, capacidad de generación, transporte y comercialización de estos recursos». Ambos países se comprometen también «a desarrollar sus esfuerzos para diseñar los mecanismos que resulten apropiados para disponer de una estructura binacional que abarque las áreas de petróleo, gas, refinación, petroquímica, desarrollo de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de distribución, electricidad, energía alternativa y transporte marítimo, de acuerdo al soberanía y el marco legal vigente en cada país».

Se agrega que «con el fin de minimizar los costos transaccionales las partes se comprometen a que las negociaciones sean entre Estados de tal manera de que priven los criterios de complementariedad y solidaridad en toda la cadena de valor»

Los ejes. Los llamados «ejes» del tratado son: petróleo, gas, energía eléctrica, energías alternativas y ahorro de energía. En petróleo Venezuela otorga a Uruguay «una participación en el `Bloque Suramericano` de la Faja Petrolífera del Orinoco (…) garantizándose así un suministro seguro y estable, con la racionalización de los propios recursos existentes y del patrón de consumo del país».

El crudo del Bloque «utilizará tanto para abastecer el sistema de refinación existente en la región, como la nueva capacidad que se instale en Suramérica, a través de la conformación de empresas mixtas entre empresas estatales de cada país, creando así los Polos de Refinación en la región».

El acuerdo agrega que «en el caso que se requiera se creará y ampliará la capacidad de refinación de la República Oriental del Uruguay de tal manera que disponga de una capacidad de procesamiento suficiente como para poder procesar el crudo del Bloque Suramericano de la Faja Petrolífera y manufacturar los productos requeridos para satisfacer las necesidades internas de las partes».

Se establece también que las nuevas capacidades de refinación «se realizarán de manera tal que permitan el desarrollo de la petroquímica basada en las corrientes de refinación, la constitución de patrones de valor que obedezcan a los intereses de las partes y de la región; y de ser el caso, la explotación de los productos excedentarios al mercado internacional».

En relación al gas se acordó «el desarrollo de iniciativas que permitan el suministro de gas a la República Oriental del Uruguay, de manera tal que puedan disponer de esta fuente de energía con el fin de desarrollar patrones de consumo más eficientes y limpios para balancear su matriz energética»

El financiamiento se realizará «a través de empresas mixtas estatales» que «financiarán proyectos para la exploración conjunta de este recurso y para el desarrollo de la infraestructura de transporte y procesamiento necesario para su aprovechamiento». Ambos países «podrán asociarse para la construcción de plantas de licuefacción y regasificación de gas natural» y se comprometen a hacer «sus mejores esfuerzos para que, con base en gas, desarrollen los Polos Petroquímicos en sus respectivos territorios con el fin de producir fertilizantes e insumos para la industria de transformación de la cadena de plástico y otros insumos industriales».

En las energías alternativas se desarrollarán «proyectos conjuntos, líneas de investigación y programas piloto», para este tipo de generación.

Otras disposiciones. Tras definir los acuerdos concretos (ver recuadro en esta página), se establece que el acuerdo puede ser modificado por convenio de las partes y establece que las «dudas y controversias» serán resueltas «por negociación directa entre las partes, por la vía diplomática».

El tratado tiene un plazo de 10 años, prorrogable por otros cinco salvo notificación diplomática previa de una de las partes con seis meses de antelación.

Se acordó también que la denuncia del tratado «no afectará los proyectos acordados que se encuentran e n ejecución, los cuales continuarán realizándose hasta su culminación, a menos que las partes acuerden lo contrario».