Visiones contrapuestas en el gabinete frente a normas vinculadas a la actividad laboral

El proyecto que regula y protege la actividad sindical ha generado resistencias a nivel empresarial y provocó un duro debate a nivel parlamentario, fundamentalmente en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, que lo tiene a estudio.

Ayer, durante el acuerdo ministerial, Bonomi planteó el tema y debatió con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, sobre el carácter del proyecto. El ministro de Trabajo entiende que se trata de una iniciativa de fuero sindical, mientras que Arismendi considera que apunta a la libertad sindical.

Cuando se planteó que sería en definitiva el Parlamento el que decidirá, tomó la palabra Astori y comunicó que la norma le había traído problemas.

Fuentes oficiales aseguraron que hubo «lobby muy fuerte» de parte de los empresarios, no sólo con las autoridades del Ministerio de Economía, sino también en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Durante su exposición, Astori puso el énfasis en la necesidad de dar señales de confianza a los inversores, y alertó sobre algunas iniciativas que podrían ir en sentido contrario. Entre ellas, identificó al Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, sobre el que emitió su opinión favorable e incluyó entre los «grandes temas» sobre los que se debe fijar una posición que contribuya a la proyección del país.

Fuentes indicaron a este medio que otros ministros, pertenecientes al Movimiento de Participación Popular (José Mujica y Eduardo Bonomi), le señalaron que también es necesario «ganarse la confianza de la sociedad para mantener los equilibrios».

Astori admitió las diferencias de posturas en la interna del gabinete y la fuerza política, pero marcó su postura, más en línea con los reclamos realizados por los empresarios, esencialmente en cuanto a la ley que regula la actividad sindical.

DISCREPANCIA EMPRESARIAL

Hay tres acciones concretas del gobierno que generaron preocupación y malestar en las cámaras empresariales, cuyos integrantes se encuentran negociando con los trabajadores y el Ejecutivo en los consejos de salarios.

En primer lugar, se trató del decreto emitido el 2 de mayo, que derogó la facultad que tenía la Policía para desalojar las fábricas ocupadas por los trabajadores. Las cámaras empresariales entendieron que este decreto «violenta la propiedad privada» y «atenta contra el clima de inversión». Luego, sobrevino la discusión sobre la ley de libertades sindicales, que está a estudio del Parlamento.

En rigor, no se trata de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, pero cuenta con el respaldo del ministerio de Trabajo. La disposición establece que el empleador deberá demostrar que el despido no fue motivo de una persecución sindical y crea un registro de empresas infractoras de las normas laborales retroactivo al primero de marzo.

El asesor de la Cámara de Comercio del Uruguay, Juan Mailhos, cuestionó severamente estas disposiciones en la comisión de Trabajo de la cámara de Diputados, indicando que instalan una «impunidad sindical» que amenaza en constituirse en una «fuente inagotable de conflictos».

Por último, los empresarios criticaron la disposición contenida en el proyecto de ley de descongestionamiento carcelario, por el cual se obliga a los empresarios que se presenten a licitaciones públicas a inscribir un mínimo de 5% del personal a personas liberadas que se encuentren en la bolsa de trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.