Votación dividida en AEBU y asamblea nacional decide

El consejo de banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) decidió ayer por mayoría realizar una asamblea nacional el próximo 26 de julio, para analizar la propuesta del gobierno para renovar el convenio de la banca oficial.

En la reunión, los representantes de una de las agrupaciones sindicales pidieron convocar a un paro de 24 horas para mañana y comenzar con la adopción de medidas distorsionantes, pero quedaron en minoría. Hoy se efectuará un plenario de delegados y antes de la asamblea una serie de encuentros regionales en lugares de trabajo.

En este marco, fuentes oficiales dijeron a El País que el Banco República (BROU) está dispuesto a absorber hasta 110 de los 500 trabajadores del Banco Hipotecario que fueron declarados excedentarios siempre que exista un concurso previo. La institución también está dispuesta a impulsar un plan de prejubilación para 400 funcionarios y flexibilizar la semana laboral.

El BROU pretende contar con funcionarios para tareas en los fines de semana sin que esto implique que se les deba pagar horas extras. Los grupos que trabajarían los fines de semana tendrían libres dos días entre lunes y viernes.

La moción que resultó triunfadora en la reunión del sindicato contó con el apoyo de los cuatro delegados de la lista 98, del representante de la lista 3, del de la 1955 y del de la agrupación 7255.

EN CONTRA. Los delegados de la lista 8103197987 votaron en contra, al igual que el representante de la 33.

Mario Castro, integrante del consejo por la lista 98, dijo a El País que su grupo entendió que «no se podían resolver medidas que implícita o explícitamente rechazan la fórmula a estudio, que no es desechable y que puede ser mejorada».

Agregó que «tenemos una propuesta que la debe considerar el conjunto de los trabajadores, sobre la que hay que trabajar para evaluarla más profundamente».

Castro sostuvo que la 98 «no tiene una evaluación final» sobre el planteo de los directorios de los bancos oficiales, los cuales dijeron que se trata de la última propuesta y que no puede sufrir modificaciones.

Durante el debate de ayer, el consejero Hugo Pío de la lista 33 propuso recurrir al Ministro de Economía y Finanzas, para que actúe como «tribunal de alzada» e introduzca mejoras a la propuesta oficial.

Pío dijo a El País que también sugirió que la asamblea se realice este viernes y que se extienda el convenio hasta el 30 de julio, para eventualmente negociar sobre nuevas bases en los últimos días de este mes.

La lista 33 entiende que es insuficiente la fórmula presentada por el gobierno y que «se debe realizar alguna gestión más». Pío opinó que «no sería bueno entrar en un conflicto largo que puede dejar compañeros en el camino, porque hoy los bolsillos de los bancarios públicos no lo resistirían».

Por su parte, la lista 8103197987 propuso adoptar de inmediato medidas «distorsionantes» en el entendido que una asamblea realizada un mes atrás ya autorizó al sindicato a tomarlas, dijo a El País su representante, Julio Brito.

Entre las medidas impulsadas por esta agrupación, que con tres miembros del consejo es la segunda en importancia, se contaban los paros «perlados», la detención de actividades en el «clearing» y en el transporte de valores y, fundamentalmente, la realización de un paro de 24 horas mañana, que fue desestimada.

Brito dijo que rechaza de plano la fórmula gubernamental y que más allá de que la misma se ponga por escrito, no es susceptible ya de ser mejorada.

TRES HORAS. La reunión del consejo ayer se demoró tres horas con respecto a lo previsto y estuvo precedida de deliberaciones de las distintas agrupaciones.

El gobierno propuso reducir 50% los costos operativos de los servicios médicos del Banco República (BROU) y del Banco Hipotecario (BHU), aplicar el mismo criterio de ajuste salarial que existe en la Administración Central y dar participación a los funcionarios en los ahorros que se generen como consecuencia de mejoras operativas.

El gobierno entiende que los bancarios deben tener dos ajustes anuales, salvo que entre cada variación la inflación pase de 10%. Si así fuese, llegarían a ser tres por año y su porcentaje sería determinado en cada oportunidad por el Poder Ejecutivo.

Los bancarios afirman que esa fórmula no equivale a una pauta salarial y pretenden ajustes cada cuatro meses equivalentes al 75% de la inflación pasada, y una suba igual a la variación de los precios si el Indice de Precios al Consumo supera el 10% en el lapso mencionado.