Ya rige clearing de los padres morosos

La ley que crea el registro de deudores alimentarios, es decir, la lista de padres divorciados que no cumplen con el pago de pensiones alimenticias, fue promulgada la semana pasada y comenzará a ser aplicada este año.
La norma establece la inscripción de estos deudores en la sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales, así como que el listado de morosos sea enviado a todas las instituciones fi-
nancieras de plaza para que no se les otorguen créditos o la apertura de cuentas bancarias.
Las personas que sean identificadas de esta manera tampoco podrán renovar sus tarjetas de crédito. A esto se suma que el Estado no podrá contratar los servicios que preste una firma cuyo titular se halle incluido en el listado.
La inhabilitación se mantendrá en tanto el sancionado no cancele sus deudas.
Si una institución, a pesar de haber sido informada de esta situación aprueba cualquiera de estas transacciones será multada hasta con 20 Unidades Reajustables por el Banco Central.
En este proceso de sanciones la falta de pago deberá ser denuncia-
da según lo establezca la reglamentación de la ley, que se estima será mediante la presentación del caso en un juzgado de familia.
Para ingresar a este sistema de clearing es necesario que la falta de pago de tres pensiones alimenticias consecutivas o cinco alternadas. El abono de este beneficio para los menores de edad cuyos padres se divorciaron suele ser de carácter mensual y generalmente el monto de la misma corresponde al 20% de los ingresos del padre, si se trata de un hijo único, y del 30% si son dos.
Un estudio realizado por la investigadora María Bucheli en 2003, detectó que el 60% de los hijos menores de padres separados no percibían ningún aporte monetario del padre con el que no convivían.
Este resultado, entre otros, fue uno de los factores que motivó que el proyecto de ley de creación del registro de deudores alimentarios se retomará en 2005, ya que se considera que el incumplimiento del
pago de estas pensiones constituye un delito de omisión de la patria potestad.
Cabe señalar que, por ejemplo, en Chile y España la sanción llega hasta un régimen de prisión nocturna o de fin de semana.