Zonas Francas piden a Mujica que suspenda decreto ‘ilegal’.

La Cámara de Zonas Francas del Uruguay (Czfuy) emitió como «último esfuerzo» una carta abierta al presidente José Mujica donde le solicita que suspenda el «inminente» decreto que el Poder Ejecutivo elaboró para incrementar los controles dentro de los parques. Dicho decreto estipula que las renovaciones de los contratos no serán automáticas y que cada empresa debe presentar un plan de negocios. El mismo surgió enseguida de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) acusó de triangulación y evasión tributaria a dos empresas argentinas que operan en Uruguay: la aceitera Bunge y la exportadora de granos Cargill.

La gremial considera que el decreto es «ilegal, inoportuno e inconveniente» y sostiene que su promulgación «afectará las bases legales del régimen de zonas francas, imposibilitará su desarrollo y con ello las oportunidades de inversión y empleo que éstas han probado generar en 23 años». Agrega que la normativa «afectará derechos adquiridos por los usuarios del sistema, que están protegidos por la propia ley» de zonas francas.

Así, la Czfuy solicita que sean convocados los operados y que se habilite un ámbito de diálogo «con el fin de acordar aquellas normas complementarias que sean necesarias y compatibles con el régimen legal vigente».

La cámara ahonda en que «el Ministerio de Economía y Finanzas propone, mediante un proyecto de decreto, eliminar la posibilidad de que operen en el mercado de las zonas francas las denominadas «sociedades de papel», es decir empresas domiciliadas dentro de las zonas francas, que no contratan espacio físico, personal ni servicios y aun así se benefician de los incentivos fiscales que la ley otorga», y alega que con este objetivo «el decreto intenta regular por vía administrativa lo que es reserva o materia de ley, pretendiendo fijar, en forma discrecional, plazos a los contratos de usuario y prohibiendo las renovaciones contractuales automáticas», algo que tipifican como «notoriamente contrario a la ley».

El documento público indica que «las zonas francas en Uruguay han realizado grandes aportes al desarrollo nacional; ello reflejado a través de la generación de empleo, exportación de servicios al exterior, desarrollo del sector logístico e industrial» y que su crecimiento no estuvo basado en las «sociedades de papel».

Al respecto, reitera que para eliminar la constitución de dichas sociedades «puede el gobierno contar con la colaboración de los propios explotadores de zonas francas y buscar un mecanismo que dé garantías a todos». Agrega que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene «disposiciones ilegales y desproporcionadas para el objetivo que se busca, que perjudica a quienes han desarrollado actividades muy productivas para el país».

Explica que «limitar los plazos a través de una norma reglamentaria afectará negativamente la radicación de nuevas inversiones, la renovación de las actuales y, sobre todo, las grandes inversiones que requieren largos plazos de amortización y certeza jurídica».